El líder portuario Herme Juárez recibió un nuevo revés judicial en su afán de regresar a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, la empresa que por años le permitió manejar a sus anchas gran parte de la actividad en el Cordón Industrial. En una resolución emitida días atrás, el juez federal Marcelo Bailaque le negó un pedido de reincorporación solicitado por su defensa.

Bailaque es titular del Juzgado Federal de Rosario Número 4, en el que recayó la causa donde se dirime el futuro de la cooperativa. Se trata de un expediente caliente en el que hay muchos intereses en juego, debido al incesante flujo de fondos que genera una empresa responsable del 60% del estibaje realizado en los puertos del Gran Rosario.

La última decisión de peso de Bailaque había sido la designación de Daniel Sorrequieta al cargo de interventor, ejecutada a principios de febrero. Ello calmó las aguas temporalmente, pero no terminó de definir qué pasaría con la cooperativa, que tiene muchos sectores internos pugnando por el poder.

Sorrequieta, quien supo ser intendente de Puerto General San Martín y hasta enero integraba el organigrama del gobierno santafesino, es sindicado como representante del Movimiento Evita. Si bien es un hombre de fuerte arraigo territorial en el peronismo local más clásico, tanto él como su círculo íntimo responden a la organización que a nivel nacional conduce Emilio Pérsico.

La designación de Sorrequieta se dio poco después que un representante del Movimiento Evita (Alexander Roig) fuera nombrado a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), órgano encargado de fiscalizar el funcionamiento de las cooperativas.

Futuro incierto
La estrategia de Juárez es replicar aquello que logró en el sindicato portuario -entidad de la que también había sido corrido cuando ocurriera su detención en agosto de 2019-, donde pudo generar una comisión asesora que acompañe a la intervención y diera participación a todos los sectores internos.

A través de su abogado Javier Rabadé, el histórico líder solicitó reincorporarse a la prestación de tareas en la cooperativa. Sin embargo, el juez Bailaque se la rechazó, argumentando que aún pesan sobre él procesamientos por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad.

Fuentes judiciales informaron a este medio que en paralelo a la resolución de Bailaque, Sorrequieta pidió que se le permita continuar con la intervención al menos hasta final de año, plazo que considera razonable para normalizar la entidad (tal su función principal) y hacer el llamado a elecciones. Lo hizo tanto para la cooperativa con asiento en Puerto General San Martín como en San Lorenzo (en esta última el mandato tenía fecha de vencimiento en marzo).

El representante del peronismo intentará lo que no pudieron (¿o no quisieron?) sus antecesores en el cargo. Vale recordar que tras la detención de Juárez, el por entonces secretario de Trabajo Lucas Aparicio nombró como interventor a Juan José Schaer, quien en pocos meses gestionó una fuerte baja de los costos operativos a través de la pesificación de los servicios de estiba. Ello motivó la protesta de los trabajadores, que pidieron correr a Schaer.

Ya en tiempos de Alberto Fernández en la Presidencia fue nombrado como interventor Roberto Pasqualino, un hombre de la Universidad de Buenos Aires cercano al diputado nacional del radicalismo Emiliano Yacobitti. Su gestión coincidió con la cuarentena, con lo que los plazos para la normalización se fueron estirando.