Un fiscal les atribuyó amenazas y tiros hacia una víctima que no quiso trabajar para ellos ni tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Otro de los hechos ventilados en la audiencia fue una serie de disparos contra otra mujer que fue testigo de una tentativa de homicidio de la presunta asociación ilícita
Dos gatilleros fueron imputados este jueves por extorsiones y balaceras en la zona norte de Rosario. Los ataques y amenazas fueron dirigidos a una testigo de una tentativa de homicidio y a una joven que se negó a vender droga para ellos y a tener relaciones sexuales con uno de los integrantes de la banda a cambio de dinero. Detrás de esos hechos, el fiscal que llevó adelante la acusación detectó que la presunta asociación ilícita sería enemiga de la organización que lideró Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, asesinado en 2019.
Los acusados fueron Tomás Agustín G., alias “Tomy”, de 19 años; y Andrés Adrián R., alias “Pancita”, de 22. Quedaron ayer en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley por resolución de la jueza María Trinidad Chiabrera. La imputación fue hecha por Federico Rébola de la unidad de balaceras, encabezada por Valeria Haurigot e integrada también por Pablo Socca.
Tomás G. y Andrés R. fueron detenidos el lunes pasado en inmediaciones de Sabin al 100 bis después de que una mujer denunciara ante la comisaría 10ª que los autores de extorsiones y balaceras en las que resultó víctima estaban cerca de su casa.
El fiscal también pidió una orden de captura para Patricio Agustín López, otro integrante de la banda apodado «Patri Soria», que participó en los delitos según los indicios.
Graves extorsiones
De acuerdo a la evidencia que recolectó el fiscal, Tomás G. ofreció en reiteradas oportunidades dinero a una mujer para que venda droga para su organización. Ante su negativa, ofertó plata a cambio de sexo. Como la víctima también rechazó eso, Tomás G. la amenazó con matarla. «No andes más por la calle porque no vas a poder caminar más», le dijo.
Las palabras pasaron a los hechos. Tomás G. y Patricio Agustín López –prófugo– balearon a la víctima en la vía pública el 3 de abril pasado a las 22.30 en Maciel al 1200, según los indicios obtenidos en la investigación. Efectuaron al menos 9 disparos y uno de ellos hirió en la pierna a la mujer, que fue trasladada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.
El segundo hecho volcado en la audiencia imputativa por Rébola fue una serie de amenazas y balaceras contra una mujer que fue testigo de una tentativa de homicidio de un integrante de la organización.
Testimonios y resultados de medidas investigativas llevaron al fiscal a sospechar que Tomás G. y Andrés R. balearon desde una moto un domicilio de Chiclana al 1200 el 1° de junio pasado a las 19. Uno de los proyectiles ingresó e impactó en el televisor del living, provocando con las astillas del aparato lesiones en el rostro de la mamá de la amenazada.
El 2 de junio, al día siguiente, la casa de la madre de la amenazada volvió a ser baleada desde una moto. Ocurrió cuando la mamá barría la vereda. Allí, según los indicios, los tiros fueron efectuados por Patricio Agustín López. En el lugar se secuestraron siete vainas servidas calibre 9 milímetros.
Las balaceras, se presume, eran consecuencia de que la víctima había presenciado en la vía pública el momento en el que un miembro de la banda golpeó a otro integrante apodado «Wacho» con un culatazo en la cabeza y en ese marco se le disparó accidentalmente el arma. Buscaban de esa manera que ella cambiara la declaración que brindó en aquel momento ante la Policía.
Ese proyectil disparado, aparentemente de forma accidental, impactó en la cabeza del otro delincuente, que sobrevivió. Esa causa por tentativa de homicidio actualmente está en manos del fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo.
Después de los ataques a tiros contra la casa de su madre, hubo una extorsión escrita al domicilio donde vive la víctima, en Sabin al 100 bis. «Si no dejás la casa en 24 horas te mato como a esa rata de Wacho», indicaba la frase dejada en un papel en el domicilio en referencia a aquella tentativa de homicidio que ella presenció.
El domicilio de la víctima de las amenazas y balaceras además está cerca de un lugar que funcionaría como búnker regenteado y administrado por la organización de Tomás G. y Andrés R.
El fiscal Rébola consideró que Tomás G., Andrés R. y Patricio Agustín López integran una asociación ilícita junto con Miguel O., alias «Wacho», quien resultó baleado en el cráneo en el episodio que presenció una de las dos mujeres extorsionadas. Hay otro miembro apodado «Cabe» que por el momento no fue identificado.
Rivales de «Ema Pimpi» Sandoval
En el transcurso de la investigación, Rébola encontró que el DNI de Tomás G. fue secuestrado a Brian P, alias «Guacho Brian», aprehendido el 31 de marzo pasado tras una balacera en Cavia al 1300, contra la casa de la familia de Emanuel «Ema Pimpi» Sandoval. De allí parten las sospechas que la asociación ilícita que investiga es enemiga de la otra banda.
En esa balacera resultó herida la mamá de Ema Pimpi, María Elena P., en su pie derecho. También su nieto Mateo, de 5 años, recibió un disparo en el muslo de su pierna izquierda.
Ema Pimpi fue asesinado de múltiples disparos el 25 de octubre de 2019 en el marco de un triple crimen perpetrado en una casona de Pago Largo al 600 de la zona norte de Rosario.
La casona de Pago Largo al 600 donde fue el triple crimen (Foto: Alan Monzón/Rosario3)
Al momento del crimen, Sandoval cumplía un arresto domiciliario en el marco de una causa donde él y su hermano Lucas habían intentado matar a 3 jóvenes, a los que hirieron a la salida de uno de sus búnkeres de droga en Cavia y Gallardo el 27 de junio de 2017. Por esa causa, Lucas recibió después la pena de 11 años de cárcel.
Ema Pimpi a su vez tenía una condena de diciembre de 2015 unificada a 3 años y 6 meses de prisión por la balacera contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti ocurrida el 12 de octubre de 2013 y por una causa por tenencia de armas.
Lo dispuso la Cámara Federal porteña tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.
La Cámara Federal porteña dispuso reabrir una investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner y ordenó un peritaje contable en una denuncia por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.
Así se dio a conocer tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.
Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera “global” con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.
“Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, sostuvo Llorens, quien remarcó: “La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.
“Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, concluyó el juez.
Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.
En el Senado evaluaban la posibilidad de tratarlo este jueves. Plantea, en esencia, una emergencia por dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición.
Legislatura de Santa Fe.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles a la Legislatura el proyecto de reforma previsional. La propuesta incluye tres puntos principales: una emergencia de dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición. En el Senado evaluaban la posibilidad de tratar el proyecto este jueves.
Una de las principales medidas del proyecto es que los jubilados que reciban más de dos jubilaciones mínimas deberán realizar un aporte solidario progresivo del 2% sobre sus ingresos. Además, los funcionarios activos de los tres poderes deberán aumentar su aporte hasta un 21%.
Precedentes. Tras la labor de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma previsional –que concluyó el 31 de julio–, el gobierno provincial redactó el proyecto de reforma. Durante el análisis, se escucharon las opiniones de diversos sectores relacionados con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, incluyendo gremios e instituciones colegiadas.
Actualmente, la Caja enfrenta un déficit mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, que debe ser cubierto por Rentas Generales de la provincia. Este déficit se cubre con fondos provenientes de los contribuyentes privados, lo que representa una carga constante para el presupuesto provincial.
Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.
A principios de agosto, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la ANSES proporcionaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.
El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.
Demoras. El envío del proyecto a la Legislatura se retrasó debido a discrepancias sobre algunos aspectos del texto, principalmente en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres en el sistema previsional de Santa Fe.
Inicialmente, se esperaba que el proyecto fuera enviado la semana pasada, pero las diferencias entre funcionarios del Gobierno y legisladores del socialismo causaron demoras. El objetivo del gobierno es que el proyecto sea consensuado entre los partidos del oficialismo antes de su presentación en las cámaras legislativas.
Estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó nuevos allanamientos en el marco de la nueva Ley de Microtráfico y de la investigación por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario.
Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los bunkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de estado antijurídico será el martes 23.
“Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la Legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz.
El pasado martes, en el Centro de Justicia Penal se realizó una audiencia imputativa por la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en el que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero.
En audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone les atribuyeron a Alejandro Isaías N. de 28 años, Brenda Natalí P., Gustavo Alejandro M. de 29 años, Macarena Solange M. de 28 años y Axel Uriel R. diversos delitos; solicitando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados.
