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Economía

El Gobierno prevé un piso de inflación de 40% para 2022 y admite que podría ser más alta

El avance de precios alcanzaría un 10% acumulado en el primer trimestre, sin contemplar los aumentos de tarifas que llegarán más adelante. La señal oficial a los gremios para que negocien salarios más en línea con la expectativas del mercado.

Ailén Lazarte

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El Gobierno prevé un piso de inflación de 40% para 2022 y admite que podría ser más alta

Sin una pauta oficial de inflación que contribuya, al menos en teoría, a ordenar las expectativas y sin ninguna confirmación de la proyección que se incluirá en el acuerdo con el Fondo Monetario cuya letra firme se negocia por estas semanas, el Gobierno empezó a dar indicios claros de que espera un piso de al menos 40% en 2022. Y no descarta que el avance de precios sea varios puntos mayor.

El primero en dar las señales de resignación fue el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien la semana pasada admitió que “se está perdiendo la batalla” contra los precios de los alimentos -categoría que admitió, además, tuvo mayores aumentos que el nivel general- y reconoció que la inflación se ubicó en torno a 4% el mes pasado. El funcionario volvió a hablar ayer y profundizó sobre el pronóstico oficial. “La inflación todavía va a ser alta”, dijo y que será así hasta marzo, cuando se empezarían a registrar índices más bajos. “Si todo sale bien”, aclaró.

Pero quien dio la pista más concreta de cuál es la proyección oficial que todavía el Gobierno no reconoce abiertamente fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Después de cuatro años en que los salarios no logran ganarle a la inflación, el ministro anticipó que el objetivo oficial es que este año las negociaciones paritarias se inicien con una previsión inicial de 40% y revisiones, tal como funcionó el año pasado. Tales revisiones, recomendó, se deberían pactar a los 6 o 9 meses.

Típicamente, el mecanismo suele ser al revés. La pauta oficial de inflación incluida en el Presupuesto del año en curso cumple la función de variable ordenadora para las discusiones salariales. Así ocurrió a principios del año pasado, cuando con una pauta de inflación de 29% prevista por el ministro de Economía, Martín Guzmán, grandes gremios cercanos al oficialismo como el de Camioneros o Bancarios se apuraron a cerrar acuerdos en torno a ese porcentaje. Claro que el desvío por más de 20 puntos que luego se verificó obligó a repetidas re aperturas de esas paritarias, revisiones que ahora Moroni ya da por descontado para las negociaciones de este año.

A diferencia de 2021, el Presupuesto de 2022 nunca fue aprobado, con lo cual no hay una pauta oficial vigente, por más inverosímil que resultara. En el proyecto que finalmente fue rechazado en el Congreso en diciembre, Guzmán sostuvo una proyección anual de 33% que había previsto en septiembre, aun cuando a esa altura se sabía ya completamente irrealizable. Ahora, el Gobierno envía claras señales de las estimaciones sobre las que trabaja, que parten de una cifra optimista de 40% y se acercan eventualmente en el peor de los escenarios a las previsiones del mercado. En el último Relevamiento de Expectativas publicado por el Banco Central, los bancos y consultores de la city proyectaron un avance de precios de 55%. Tal pauta, repiten altas fuentes de la autoridad monetaria, no es con la para definir la suba de tasas de interés (que se definirá la próxima semana) ni el ritmo de devaluación que se viene acelerando desde que empezó el año.

La expectativa de inflación registrada en el último REM publicado por el Banco CentralLa expectativa de inflación registrada en el último REM publicado por el Banco Central

Sin embargo, la información que aportó ayer Feletti fue crucial. Tal como se espera para el indicador de enero y el arranque de los precios de febrero, en el mejor de los casos, la inflación del primer trimestre arrojaría un registro de al menos 10% en el acumulado. Esa cifra es más baja que la del año pasado para el mismo período del año pasado, de 13%, pero que deja un piso elevado para la proyección anual.

Particularmente si se tiene en cuenta que, hasta el momento, los precios no reflejan aún el impacto de los ajustes que están previstos para, precisamente, después de marzo. Puntualmente, se prevé que los aumentos de tarifas de gas y luz se produzcan entre marzo y abril, a lo que se sumará el efecto de la suba del precio de los combustibles que ya contó con un incremento de 9% a principios de mes. En conjunto, todos las subas podrían explicar entre 4 y 8 puntos de inflación, siempre de acuerdo a la magnitud que finalmente tengan los ajustes en cada caso. Y siempre, también, como dijo Feletti, “si todo sale bien”

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Economía

Santa Fe impulsa un programa para que trabajadores estatales regularicen deudas descontadas de sus haberes

El gobierno santafesino presentó una iniciativa destinada a empleados públicos que mantienen préstamos o compromisos financieros con descuentos automáticos en el sueldo. El objetivo es ordenar el sistema de deducciones y ofrecer alternativas para cancelar o refinanciar esas obligaciones.

Ailén Lazarte

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El gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la implementación de un nuevo programa orientado a empleados públicos que tienen deudas cuyos pagos se realizan mediante descuentos directos en sus salarios. La medida busca brindar herramientas para que los trabajadores puedan regularizar esas obligaciones y reorganizar su situación financiera.

El plan apunta principalmente a quienes mantienen compromisos con entidades financieras, mutuales o cooperativas que utilizan el sistema de “código de descuento”, un mecanismo que permite debitar automáticamente las cuotas desde el recibo de sueldo del trabajador.

Según explicaron desde la administración provincial, el objetivo central es ordenar el funcionamiento de este sistema y evitar que los descuentos terminen afectando de manera excesiva el ingreso mensual de los empleados estatales. En muchos casos, las deducciones acumuladas reducen significativamente el salario disponible para afrontar gastos cotidianos.

La iniciativa contempla distintas alternativas para los trabajadores, entre ellas la posibilidad de cancelar anticipadamente algunas deudas o acceder a esquemas de refinanciación que permitan reorganizar los pagos en condiciones más accesibles. De esta manera, se busca que los empleados puedan recuperar margen dentro de sus ingresos mensuales.

Además, el programa prevé revisar el funcionamiento del sistema de códigos de descuento y establecer reglas más claras para las entidades que operan bajo esta modalidad. La intención del gobierno es transparentar el proceso y garantizar que los trabajadores tengan mayor control sobre los montos que se debitan de sus haberes.

La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que en los últimos meses ha planteado la necesidad de revisar distintos mecanismos administrativos vinculados al empleo público y a la situación financiera de los agentes estatales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el sistema de descuentos por código involucra a miles de trabajadores de la administración provincial, entre ellos docentes, personal de salud, policías y empleados de diversas áreas del Estado.

Con esta iniciativa, el gobierno santafesino busca avanzar en una reorganización del esquema de deducciones salariales y ofrecer a los empleados públicos una vía para ordenar sus deudas, en un contexto económico en el que el endeudamiento personal se ha convertido en una preocupación creciente para muchos trabajadores.

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Economía

Paro marítimo paraliza exportaciones y sacude la economía en Argentina

Un conflicto gremial de fuertes consecuencias impacta de lleno en los principales puertos del país, con especial gravedad en el complejo exportador de Rosario y una protesta que pone en tensión las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la economía nacional.

Ailén Lazarte

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Un amplio paro de 48 horas lanzado por los trabajadores marítimos argentinos ha dejado prácticamente inactiva la actividad portuaria en Rosario y otras terminales estratégicas, afectando la salida y carga de barcos con cereales, oleaginosas y otros productos agroindustriales que son esenciales para la economía del país y su rol como uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo.

La medida de fuerza fue iniciada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) el miércoles último en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” que impulsa el presidente Javier Milei, actualmente en debate en el Congreso tras su aprobación en el Senado. Para los gremios, la reforma representa un retroceso en derechos fundamentales, en particular por cambios como la exclusión de navegantes de la Ley de Contrato de Trabajo y la limitación del derecho de huelga.

Gustavo Idigoras, presidente de la cámara de exportadores CIARA-CEC, declaró que la paralización de 48 horas está “conduciendo las actividades agroexportadoras a un completo punto muerto”, advirtiendo que barcos no pueden completar sus operaciones de carga y que muchas operaciones están estancadas en el puerto de Rosario, un nodo clave del comercio internacional de granos.

La protesta se da en un contexto de alta conflictividad social y sindical en Argentina por la discusión de la reforma laboral. El paro marítimo se articuló con una huelga general de 24 horas organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con un acatamiento que los dirigentes sindicales estimaron superior al 90 % en múltiples sectores productivos, transporte y servicios. Esa huelga también afectó buses, subtes y vuelos en grandes centros urbanos del país.

Desde el sector sindical se advirtió además que la reforma no sólo reduce ciertas compensaciones y derechos adquiridos, sino que también podría desfinanciar protecciones históricas del trabajador argentino, lo que ha generado un amplio rechazo de federaciones gremiales más allá del sector marítimo.

Por su parte, el Gobierno de Milei defiende su iniciativa como una modernización del mercado laboral, destinada a atraer inversiones, dinamizar el empleo formal y flexibilizar regulaciones que, según el oficialismo, obstaculizan el crecimiento económico. Sin embargo, la fuerte respuesta sindical y social evidencia la magnitud de la oposición política que enfrenta el proyecto.

Mientras el proyecto continúa su camino legislativo y se esperan nuevas jornadas de debate y protestas, el conflicto ya ha dejado una marca tangible en la economía argentina: la paralización de exportaciones en un momento clave para las cadenas productivas y la logística agroindustrial, especialmente en Rosario, un centro neurálgico para las ventas externas que alimentan tanto los mercados internacionales como la propia economía nacional.

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Economía

Inflación: señales de desaceleración y cambios en el consumo

Los últimos indicadores muestran variaciones en el ritmo de aumento de precios, mientras los hogares ajustan sus hábitos de compra.

Ailén Lazarte

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La inflación continúa siendo uno de los principales ejes de preocupación económica en Argentina. Si bien los últimos relevamientos privados marcan una desaceleración en el ritmo mensual de aumento de precios, el nivel acumulado sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios.

Especialistas señalan que la moderación en algunos rubros responde a una menor emisión monetaria y a una caída en el consumo. Supermercadistas y comerciantes coinciden en que los clientes priorizan productos esenciales, buscan promociones y reducen compras impulsivas.

 Cambios en los hábitos de compra

En góndolas se observa una mayor inclinación hacia segundas marcas y envases más pequeños. También creció el uso de billeteras virtuales y descuentos bancarios como estrategia para amortiguar el impacto de los aumentos.

En paralelo, algunos sectores —como alimentos frescos y servicios— siguen mostrando variaciones por encima del promedio, lo que mantiene la presión sobre el presupuesto familiar.

 Expectativas hacia adelante

Analistas económicos sostienen que el desafío no es solo bajar la inflación mensual, sino consolidar una tendencia sostenida que permita recuperar previsibilidad. La evolución del tipo de cambio, las tarifas y los acuerdos salariales serán variables clave en los próximos meses.

Mientras tanto, la dinámica inflacionaria continúa marcando el pulso de la economía cotidiana y condicionando decisiones tanto del Gobierno como del sector privado.

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