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Policiales

Qué hay detrás de los emprendimientos privados en la isla frente a Baigorria

Organizaciones ambientales agrupadas en la Comisión Intersectorial Isla de los Mástiles, denuncian el uso privado y la construcción de emprendimientos inmobiliarios en la Isla los Mástiles administrada por los municipios de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.

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Qué hay detrás de los emprendimientos privados en la isla frente a Baigorria

Agrupaciones ambientalistas de la región denuncian que “actualmente están ocurriendo diversos hechos que atentan contra las funciones ecosistémicas, la conservación, el aprovechamiento sostenible y el acceso público tanto de las hectáreas que administra el municipio de Capitán Bermúdez como el municipio de Granadero Baigorria”.

En la carta explican que todas las hectáreas de la Isla de los Mástiles pertenecen a la Provincia de Santa Fe, sin embargo hasta el día de la fecha no han podido acceder a información veraz y confiable sobre el acuerdo entre la provincia y el municipio de Capitán Bermúdez en lo que respecta a la cesión y usos de las hectáreas que supuestamente debe administrar el mismo.

“Por otro lado, si conocemos que en el año 1997, aproximadamente la mitad sur de la isla fue cedida en comodato al municipio de Granadero Baigorria, quien, según los problemas antes citados, no cumple con varias de las cláusulas estipuladas en el acuerdo. Por lo tanto, es evidente la necesidad de abordar de manera urgente las inconsistencias en las ocupaciones de terrenos de la Isla de los Mástiles”, afirman desde la Comisión Intersectorial compuesta por Ambientalistas Baigorria, el Taller Ecologista, El Paraná No se Toca, la Multisectorial Humedales y el Frente Nuevo Bermúdez

LAS DENUNCIAS

El planteo tiene 4 puntos centrales que constan de la denuncia pública sobre la venta de terrenos que se están realizando en todo el frente costero lindante con el río Paraná de las hectáreas correspondientes a Capitán Bermúdez.

Y advierten a los posibles compradores “que los lotes ofrecidos, y toda la isla, son tierras fiscales, lo cual hace muy dudosa la legalidad del ofrecimiento”.

“Es alarmante esta situación porque se está provocando una estafa partir de la venta de estos terrenos que se están desarrollando a partir de desiertas propagandas en las redes sociales, donde nosotros nos comunicamos y aquel que está a cargo de las ventas a no solamente han comunicado que ha vendido 7 lotes a un precio de casi un millón de pesos, sino que también tiene la idea de armar una especie de barrio o un desarrollo inmobiliario en toda la región”, explica Lucio Adino del Frente Nuevo Bermúdez en comunicación .

Desde las organizaciones ambientales también exigen “identificar al
responsable de la ocupación de los terrenos lindantes al parador Puerto Pirata, el cual ha construido una cabaña de lujo para uso privado, y hasta el momento se desconoce la existencia de habilitación alguna para la ejecución de la obra”.

En el documento también quedó de manifestamos un completo desconcierto “frente a la situación de los terrenos comprendidos desde el llamado canal del kayakista hacia el sur, donde en marzo de este año advertimos la presencia de carteles que indicaban propiedad privada y prohibido acampar y luego durante la visita de relevamiento del día 28/04/2021 con el grupo de investigadores del Observatorio Ambiental de la UNR, un supuesto cuidador nos advirtió que los terrenos le pertenecen a un privado.”

Finalmente solicitan información “sobre quiénes son los responsables y si cuentan con las habilitaciones correspondientes para la ejecución de las 3 casas de uso privado emplazadas en los terrenos sobre el canal “Paso Destilería” y “sobre los permisos de actividad en la zona”.

“El caso de la Isla de los Mástiles constituye un caso testigo, dónde podemos resumir y encontrar todo esto que estamos pasando en los humedales. Allí encontramos problemas generados por los incendios, por la falta de ordenamiento territorial, por las ocupaciones ilegales, por la caza indiscriminada, por el sobrepastoreo, y últimamente, por las limitaciones al acceso público a este territorio.

Es un caso testigo muy interesante para los santafesinos porque nosotros que somos tan críticos en la gestión entrerriana respecto de sus humedales
estas islas le pertenece la provincia de Santa Fe”, afirma Jorge Bartoli de la agrupación El Paraná No se Toca.

Con respecto a el rol de las autoridades en el tema Adino plantea que “evidentemente hay un poder político que por lo menos o es socio o es cómplice o no ves lo que está pasando por eso tratamos de un poco de impulsar una investigación y un trabajo muestre lo que está pasando en la isla, que fue interfiere por supuesto con el funcionamiento natural de la zona en pos del negocio de unos pocos”, y Bartoli asegura que si bien “hay iniciativas oficiales motorizadas por
el Ministerio de Ambiente de la Provincia y acompañados por Parques Nacionales sobre esos territorios insulares con la idea de avanzar con distintos esquemas de protección, varias de ellas incluyen a La isla de los Mástiles, pero la realidad contrasta con los anuncios”.

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Argentina

Reabrirán una investigación a Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales

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Lo dispuso la Cámara Federal porteña tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La Cámara Federal porteña dispuso reabrir una investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner y ordenó un peritaje contable en una denuncia por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

Así se dio a conocer tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.

Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera “global” con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.

“Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, sostuvo Llorens, quien remarcó: “La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

“Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, concluyó el juez.

Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.

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Santa Fe: ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de reforma jubilatoria

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En el Senado evaluaban la posibilidad de tratarlo este jueves. Plantea, en esencia, una emergencia por dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles a la Legislatura el proyecto de reforma previsional. La propuesta incluye tres puntos principales: una emergencia de dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición. En el Senado evaluaban la posibilidad de tratar el proyecto este jueves.

Una de las principales medidas del proyecto es que los jubilados que reciban más de dos jubilaciones mínimas deberán realizar un aporte solidario progresivo del 2% sobre sus ingresos. Además, los funcionarios activos de los tres poderes deberán aumentar su aporte hasta un 21%.

Precedentes. Tras la labor de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma previsional –que concluyó el 31 de julio–, el gobierno provincial redactó el proyecto de reforma. Durante el análisis, se escucharon las opiniones de diversos sectores relacionados con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, incluyendo gremios e instituciones colegiadas.

Actualmente, la Caja enfrenta un déficit mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, que debe ser cubierto por Rentas Generales de la provincia. Este déficit se cubre con fondos provenientes de los contribuyentes privados, lo que representa una carga constante para el presupuesto provincial.

Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.

A principios de agosto, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la ANSES proporcionaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.

Demoras. El envío del proyecto a la Legislatura se retrasó debido a discrepancias sobre algunos aspectos del texto, principalmente en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres en el sistema previsional de Santa Fe.

Inicialmente, se esperaba que el proyecto fuera enviado la semana pasada, pero las diferencias entre funcionarios del Gobierno y legisladores del socialismo causaron demoras. El objetivo del gobierno es que el proyecto sea consensuado entre los partidos del oficialismo antes de su presentación en las cámaras legislativas.

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Múltiples allanamientos por los crímenes de los trabajadores ocurridos en el mes de marzo

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Estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó nuevos allanamientos en el marco de la nueva Ley de Microtráfico y de la investigación por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario.

Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los bunkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de estado antijurídico será el martes 23.

“Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la Legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz.

El pasado martes, en el Centro de Justicia Penal se realizó una audiencia imputativa por la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en el que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero.

En audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone les atribuyeron a Alejandro Isaías N. de 28 años, Brenda Natalí P., Gustavo Alejandro M. de 29 años, Macarena Solange M. de 28 años y Axel Uriel R. diversos delitos; solicitando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados.

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