El ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, sumó una nueva imputación: no avanzar en la investigación por contaminación contra la Petroquímica Bermúdez, la ex petroquímica del cordón industrial santafesino, ubicada sobre el río Paraná, a cinco kilómetros del límite con Rosario, de la ambientalistas y el mismo fiscal Luis Schiappa Pietra calificó de “bomba ambiental”. La investigación indica que protegió al empresario Sergio Tasselli -titular de Petroquímica Bermúdez SA, última dueña de la fábrica y actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas-a quien el fiscal también llevará a audiencia imputativa junto a su hermano Máximo.

Cecilia Bianco es integrante de la ONG Taller Ecologista, una de las instituciones que sigue de cerca el desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos, también conocida con su antiguo nombre Electroclor. “Lo que pasa es que hay un gran desastre ambiental. Celebramos que vuelva a tomar estado público. Sabemos que es un sitio en el que hay amianto enterrado que puede ser distribuido por el viento o la lluvia”.

El caso de corrupción al que se refiere Bianco tiene como protagonistas al ex jefe de los fiscales, Patricio Serjal. Lo investiga otra vez la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que citaron a audiencia también a los empresarios Sergio Tasselli y Matías Gallegos, por la petroquímica. Sospechan que Serjal habría ordenado al fiscal Juan Carlos Ledesma que archive la causa contra Electroclor, a pesar de la prueba colectada.

Los problemas ambientales que habría generado la planta química datan de largo tiempo, al menos desde 2006. Pero en 2018 se generó un antecedente de peso tras el allanamiento en septiembre del predio, cerrado en 2013, por presunto daño ambiental. Además de Tasselli –implicado también en la causa de los cuadernos que impulsa el juez Claudio Bonadío en la ciudad de Buenos Aires– y Gallegos, fue citado a la audiencia del 23 de diciembre el ex fiscal adjunto de la Inspeccción General de Personas Jurídicas (IGPJ), Gustavo Luzzini. La audiencia, sin embargo, no se concretó.

«Lo mejor que nos puede pasar es la difusión. Esperamos que nos permitan tener más detalles. No sabemos quién los protege», remarcó la integrante de la organización ambiental. «Cuando quisimos conocer el plan de reducción de contaminación empezaron a aparecer las trabas», aseguró y contó que desde 2006 empezaron a pedir informes por un presunto escape de cloro que afectaba a una escuela del lugar. “Con el tiempo el expediente se hizo cada vez más grande”, destacó.

Tubos

En ese predio, que Tasselli adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90′, encontraron 1000 tubos de gas de cloro de los cuales desaparecieron 850 de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió el diario La Nación.

Según escribió el periodista Germán De los Santos, el escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, de acuerdo a lo que señala uno de los informes.

“Es un lugar de alta consideración, con residuos peligroso. Es una bomba ambiental con esas bombonas de las que no sabemos en qué condiciones están, con válvulas que no se controlan, si se liberan es un desastre porque el cloro es muy irritante”, alertó Bianco en la conversación radial.

Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio, indicaron desde el diario.

Una historia detrás

En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, donde en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. Cinco años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral que terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico, que fueron sacados, según denunciaron en ese momento, por una patota.

¿Por qué este empresario había comprado una planta química para después cerrarla?, se pregunta De los Santos en su nota y responde: la sospecha es que se buscó vender chatarra, según quienes conocen la investigación, pero se encontró con residuos altamente contaminados y peligrosos.

Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle «un cierre seguro» de la planta, continúa el texto de La Nación. Pero Tasselli, según fuentes de la anterior administración de Santa Fe consultadas, «nunca cumplió». Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

En 2017, una auditoría detectó «la presencia de diversos productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población». «Ante cualquier emergencia que libere productos tóxicos a la atmósfera, es altamente probable que la nube de gases sea arrastrada por el viento hacia poblaciones que rodean las instalaciones de Petroquímica Bermúdez, hacia el sur, el norte y el oeste», señala el informe, firmado por el ingeniero Andrés Salum.

Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Tasselli, según indicaron fuentes judiciales comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del ex jefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino. La sospecha es que el pago de sobornos en este caso podría haber sido de más 180.000 dólares, revelaron las fuentes.