Luego del freno que sufrió el plan del gobierno nacional de controlar a la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández advirtió que si el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, -que había ordenado reponer el directorio de la compañía agroexportadora- no da el visto bueno a la nueva propuesta que hizo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de aceptar a sus interventores, avanzará con la expropiación.

“Si el juez dice que no a la propuesta de Perotti, sólo queda expropiar”, dijo el mandatario en diálogo con el periodista Roberto Navarro, en el Destape Radio. Aseguró que sigue “buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera” y “resuelva los problemas para tener una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla”. En ese sentido, ratificó que, pese a la marcha atrás con la idea inicial, “el objetivo del gobierno sigue siendo controlar” la compañía.

Remarcó que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse “por vía de concurso o por la vía de la expropiación” y destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de Santa Fe que va por la primera opción. “Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos dé la derecha”, agregó el Jefe de Estado, pero nuevamente advirtió: “Si no me dejan esta opción [la del concurso], no tengo otro camino más que la expropiación”.

De igual forma aprovechó para dedicarle unas duras palabras al fallo del juez Lorenzini, que dispuso restituir la administración Vicentin a sus directivos por un plazo de 60 días, y además les otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. “Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud”, cuestionó.

“El juez es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes”, aseveró. “Yo me doy cuenta que la palabra expropiación no gusta, pero está en la Constitución desde siempre”. Estamos rescatando una empresa en quiebra. No fuimos a expropiar Cargill, que funciona y nadie tiene cuestionamientos jurídicos o de otro tipo”, explicó. Además, indicó que “no le preocupa el banderazo” de hoy a la tarde. “Creo que es gente que está confundida”, añadió.

El Presidente se refirió también a acusación de estafa que pesa sobre la cúpula de la empresa y dijo que fueron ellos los que pidieron que el Estado interviniera al ver que la situación en la compañía era insostenible. “No siento que sea ético que ante semejantes sospechas yo vaya a negociar con esos accionistas. Entendí que la única alternativa viable era la expropiación. Es un camino, no un objetivo. Y eso generó mucho revuelo. La palabra expropiación por ciertos sectores es vista como violenta; hace pensar en la idea de que el Estado se quiere apropiar de bienes que son de ellos”, agregó.

“Vicentín tiene problemas penales y judiciales, que van desde estafas a bancos oficiales a denuncias de lavado y operaciones en negro con la soja,. No voy a emitir juicio de los problema judiciales de Vicentin porque creo que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. continuó el mandatario. “Yo no siento que sea ético que ante semejante sospechas yo como Presidente vaya a negociar con esos accionistas” y “le dijeron que existía una posibilidad de solucionar el tema sin la expropiación”, señaló. “No veía esa solución pero si alguien la tenía que la trajera”, dijo.

En ese sentido reivindicó la figura de la expropiación y aclaró que “no están atacando la propiedad privada”. “Estamos rescatando a una empresa en quiebra, cuyos dueños le pidieron al Estado que se haga cargo. Si no yo parezco un loco que se levanta y pide expropiar”, dijo.

Entre varias cosas, Fernández aseguró que con la nueva propuesta que elevaron al magistrado santafesino no se trató de una “marcha atrás” si no de buscar alternativas para encontrar una solución a la grave situación de una empresa que el Estado considera estratégica. “De ninguna manera hubo marcha atrás con Vicentin. Los accionistas de la empresa (con el empresario Sergio Nardelli a la cabeza) hablaron conmigo reclamando que el Estado se hiciera cargo porque no estaban en condiciones objetivas de sostenerla. Nosotros analizamos el caso y vimos a una empresa en crisis, rodeada de un sinfín de problemas, presuntas estafas a bancos nacionales por créditos que recibieron y hasta denuncias de lavado y maniobras en negro”, dijo.

El gobernador de Santa Fe visitó ayer Olivos para anunciar el respaldo del presidente al proyecto que venía trabajando y que, en principio, consiste en el pedido de intervención judicial con compromiso de descartar la expropiación. Según explicó el propio mandatario provincial, la propuesta consiste en designar tres personas como interventoras de la agroexportadora Vicentin en el marco del proceso concursal, de modo de permitir el “rescate” de la empresa.

Según la propuesta, Gabriel Delgado, designado por Fernández, sería el titular de ese triunvirato. “Hubo algunas propuestas acercadas por la empresa frente al pedido del Presidente de la Nación que si había propuestas superadoras a la instancia de expropiación las iba a escuchar”, señaló el gobernador. “Empezamos a trabajar con él y sus equipos en una instancia diferente que nos llevó a presentar hoy ante el juzgado de Reconquista el pedido de parte de la inspección de personas jurídicas de Santa Fe de la intervención judicial de la empresa dentro del concurso a través de tres personas que estamos proponiendo para llevar a la conducción de la empresa para su rescate”.

La propuesta se presenta a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia y se enmarca en la ley de Concursos y Quiebras, con lo que salva las críticas que se le habían hecho al decreto de intervención con el objetivo posterior de proceder a la expropiación de la empresa.

Fernández anunció hoy que el lunes se reunirá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para “tomar una decisión” en relación al aislamiento social y obligatorio por coronavirus, ante el incremento de los casos en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA). “Quedamos en vernos el lunes los 3 para tomar una decisión. Estamos en una situación muy complicada”, dijo el mandatario.