Policiales
«La orden era matar a cualquiera»: condenan a 13 años de prisión a la joven que filmó un crimen al azar en barrio Ludueña
Se trata de la novia de un «soldadito» narco de la banda de «Andy» Benítez. La justicia la halló culpable por registrar con su celular el momento exacto en que ejecutaban a un vecino en la vía pública con el único fin de «infundir terror» en el territorio.
En un fallo que expone la extrema violencia y el desprecio por la vida de las bandas que operan en los barrios de Rosario, el tribunal penal condenó a 13 años de prisión a una joven imputada como partícipe secundaria de un homicidio calificado. La mujer, identificada como la pareja de un ejecutor de la organización criminal liderada desde prisión por Andrés «Andy» Benítez, fue la encargada de filmar en primera persona el asesinato de un hombre elegido completamente al azar.
El hecho investigado ocurrió en el corazón de barrio Ludueña, una de las zonas más castigadas por las disputas territoriales del narcomenudeo. Según la reconstrucción de los fiscales, la pareja salió a la calle con una premisa clara y escalofriante emanada por las jefaturas de la banda: «La orden era matar a cualquiera». El objetivo no era una venganza personal ni un ajuste de cuentas contra un rival, sino generar un impacto de terror generalizado en la zona para ratificar el control del territorio.
El plan criminal se ejecutó cuando la pareja divisó a un vecino que caminaba por la vía pública. Mientras el «soldadito» desenfundaba su arma y disparaba a quemarropa contra la víctima —quien falleció en el acto—, la joven sostenía el teléfono celular, grabando toda la secuencia en video de manera fría y explícita. Ese material audiovisual, concebido originalmente como un «trofeo» o prueba de lealtad para los jefes de la organización, se convirtió posteriormente en una de las pruebas de cargo más contundentes presentadas por la Fiscalía durante el juicio.
Las defensas intentaron matizar la responsabilidad de la mujer, pero los jueces validaron la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entendiendo que su rol de filmar el ataque formó parte de la logística del terror planificada por el grupo criminal. La sentencia de 13 años de prisión efectiva ratifica la persecución penal no solo sobre quienes aprietan el gatillo, sino también sobre aquellos que prestan apoyo directo a la espectacularización de la violencia narco en la región.