El gobierno santafesino implementará un nuevo sistema de control para fortalecer la protección de mujeres en situación de violencia de género. Se trata de las tobilleras duales, un dispositivo que envía alertas simultáneas a la Policía y a la víctima cuando el agresor viola la restricción perimetral dictada por la Justicia.

La iniciativa —que implica una inversión provincial superior al millón de dólares— contempla la compra de tobilleras y equipos de monitoreo, además de su integración al sistema de vigilancia permanente del 911.

¿Cómo funciona?

Las tobilleras duales utilizan tecnología satelital (GPS) para verificar en tiempo real el cumplimiento de las medidas de restricción. A diferencia de otros dispositivos, este sistema coloca la responsabilidad directamente en el agresor: registra su ubicación y, si se acerca a una zona prohibida, activa de inmediato una alerta que es monitoreada por la Policía. Al mismo tiempo, la víctima recibe en su dispositivo una notificación que le permite tomar medidas preventivas para resguardar su seguridad.

El agresor portará una tobillera electrónica y un rastreador, mientras que la persona protegida contará con un dispositivo similar a un teléfono móvil, capaz de avisarle si el denunciado se aproxima, tanto en su casa como en cualquier otro lugar donde se encuentre.

El grave choque entre dos lanchas ocurrido a mediados de octubre —episodio que dejó a un niño de 10 años internado— reabrió el debate sobre la falta de controles y regulaciones para quienes navegan en la costa rosarina del Paraná. A partir de ese hecho, distintos sectores vinculados a la actividad náutica comenzaron a plantear la necesidad de implementar controles de alcoholemia y un esquema de seguridad más estricto para evitar nuevos siniestros.

Con ese objetivo, este martes a las 11 representantes de Protección Civil, Control Urbano, los ministerios provinciales de Ambiente y de Seguridad, la Cámara Náutica y la Asociación de Clubes de la Costa, entre otras instituciones, participarán de una reunión en el Concejo Municipal.

La convocatoria fue impulsada por la concejala radical Anahí Schibelbein, quien señaló que el incidente del 10 de octubre volvió urgente la toma de medidas. La edil sostuvo que la intención es acordar con las entidades involucradas un protocolo de actuación en el río que incluya controles de alcoholemia y mecanismos de intervención rápidos, más aún teniendo en cuenta que la temporada náutica ya está en marcha.

El propósito central —además de los controles de alcohol— es avanzar en un protocolo integral que refuerce la seguridad en el río, aunque su aplicación deberá contemplar la jurisdicción de la Prefectura Naval, responsable del control de la navegación.

Durante el encuentro también se tratarán cuestiones ambientales, como la prevención de quemas en las islas, y medidas de seguridad complementarias. Schibelbein remarcó que se trata de una coordinación entre el Estado y los actores privados que “no puede seguir postergándose”.

En contacto con LT3 Valentina González,  mamá de Lolo de 18 meses, quien falleció a la espera de un corazón, dijo que es necesario y urgente un trabajo de concientización.