Política
La Justicia investiga por presunto «abandono de persona» la muerte del conductor descompensado en un control de tránsito
Tras el fallecimiento de Eduardo Villanueva en el Hospital Cullen, el fiscal Manuel Cecchini busca determinar la responsabilidad de los inspectores municipales. La familia denuncia que los agentes no llamaron a la ambulancia, mientras que el municipio defiende el procedimiento.
La Justicia de Santa Fe abrió una investigación penal para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de Eduardo Villanueva, el automovilista de 47 años que sufrió una crisis de salud en medio de un operativo de control vial en el centro de la capital provincial. El caso, que tramita ante la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, se centra en determinar si existió el delito de abandono de persona por parte de los inspectores municipales involucrados.
El trágico desenlace se confirmó en la mañana de este viernes en el Hospital José María Cullen, donde el hombre permanecía internado en terapia intensiva desde el pasado 13 de mayo. Villanueva ingresó al efector en estado crítico tras padecer un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en inmediaciones de la Plaza del Soldado, cuadro que se agravó severamente en las últimas horas tras contraer neumonía.
El hecho original se produjo cuando agentes de la Secretaría de Control retuvieron el auto de Villanueva por una presunta irregularidad en la documentación. De acuerdo con la denuncia de su esposa, la retención derivó en una acalorada discusión, contexto en el cual el conductor manifestó un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar antes de desplomarse en la vía pública.
La polémica principal radica en la asistencia médica. La familia de la víctima sostiene que los inspectores omitieron brindar ayuda urgente y que fue un vendedor ambulante de la plaza quien debió comunicarse con el SIES 107 para solicitar una ambulancia. Por su parte, las autoridades del Ejecutivo local y el gremio ASOEM manifestaron públicamente que el personal actuó bajo protocolo y dio aviso a las centrales de emergencia al constatar el malestar.
Frente a las versiones opuestas, el fiscal Cecchini ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) el relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como la toma de declaraciones a los testigos. Asimismo, se solicitaron informes con los registros de llamadas al 911 y al SIES para auditar los tiempos de respuesta y esclarecer la conducta de los empleados públicos, sobre quienes el municipio ya inició un sumario administrativo interno.