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Política

Impuesto a las “grandes fortunas”: un informe que le llevaron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner sugiere a cuántas personas podría alcanzar

Lo elaboró una de las principales economistas K. Asegura que se podrían recaudar hasta 3.800 millones de dólares.

eltribuno

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Son casi 40 páginas, con cientos de datos económicos y un título llano: «Coronavirus, ¿quién paga la crisis?». Lo elaboró una de las principales economistas K y resulta una suerte de argumentación y sugerencia de por dónde podría venir el impuesto a las «grandes fortunas» que impulsó el sector más duro del Frente de Todos, con Cristina y Máximo Kirchner a la cabeza. Entre otras cosas, propone que el nuevo gravamen se concentre en los 15.000 argentinos más ricos, con bienes en el pais y en el exterior. Y asegura que, según se establezcan las alícuotas, permitiría recaudar hasta 3.800 millones de dólares.

El informe lo elaboró Fernanda Vallejos -con su equipo, Proyecto Económico-, titular de la comisión de Finanzas de la Cámara baja. La diputada participa activamente del debate interno de la iniciativa, que incluye desde su colega Carlos Heller -presidente del Banco Credicoop y titular de la comisión de Presupuesto-, hasta el también legislador nacional del Frente de Todos y ex piquetero Juan Carlos Alderete. Según supo Clarín, el documento ya le fue enviado al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, con quien Vallejos compartió lista en 2017 en la provincia de Buenos Aires.

El documento se conoce cuando aún está abierta -y caliente- la discusión dentro del oficialismo sobre cómo y a quiénes gravar con el nuevo impuesto. Este lunes trascendió un borrador de proyecto, que fijaba el piso en 10.000 millones de pesos -más de 100 millones de dólares-. Una alta fuente K desmintió a Clarín que se trate de la iniciativa «oficial», pero confirmó que la idea es que el universo sea de «grandes fortunas».

Este concepto choca con otras versiones que hablaban de establecer un piso de «sólo» 50 millones de pesos (poco menos de 600 mil dólares, cotización «turista»). Incomodidad económica y sobre todo política: esa línea dejaría adentro de los «ricos» a Máximo Kirchner, con un patrimonio declarado por 143 millones de pesos.

«Jamás formó parte de nuestro proyecto la idea de gravar a los que tienen más de 150.000 dólares, muy lejos de eso, quizá sea 20 ó 30 veces eso, pero lo digo a modo de ejemplo, no lo tomen al pie de la letra. Estamos trabajando», aseguró Heller días atrás. El diputado también señaló que recién a fines de esta semana se conocería el detalle de la iniciativa, que tiene una venia del presidente: «Es posible», respondió Fernández cuando lo consultaron sobre si se avanzará con el tema.

En el informe de Vallejos, cuando hablan de los 15.000 principales contribuyentes ponen como parámetro las declaraciones de Bienes Personales. Son las tres categorías más altas, que arrancan en 30 millones de pesos. ¿Esa es su propuesta de piso, de «sólo» 350.000 dólares, contrario a lo que dice Heller? «No, no, tomamos sólo eso como un parámetro de los contribuyentes más ricos y nos basamos en los datos públicos de AFIP. Pero la idea es apuntar a las grandes fortunas», aclaran en el equipo de la economista.

Las principales conclusiones del informe

Este es el resumen ejecutivo del documento al que accedió Clarín:

– «Argentina transita una crisis que preexiste a la pandemia del coronavirus: más de 16 millones de personas en la pobreza y casi 4 millones en la indigencia; alta inflación (53,8% anual en 2019); 8,9% de desocupación (3 puntos porcentuales más que en 2015); más de 20.000 empresas nacionales (netas) extintas entre 2015 y 2019″.

– «Circunstancias excepcionales, como las grandes guerras, han tenido históricamente correlato sobre la política económica y tributaria de los países. El caso de Estado Unidos, durante la Segunda Guerra, resulta emblemático: la tasa máxima del impuesto a la renta fue elevada al 94%».

– «La desigualdad ha estado en aumento en nuestro país en los últimos 4 años: la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, escaló de 16 a 21 veces entre 2015 y 2019. Además del reproche moral que supone la desigualdad, el aumento de la tasa de crecimiento de la desigualdad está asociada a la reducción de la tasa de crecimiento del PBI».

– «Junto con el complejo cuadro socioeconómico, Argentina acumula una deuda insostenible (el año pasado se destinó más del 15% del gasto total al pago de intereses netos, contra poco más del 3% a salud) a la que es urgente darle una solución que implique una quita sustantiva y la suspensión de los pagos durante el tiempo suficiente para recuperar la normalidad de la economía».

– «Los impuestos directos mejoran la distribución del ingreso y la riqueza, permitiendo al Estado asignar recursos ya sea para asegurar un ingreso mínimo a los sectores sin salario formal, los salarios de los trabajadores de empresas en dificultades o medidas de alivio para Pymes, comercios y unidades productivas».

– «Entre 2015 y 2019 los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, y los muy progresivos retrocedieron 1,4 puntos porcentuales. Este sesgo regresivo sugiere que los nuevos tributos deben estar vinculados a impuestos altamente progresivos (Ganancias, Bienes Personales)».

– «En Argentina, según datos de AFIP, del total de la riqueza declarada por residentes, el 40% se encuentra fuera del país. Además, el 70% de los activos externos contabilizados por el Indec no están declarados».

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– «Para fines de 2019 los argentinos tenían activos en el exterior por U$S 399.550 millones, un 47% más que al final de 2015. Estimamos que no menos de U$S 235.000 millones no están declarados. Por eso, el Estado se estaría perdiendo de recaudar cerca de U$S 1.200 millones de bienes personales«.

– «Un gravamen extraordinario de 1% sobre las grandes riquezas en el país y en el exterior, sólo considerando los 3 tramos superiores de ingresos –las declaraciones de apenas unas 15.000 personas– permitiría recaudar unos US$ 800 millones. Naturalmente, los montos podrían ir mejorando si se aplicaran alícuotas diferenciales en sentido progresivo, elevándolas para cada tramo de ingresos. Del mismo modo, si las alícuotas fueran el doble para el caso de la riqueza exteriorizada, un impuesto del 1% (2% para bienes en el exterior) aportaría unos U$S 1.435 millones».

– «El escenario más conservador del impuesto extraordinario (1% para todos los tramos, sin escala progresiva, sin diferencial para los bienes en el exterior) permitiría incrementar casi en un 50% la asistencia a las provincias prevista en $ 120.000 millones. Agregar 1 punto porcentual de alícuota para cada tramo de ingresos para los bienes en el país y duplicarlas en el caso de los bienes exteriorizados, permitiría recaudar algo más de US$ 3.800 millones«.

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– «El Estado podría constituir un Fondo Federal de Emergencia que duplique la asistencia prevista para las provincias, que podría permitir, incluso, reducir inequidades, distribuyendo los recursos de modo que las provincias más afectadas por la pobreza y que menos ingresos por habitante recaudan y menos coparticipación por habitante reciben, se beneficien de una mayor porción de los recursos».

– «El Estado nacional seguiría disponiendo de $135.000 millones para otras políticas. Estos recursos, sumados a los que podrían surgir, por ejemplo, de gravar los beneficios extraordinarios de las personas jurídicas, podrían complementarse con el financiamiento del Banco Central para que el Estado garantice a todas las personas que no tengan grandes patrimonios, altos ingresos, ni salarios registrados suficientes, un Ingreso Ciudadano Garantizado que cubra los gastos necesarios para satisfacer derechos fundamentales como la alimentación, el cuidado de la salud, la vivienda y los servicios básicos. Una medida de esas características mejoraría las condiciones macroeconómicas para la reconstrucción económica una vez superada la emergencia sanitaria».

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Política

Se fue Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Pese a la partida de una de sus impulsoras, el operativo conjunto entre Nación y provincia continuará sin modificaciones. ¿Cuál será el próximo paso?

Ailén Lazarte

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Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su salida, ya anticipada desde que anunció su candidatura a senadora, generó algunas dudas en Santa Fe sobre el futuro del Plan Bandera, el operativo conjunto que logró reducir de manera significativa los niveles de violencia y criminalidad en Rosario y que ella lideró junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, desde ambos gobiernos insisten en que nada cambiará.

Con Alejandra Monteoliva —hasta ayer secretaria de Seguridad— asumiendo el cargo, se confirmó la continuidad del operativo.
“El plan sigue. Es una estrategia de mediano y largo plazo”, aseguró el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Y agregó: “El Plan Bandera está reconocido a nivel internacional como un caso de éxito inédito. Se estudiaron más de cien programas de reducción de violencia y ninguno logró un impacto tan rápido y profundo”.

Angelini destaca especialmente la caída del 63% en los homicidios dolosos en Rosario durante 2024, tendencia que —según afirmó— se mantuvo durante 2025. “En 2026 vamos a profundizar aún más esa baja”, señaló.

En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también se mostraron conformes: destacaron el funcionamiento “totalmente aceitado” entre fuerzas federales y provinciales bajo el Comando Conjunto Unificado, considerado un punto clave para sostener la coordinación.
En ese marco, remarcan que no esperan grandes modificaciones: “La línea de Monteoliva es la misma línea que venía marcando Bullrich”.

La propia exministra respaldó a su sucesora señalando que “tiene la capacidad y la experiencia para garantizar la continuidad de la doctrina que ordenó al país”. De hecho, la estructura del Comando Unificado establece que su disolución depende exclusivamente de la ministra de Seguridad nacional, por lo que ahora Monteoliva tendrá la potestad de sostener o retirar fuerzas federales según lo considere necesario.

El gobernador Pullaro también valoró la designación. “Es alguien que conoce profundamente la seguridad pública. En nuestra última reunión ajustamos zonas específicas en base a datos actualizados. Estoy seguro de que seguiremos mejorando con el acompañamiento federal”, sostuvo.

Qué viene hacia 2026/2027

El gobierno provincial proyecta que la consolidación definitiva de los niveles de seguridad llegará cuando concluyan las obras de infraestructura penitenciaria en curso y se incorporen nuevas tecnologías, como sistemas de monitoreo con inteligencia artificial de última generación. La estimación oficial ubica ese horizonte entre fines de 2026 y principios de 2027.

Mientras tanto, el objetivo es avanzar en la normalización administrativa del sistema de seguridad: ordenar áreas, agencias, estructuras y procesos que quedaron en segundo plano durante la etapa más crítica de la emergencia.

Para Angelini, uno de los mayores logros de esta etapa es haber recuperado “una ciudad donde se puede invertir, organizar eventos masivos y recibir turismo de cercanía”, algo que —según remarcó— se evidenció en 2024 y se profundizó durante 2025.

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Política

Avanza la reforma penal: endurecen sanciones, suman figuras delictivas y eliminan la prescripción en casos graves

El Gobierno envió al Congreso un proyecto que moderniza el marco penal, endurece las penas para los delitos violentos, suma nuevas figuras y elimina los plazos de prescripción en hechos de extrema gravedad, que podrán investigarse y juzgarse sin límite de tiempo.

Ailén Lazarte

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El Gobierno avanza con una profunda reforma del Código Penal que endurece penas, redefine figuras delictivas y establece que varios de los crímenes más graves ya no puedan prescribir. Con el envío al Congreso de un paquete de modificaciones de amplio alcance, el oficialismo formalizó su propuesta de actualización integral del sistema penal.

El proyecto apunta a reemplazar una normativa que rige desde hace más de cien años y adecuarla a los desafíos actuales: el crecimiento del crimen organizado, nuevas modalidades delictivas y escenarios de violencia cada vez más complejos.

Según lo informado de manera oficial, la iniciativa contempla un endurecimiento generalizado de las sanciones para delitos considerados de alto impacto social, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas y delitos vinculados a explotación sexual infantil.

Uno de los puntos más relevantes es la decisión de eliminar la prescripción en casos como abuso sexual y homicidio agravado, lo que permitirá investigar y juzgar estos hechos sin límite temporal. La reforma también refuerza la premisa de que las condenas se cumplan de manera efectiva.

La propuesta incorpora además una redefinición de la prisión perpetua: dejaría de estar sujeta a topes temporales y pasaría a equivaler a un encarcelamiento de por vida para los delitos más graves, como el homicidio agravado.

El envío del nuevo Código Penal se articula con otras reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la implementación plena del Sistema Acusatorio —que asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y acelera los procesos judiciales— y la reducción de la edad de imputabilidad.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje institucional que acompaña la propuesta, que coloca el foco en las víctimas y busca una respuesta penal más estricta por parte del Estado.

En el Congreso se anticipa un debate extenso y de alto voltaje político, que incluirá la discusión sobre el alcance real de la prisión perpetua, las reglas de punibilidad para menores y la capacidad del sistema penitenciario y judicial para sostener un esquema más rígido. Todo indica que será uno de los debates más relevantes en materia penal en décadas.

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Política

Histórico: Rosario se convierte en ciudad autónoma y abre una nueva etapa institucional

Por unanimidad en general, pero abstenciones y votos divididos artículo por artículo, el Concejo aprobó la ordenanza que declara la autonomía, habilita el ejercicio inmediato de competencias y convoca a una Convención Estatuyente que después de los comicios de 2027 redactará una miniconstitución local. Un cambio esperado desde hace décadas que reconfigura el estatus de la ciudad frente a la Provincia y la Nación

Ailén Lazarte

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Por primera vez en su historia, Rosario fue declarada ciudad autónoma. La decisión se tomó este jueves por la noche en el Concejo Municipal, donde —aunque la votación en general fue unánime— parte de la oposición se abstuvo o votó en contra de algunos artículos puntuales. El hito se concreta pocos meses después de que la reforma constitucional santafesina habilitara a los municipios a adoptar este estatus, un reclamo que Rosario sostiene desde que la autonomía municipal fue incorporada a la Constitución nacional en 1994.

La ordenanza aprobada supone un doble avance. Por un lado, la Municipalidad podrá asumir de manera directa un amplio paquete de competencias económicas, administrativas, financieras, ambientales y urbanísticas. Entre ellas: endeudamiento sin aval provincial, regulaciones de arbolado y antenas, régimen propio de compras y expropiaciones, administración de vehículos del corralón y manejo de procedimientos administrativos. Todo esto sin depender de autorizaciones de otras jurisdicciones.
Por otro lado, se enciende el proceso estatuyente: en 2027 se elegirán 28 convencionales encargados de redactar la primera Carta Orgánica de Rosario, el documento que delineará la estructura institucional de la nueva ciudad autónoma.

El intendente Pablo Javkin buscaba que la autonomía quedara aprobada antes del recambio del 10 de diciembre —cuando Unidos perderá la mayoría propia— y, además, aspiraba a un acompañamiento pleno de todas las fuerzas políticas. La ordenanza fue debatida durante un mes y medio en la comisión de Gobierno, con participación constante del Ejecutivo y de distintos actores involucrados, incluido el Sindicato de Trabajadores Municipales. El texto viajó innumerables veces entre el Palacio de los Leones y el Palacio Vasallo, y aun así la sesión llegó con diferencias abiertas.

La reunión, prevista para las 13, recién inició a las 19.30, minutos después de que el Ejecutivo incorporara las últimas modificaciones solicitadas por sectores opositores. Los cambios no alcanzaron para satisfacer a todos, pero sí para asegurar la aprobación en general, que llegó tras casi cuatro horas de un debate áspero por momentos y coronado con un aplauso cerrado de los 28 concejales.

Aunque aprobada como una única norma, la ordenanza quedó estructurada en tres bloques: la declaración formal de autonomía; el ejercicio inmediato de nuevas competencias económicas, administrativas y financieras; y la convocatoria a una Convención Estatuyente para redactar la Carta Orgánica, una suerte de “mini Constitución” local.

Un debate cargado de tensiones

Las objeciones de la oposición se concentraron principalmente en esa segunda parte —la que habilita el ejercicio inmediato de la autonomía— y en algunos puntos vinculados al proceso estatuyente. En este último tramo, los reparos apuntaron a que el Ejecutivo incluyera un temario sugerido y a la falta de garantías de una participación ciudadana amplia durante la elaboración de la Carta Orgánica. Dicho proceso comenzará tras las elecciones de 2027, cuando los 28 convencionales estatuyentes se elijan junto con el próximo intendente y la mitad del Concejo Municipal.

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