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Polémica en el MPA: Investigan a la fiscal de Rosario que liberó al hijo del presidente de Central tras el hallazgo de un arma

La Auditoría de Gestión evaluará el desempeño de la fiscal Raquel Almada por dejar en libertad a cuatro jóvenes demorados en un Peugeot 208 con un revólver calibre .22. Entre los beneficiados está Matías Belloso, hijo del dirigente canalla, y un sospechoso vinculado a apuestas clandestinas. El caso pasó a manos del fiscal Fernando Dalmau.

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Escándalo institucional en los tribunales rosarinos

Una polémica resolución judicial tomada en el Gran Rosario desató un fuerte temblor institucional dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Auditoría de Gestión inició una investigación interna sobre el desempeño de la fiscal Raquel Almada, luego de que ordenara la liberación de cuatro jóvenes que habían sido demorados por la Policía tras hallarse un arma de fuego oculta en el auto en el que se movilizaban.

El foco del escándalo radica en que uno de los ocupantes del vehículo era Matías Belloso (26 años), hijo de Gonzalo Belloso, actual presidente de Rosario Central. El joven recuperó la libertad de inmediato y ni siquiera quedó formalmente imputado en la causa. Ante el malestar generalizado en los tribunales, el expediente le fue retirado a Almada y reasignado de urgencia al fiscal Fernando Dalmau.

El operativo en Granadero Baigorria

Los hechos se desencadenaron la tarde del pasado 29 de junio en la localidad vecina de Granadero Baigorria. Un llamado al 911 alertó al Comando Radioeléctrico sobre la presencia de dos hombres presuntamente armados que estaban amenazando a personas e intentando ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en la intersección de Estanislao López y Pancho Ramírez.

Al arribar al lugar, las patrullas observaron a dos sospechosos que huían a pie y se subían a un automóvil Peugeot 208 que los esperaba con otros dos jóvenes a bordo. Tras interceptar el rodado e identificar a los ocupantes, los uniformados requisaron el habitáculo y hallaron un revólver calibre .22 largo debajo de uno de los asientos. Los cuatro implicados fueron trasladados a la comisaría 24ª, pero pocas horas después la fiscal Almada resolvió imputar únicamente a un ocupante por tenencia ilegítima de arma de fuego, dándole la libertad irrestricta al resto, incluido Belloso.

 Los antecedentes del caso: Apuestas clandestinas y barras

La causa cobró mayor gravedad institucional al analizarse el perfil de los otros jóvenes que acompañaban al hijo del dirigente de Central:

  • La conexión con las apuestas: Otro de los liberados en el Peugeot 208 fue Fausto Carbajo, un joven mencionado en un expediente por presuntas apuestas clandestinas virtuales. Carbajo cuenta con una denuncia penal presentada por el futbolista Jonatan Gómez (ex-Central y Racing, actual Sarmiento de Junín), quien lo acusó de haber irrumpido en una concentración de Racing para extorsionarlo y exigirle bajo intimidación el pago de una supuesta deuda de juego de 505.000 dólares.

  • El antecedente en Mar del Plata: Para Matías Belloso tampoco es el primer roce con la justicia penal. En enero de 2021 quedó involucrado en la investigación por una brutal golpiza a un joven a la salida del boliche Ananá en Mar del Plata. En aquella ocasión, Belloso zafó tras declarar, mientras que terminaron detenidos otros dos jóvenes; uno de ellos era Andrés Guillermo Bracamonte, hijo de «Andresito» Bracamonte, el histórico jefe de la barra de Central asesinado a fines de 2024.

Giro en los protocolos: Ordenan endurecer los criterios

La polémica desatada por el criterio de la fiscal Almada obligó a una reacción inmediata de las altas esferas del MPA. El jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, emitió una dura circular interna con carácter obligatorio para unificar los procedimientos ante delitos de flagrancia vinculados a armas en la vía pública.

A partir de esta nueva directiva, los fiscales rosarinos quedan obligados a:

  1. Disponer de manera impostergable el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de todos los aprehendidos en el lugar.

  2. Evaluar con máxima prioridad el pedido de prisión preventiva, entendiendo que el uso y portación ilegal de armas de fuego representa un riesgo directo y concreto para la seguridad pública de la región.

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