El Gobierno nacional designó al teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, como nuevo ministro de Defensa. Será el primer militar en ocupar esa cartera desde 1983.

El presidente Javier Milei eligió al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, para reemplazar a Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. El cambio será formal a partir del 10 de diciembre de 2025, cuando Petri asuma su banca como diputado nacional.

 ¿Quién es Carlos Presti?

Presti, de 59 años, se formó en el Colegio Militar y ascendió a teniente general. Desde enero de 2024 se desempeñaba como jefe del Ejército. Su trayectoria incluye mandos de regimientos, brigadas aerotransportadas y también funciones internacionales en misiones de paz.

Para asumir como ministro, pasará a “disponibilidad” de su cargo militar, lo que le permite conservar su jerarquía sin seguir al frente del Ejército activo.

¿Por qué este nombramiento causa revuelo?

• Rompe una tradición institucional de más de 40 años. Desde el retorno de la democracia en 1983, el Ministerio de Defensa estuvo siempre en manos de civiles. El nombre de Presti marca una ruptura histórica.

• El Gobierno habla de “reivindicación” de las Fuerzas Armadas. En el comunicado oficial, la Casa Rosada afirmó que con este nombramiento se “da por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados” y se espera inaugurar una nueva tradición.

• Críticas de sectores políticos y de organismos de derechos humanos. Representantes del peronismo, exministros de Defensa y agrupaciones de derechos humanos cuestionaron la medida como un “retroceso institucional” y alertaron por una posible “militarización de la política”.

Qué cambios se anticipan

Con Presti al frente, se espera una reestructuración de la cúpula militar. En ese contexto, podría haber modificaciones en las jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como una revisión de roles dentro del Ministerio.

Por su parte, desde el Gobierno aseguran que este paso refuerza la línea estratégica y de defensa nacional, y alinea la conducción del área con una mirada más profesional, directa y militarizada.

El Gobierno nacional anunció hoy la creación de una Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que reemplazará a la actual Dirección Nacional y quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión representa un cambio decisivo en el manejo del sistema migratorio, trasladando su control del ámbito civil al policial.

La medida forma parte del paquete de reformas del Ejecutivo de Javier Milei y busca fortalecer el combate a delitos transnacionales, narcotráfico y crimen organizado. Desde el Gobierno destacan que la nueva agencia se inspirará en modelos de patrulla fronteriza de países como Estados Unidos.

Cambios en el gabinete

Como parte de este reordenamiento institucional, se confirmó también la llegada de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich. El cambio ratifica la continuidad en la orientación de las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, se designó a un militar al frente del Ministerio de Defensa —una novedad histórica desde el retorno de la democracia.

 Qué implica este giro

• El control migratorio quedará bajo mando de fuerzas de seguridad, no de autoridades civiles.

• Se articularán operativos coordinados para frenar tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos transnacionales.

• La reforma consolida un espaldarazo institucional y simbólico a las Fuerzas Armadas y de seguridad. Para muchos, representa un cambio cultural profundo en el Estado.

El anuncio del presidente Javier Milei de avanzar con un proyecto que permita habilitar explotaciones mineras en áreas próximas a los glaciares de la Cordillera de los Andes encendió la alarma entre organizaciones ambientalistas, que advierten que la iniciativa compromete las principales reservas de agua dulce del país.

“Sin glaciares no hay agua y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país”, afirmó a la agencia EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Milei adelantó el jueves que enviará al Congreso una propuesta para que cada provincia determine qué zonas cercanas a glaciares podrían abrirse a la actividad minera. En un escenario de fuerte expansión del sector —especialmente en litio, cobre y oro— sostuvo que la minería ofrece “enormes oportunidades de negocios” y un potencial de creación de hasta un millón de empleos. También cuestionó a las organizaciones ambientales por oponerse al proyecto.

Si bien la Constitución reconoce a las provincias la propiedad de los recursos naturales, también establece obligaciones en materia de protección ambiental, lo que abre un nuevo capítulo en el debate.