Sociedad
Prohibición de cuidacoches: Diputados dilata el debate para escuchar los reclamos de la Iglesia
El proyecto impulsado por el oficialismo, que ya cuenta con media sanción del Senado, iba a ser tratado sobre tablas pero su discusión regresó a comisiones. La decisión parlamentaria se tomó tras un fuerte pronunciamiento del Arzobispado de Rosario, que rechazó la eliminación de la actividad y exigió un esquema de regulación con inclusión social.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe resolvió postergar el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir de forma definitiva la actividad de los cuidacoches en todo el territorio santafesino. A pesar de que la iniciativa —impulsada originalmente por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas— avanzaba a paso firme tras obtener media sanción en la Cámara Alta, el bloque oficialista optó por abrir un compás de espera. El expediente regresó a un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, donde los legisladores recibirán formalmente a las autoridades de la Iglesia Católica antes de emitir un dictamen definitivo.
El freno en el recinto parlamentario estuvo directamente condicionado por la fuerte presión política y social ejercida desde el ámbito eclesiástico. En las últimas horas, la Pastoral Social y el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, mantuvieron un encuentro con un grupo de trabajadores informales y difundieron un crítico documento que impactó de lleno en la Legislatura. Desde la arquidiócesis local manifestaron que penalizar la actividad implicaría «una forma de criminalización de la ayuda social» y advirtieron que la prohibición total empujaría a estas familias a una mayor marginalidad. En su lugar, el sector religioso propuso crear un registro oficial de «trapitos» para ordenar el servicio y diferenciar la necesidad económica legítima de las mafias extorsivas que operan en estadios o espectáculos masivos.
A la par del factor social, la discusión puertas adentro de la Cámara Baja sumó objeciones técnicas de índole operativa y judicial. Diversos legisladores del oficialismo manifestaron reparos en torno a la aplicación efectiva de la norma en caso de ser sancionada. El punto de conflicto radica en definir qué órganos estatales ejercerán el control contravencional, ya que los borradores iniciales planteaban sanciones de arresto y tareas comunitarias. En ese sentido, diputados de la coalición Unidos advirtieron que delegar el juzgamiento de estas faltas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) podría generar un colapso en un fuero penal que ya se encuentra sobrecargado de expedientes complejos, insistiendo en que el control debe recaer exclusivamente sobre las estructuras de control urbano de cada municipio.
De acuerdo con el nuevo cronograma establecido en el Palacio Legislativo, la convocatoria formal con los representantes del Arzobispado y otros sectores involucrados se llevará a cabo a principios de junio. El objetivo de las tres comisiones intervinientes es escuchar las diferentes propuestas alternativas para pulir la letra chica del proyecto y unificar un borrador de despacho. Con este aplazamiento estratégico, el oficialismo apunta a desactivar las diferencias internas y a construir consensos sólidos de cara a la votación general, estimando que el proyecto de ley podría bajar nuevamente al recinto para su aprobación definitiva en las próximas semanas.