Grave falla institucional: Suspenderán a una fiscal por demorar la imputación de un agresor que luego cometió un femicidio

Una omisión de funciones con consecuencias fatales

El desempeño del Poder Judicial en las causas de violencia de género vuelve a quedar bajo la lupa en la provincia de Santa Fe. Un tribunal de disciplina resolvió avanzar con la suspensión efectiva en sus funciones para una fiscal adjunta, tras confirmarse severas irregularidades y demoras injustificadas en la tramitación de una causa por amenazas y agresiones físicas. La gravedad del caso radica en que, debido a la tardía imputación del denunciado por parte de la funcionaria, el agresor permaneció en libertad y, pocas semanas después, terminó cometiendo el femicidio de la víctima.

La investigación interna demostró que la víctima había acudido reiteradamente a las dependencias oficiales para solicitar medidas de protección y denunciar el hostigamiento sistemático que sufría. A pesar de contar con informes de riesgo y evidencias materiales suficientes para ordenar la detención o al menos formalizar los cargos contra el violento, la carpeta judicial permaneció paralizada en el despacho de la fiscal, privando a la mujer de las garantías básicas de seguridad estatal.

Sanción disciplinaria y el avance de la causa de fondo

La resolución de la suspensión marca un fuerte precedente en el control del desempeño de los operadores judiciales de la provincia. Las auditorías del Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinaron que la conducta de la funcionaria encuadró en un incumplimiento grave de los deberes de funcionario público con perspectiva de género, una directriz que por ley es de aplicación obligatoria y urgente para todos los fiscales que reciben este tipo de presentaciones territoriales.

El estado de la causa: Mientras la sanción a la fiscal sigue su curso administrativo, el femicida ya enfrenta el proceso penal correspondiente bajo la órbita de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. El tribunal a cargo del debate ya dictó condenas efectivas de prisión para el autor material, al tiempo que se revisan los protocolos de enlace entre las comisarías y los fiscales de turno para evitar que la burocracia vuelva a dejar desamparada a una víctima.

La medida disciplinaria generó una fuerte repercusión en los colectivos de derechos humanos y organizaciones feministas de la región, quienes vienen señalando de forma sistemática la falta de celeridad de las fiscalías en la gestión de las medidas de distancia y los botones de pánico, advirtiendo que la ventana de tiempo que se pierde por la inacción del Estado suele ser la diferencia entre la vida y la muerte.