Sociedad
Creciente malestar por nuevos ajustes en discapacidad: «Es una vergüenza el destrato del Gobierno nacional»
Asociaciones, prestadores y familias de personas con discapacidad manifestaron su enérgico rechazo ante las recientes medidas de recorte presupuestario dispuestas por el Ejecutivo central. Advierten que las decisiones administrativas asfixian el financiamiento de terapias, transportes y tratamientos esenciales, afectando de manera directa la calidad de vida de miles de usuarios.
El impacto de las medidas y la reacción del sector
El sector dedicado a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad se declaró en estado de alerta máxima tras confirmarse una nueva serie de disposiciones administrativas por parte del Gobierno nacional que modifican el esquema de financiamiento de las prestaciones. La medida, que impacta directamente en los fondos destinados a cubrir servicios médicos, educativos y asistenciales, generó una inmediata reacción de rechazo generalizado por parte de los transportistas, centros de día, terapeutas y colectivos de familiares, quienes tildaron la política oficial como una muestra de «falta de empatía y destrato» hacia un sector sumamente vulnerable.
Los representantes de las distintas cámaras prestadoras señalaron que el desfasaje entre los aranceles fijados por el Estado y el incremento constante de los costos operativos —agravado por las demoras crónicas en los pagos de las obras sociales y los programas nacionales— ya venía arrastrando al sistema hacia una situación de virtual parálisis. Con este nuevo recorte en las partidas presupuestarias, advierten que la continuidad de tratamientos clave para el desarrollo y la autonomía de los pacientes se encuentra seriamente comprometida, forzando a muchas instituciones al cierre de sus puertas.
Reclamos urgentes y movilizaciones en agenda
La principal preocupación de las familias radica en la interrupción de los servicios de transporte especial, un eslabón crítico que permite a los usuarios asistir a sus escuelas, centros de rehabilitación y consultas médicas diarias. Ante la falta de respuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Salud, las organizaciones locales comenzaron a coordinar asambleas para visibilizar el conflicto en el espacio público y exigir una marcha atrás inmediata con las reformas fiscales que afectan al área.
Desde el plano político y social, diversos referentes han expresado su solidaridad con el reclamo, instando a las autoridades nacionales a revisar los criterios de ajuste y a priorizar el cumplimiento de las normativas vigentes que garantizan la cobertura integral de la discapacidad en el país. El sector anticipó que, de no mediar una instancia de diálogo formal que garantice la actualización de los aranceles y la regularización de los fondos adeudados, las medidas de protesta se intensificarán con movilizaciones hacia los centros de referencia nacionales en los próximos días.