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Argentina

Coronavirus: cuáles son las claves del decreto que endurece la cuarentena a partir del miércoles

Más controles, actividades esenciales y nada de deportes.

Ailén Lazarte

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El endurecimiento de la cuarentena a partir del miércoles 1 de julio se oficializó este lunes, con la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Regirá para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia de Chaco, el departamento de General Roca, en Río Negro, y el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén.

 

Continúan en aislamiento

Las actividades esenciales seguirán exceptuadas y los trabajadores afectados a ellas serán los únicos que podrán utilizar el transporte público.

Son: personal de salud, seguridad y Fuerzas Armadas; trabajadores del sector público; personal de comedores y merenderos; servicios de comunicación; supermercados y comercios de proximidad de alimentos, higiene y limpiezas, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de e garrafas; industria de alimentación; telecomunicaciones; recolección de residuos; mantenimiento de servicios básicos; restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario; reparto a domicilio de productos de primera necesidad; entre otros.

También podrán movilizarse en transporte público quienes tengan a su cargo una personas mayor o un niño o adolescente, y situaciones de fuerza mayor.

Mientras tanto, hay una categoría de actividades que podrán seguir funcionando durante esta cuarentena más estricta, pero que deberán proveer el transporte a los trabajadores, sin utilizar colectivos y trenes.

Son:

  • Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles.
  • Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación.
  • Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.
  • Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio.
  • Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.
  • Producción para la exportación y sus insumos, con autorización especial del Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.
  • Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias.
  • Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Los nuevos rubros que podrán ser habilitados dependen del tamaño de la localidad: en las de menos de 500 mil habitantes la decisión dependerá del gobernador, con la aprobación de las autoridades sanitarias provinciales.

Para las jurisdicciones de más de 500 mil habitantes será más estricto: las autoridades provinciales o de la Ciudad deberán elevar un pedido a la Jefatura de Gabinete de la Nación, y allí se definirá si se habilitan nuevos rubros o no.

Mientras, hay cinco actividades que continúan estrictamente prohibidas en estas zonas de aislamiento social: el turismo y la apertura de parques y plazas; las clases presenciales; la apertura de centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier ámbito de reunión de personas; y el transporte público interurbano, interjurisdiccional e internacional.

En la Ciudad de Buenos Aires sí se mantendrán las salidas de menores os fines de semana.

Zonas en distanciamiento

Son 19 provincias completas y tres con excepciones (ciudad de Neuquén, General Roca en Río Negro y los partidos del AMBA en la Provincia de Buenos Aires).

Para acceder al status de distanciamiento, las jurisdicciones deben cumplir con tres condiciones: buena capacidad del sistema de salud, no tener transmisión comunitaria de coronavirus y el tiempo de duplicación de los casos de Covid-19 no debe ser inferior a los 15 días.

  • Será decisión de los gobernadores someter a cuarentena de 14 días a quienes ingresen desde otras provincias.
  • Las actividades habilitadas deberán contar con protocolo y los locales respetarán una capacidad del 50%.
  • Se podrán realizar actividades deportivas con distanciamiento (una persona cada 2,25 metros), con el límite de hasta diez personas.
  • Sin embargo, continúan sin habilitarse: eventos con más de diez personas; cines, teatros, clubes y centros comerciales; transporte público interurbano, interjurisdiccional e internacional y turismo.

Controles

Se endurecerán los controles desde este lunes. El Ministerio de Seguridad “dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos”, dice el decreto.

Quienes sean encontrados en infracción podrán enfrentar entre seis meses y dos años de prisión por violar las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, o, en el caso de resistencia o desobediencia a un funcionario público, de 15 días a un año de prisión.

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Argentina

Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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Argentina

El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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Argentina

Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

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Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

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