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Política

El “cementerio textil” de Atacama pone a Boric en la mira

Chile no cumple un fallo que ordena reparar el daño ambiental por toneladas de ropa descartada en el desierto. La denuncia de Guillermo Whpei que se volvió viral.

Ailén Lazarte

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El basural textil del Desierto de Atacama volvió al centro de la escena pública y política regional. En las últimas horas, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales en la Argentina, bajo el rótulo de “cementerio oculto”, a partir de una serie de posteos de periodistas y referentes de la opinión pública que retomaron una denuncia que lleva años sin resolverse: la acumulación masiva de ropa usada —y en muchos casos nueva— en el norte de Chile y el incumplimiento de un fallo judicial que obliga al Estado chileno a reparar el daño ambiental causado.

 

«Denunciaron a Boric por la contaminación generada en el Desierto de Atacama en Chile, donde tiran toneladas de ropa usada que traen países de afuera. Lograron que los sancionen, pero no cumplieron con el fallo”, escribió Luis Majul, al tiempo que preguntó a sus seguidores si Chile debía “pagar las consecuencias”. En la misma línea, Alejandro Fantino advirtió: “Atentos a esto: Guillermo Whpei fue a Chile para liderar una investigación contra el desastre que hizo Chile contaminando el Desierto de Atacama con ropa usada que traen países del resto del mundo”. Claudio Savoia, por su parte, sumó: “Y esto???? El argentino Guillermo Whpei y la Fundación para la Democracia Internacional denunciaron al gobierno de Chile por la contaminación masiva del desierto de Atacama: hubo un proceso y una sanción, pero no lo obedecieron… y no pasó nada”.

 

 

Detrás del rebrote mediático hay un dato concreto. El Gobierno de Chile no acató la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que, en un fallo inédito emitido en septiembre pasado, responsabilizó al Estado por el daño ambiental causado por el basurero textil clandestino más grande de América Latina, ubicado en el Desierto de Atacama. Así lo afirma el empresario argentino Guillermo Whpei, quien a través de la Fundación para la Democracia Internacional fue uno de los principales impulsores de la visibilización del problema y hoy exige el cumplimiento efectivo de la sentencia.

 

El fallo reconoció que Chile incurrió en una falta por omisión al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales de la comuna de Alto Hospicio. La resolución obligó al Estado a presentar un plan de reparación ambiental a diez años, con diagnóstico, retiro seguro de residuos, restauración de suelos, recuperación del paisaje, trazabilidad del ingreso de la ropa por el puerto de Iquique y publicación de los costos reales del rescate.

 

El Desierto de Atacama, el más árido del planeta, se transformó en el destino final de los descartes de la industria textil global. Estados Unidos, Europa y Asia envían allí millones de prendas que no se venden o se desechan tras una sola temporada. Se calcula que por el puerto de Iquique ingresan entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa por año. Una parte se revende, pero la mayoría termina formando montañas de desechos textiles, muchas veces quemados, con impacto directo sobre el ecosistema.

Pese al fallo, el Consejo de Defensa del Estado chileno presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular la sentencia, alegando vicios formales y errores de derecho. Mientras tanto, según Whpei, no hubo avances concretos. “La resolución de la Justicia chilena es clara. Sin embargo, todavía no se avanzó en el plan de reparación, no se tomó una sola medida al respecto y las montañas de ropa se siguen acumulando en el Desierto de Atacama”, afirmó.

El empresario también remarcó que el problema excede a un gobierno puntual: “Las autoridades de Chile de ahora y de los gobiernos que vienen, sean del color político que sean, deberían acatar la resolución judicial y tener entre sus prioridades el seguimiento del plan de reparación”. Y concluyó: “Durante décadas el Estado de Chile miró para otro lado, beneficiándose económicamente con el ingreso de toneladas de ropa de todo el mundo en sus puertos y luego desechándolas en el desierto. Atacama es un lugar único en el mundo, y esta situación nos hace recapacitar que no existe belleza si no hay compromiso”. La viralización del tema vuelve a poner presión sobre un conflicto ambiental que ya tiene sentencia, pero sigue esperando acción.

Política

Granata habló de una “maldición de los vuelos privados” y apuntó contra dirigentes libertarios

La diputada provincial santafesina cuestionó en redes sociales a figuras cercanas al oficialismo nacional y vinculó sus carreras políticas con polémicas por el uso de aviones privados.

Ailén Lazarte

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La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, volvió a generar repercusiones en el ámbito político luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a varios dirigentes vinculados al espacio libertario y habló de lo que denominó “la maldición de los vuelos privados”.

La legisladora hizo referencia a recientes polémicas relacionadas con viajes en aviones privados o vuelos oficiales y señaló que ese tipo de situaciones termina teniendo consecuencias políticas para quienes se ven involucrados.

Granata apuntó particularmente contra el actual jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de la discusión pública tras el viaje de la comitiva presidencial a Estados Unidos, en el que participó su esposa. La presencia de familiares en ese traslado generó cuestionamientos y denuncias, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos oficiales.

En ese contexto, la diputada sostuvo que ese episodio podría derivar en un desgaste político similar al que, según su interpretación, ya afectó a otros dirigentes.

En su publicación también mencionó a la senadora nacional Carolina Losada, al recordar que —según su planteo— su carrera hacia la gobernación santafesina se vio afectada cuando se conoció que había utilizado un avión privado durante la campaña electoral.

Además, incluyó en la lista al economista y dirigente liberal José Luis Espert, a quien vinculó con una situación similar relacionada con vuelos privados que, según su interpretación, habría impactado en su proyección política.

Se pierden con el poder y los privilegios que ellos mismos criticaban”, escribió Granata en su mensaje, donde cuestionó lo que considera contradicciones dentro del espacio libertario. La legisladora concluyó su comentario señalando que esos episodios representan, a su juicio, una muestra de cómo el acceso al poder puede alejar a algunos dirigentes de las ideas que defendían en sus comienzos.

Las declaraciones reavivaron la discusión política en redes sociales y generaron reacciones tanto de dirigentes oficialistas como de sectores opositores, en medio de una semana marcada por polémicas y cruces dentro del escenario político nacional.

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Política

Suspensión de clases en un colegio de Rosario por una amenaza mafiosa

Una escuela de la zona sur de Rosario debió suspender sus actividades luego de que apareciera una bandera con un mensaje amenazante en el ingreso al establecimiento. La situación generó alarma entre docentes y familias, mientras la policía inició una investigación para determinar quién colocó el cartel intimidatorio.

Ailén Lazarte

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La tranquilidad de la primera semana del ciclo lectivo se vio interrumpida en un colegio de la zona sur de Rosario tras el hallazgo de una bandera con un mensaje intimidatorio colocado en el frente del establecimiento. La aparición del cartel encendió las alarmas y llevó a las autoridades escolares a suspender las clases por precaución.

El hecho fue detectado durante las primeras horas de la mañana, cuando personal del colegio advirtió la presencia de la tela con una amenaza escrita. Ante la situación, se dio aviso a la policía y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.

Alarma entre docentes y familias

Poco después del ingreso de los alumnos al edificio, los directivos tomaron la decisión de suspender las actividades para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores del establecimiento. La medida generó preocupación entre las familias que se acercaron al lugar al conocer lo ocurrido.

Las fuerzas de seguridad realizaron las primeras tareas en el sitio, que incluyeron el retiro de la bandera y el relevamiento de posibles pruebas para avanzar con la investigación.

Investigación en marcha

El episodio quedó bajo análisis de la policía y de la Justicia, que buscan establecer quién o quiénes colocaron la amenaza y cuál era el objetivo del mensaje. También se intenta determinar si el hecho está vinculado con otros episodios de intimidación registrados en distintos puntos de la ciudad en los últimos tiempos.

Mientras tanto, las autoridades educativas y policiales trabajan para garantizar condiciones de seguridad en la zona antes de retomar la actividad escolar con normalidad.

El caso vuelve a poner en agenda el impacto que generan los mensajes intimidatorios vinculados a disputas delictivas, que en ocasiones utilizan espacios públicos o instituciones para enviar advertencias o amedrentar a determinados destinatarios.

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Política

Comenzó a regir la nueva ley laboral en Argentina

La nueva legislación laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya está en vigencia tras su aprobación en el Congreso y publicación oficial. La normativa introduce modificaciones en el régimen de indemnizaciones, el período de prueba, los aportes sindicales y la organización de la jornada laboral, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y fomentar la contratación formal.

Ailén Lazarte

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La reforma laboral aprobada por el Congreso nacional comenzó a aplicarse oficialmente en todo el país y marca uno de los cambios más profundos en la regulación del empleo en las últimas décadas. La norma forma parte del paquete de reformas económicas promovidas por la administración de Javier Milei, que sostiene que la iniciativa busca modernizar el sistema laboral y promover la creación de empleo formal.

Entre los puntos más destacados de la nueva legislación se encuentran modificaciones en las reglas de contratación, despidos y organización de la jornada laboral, además de cambios en el funcionamiento de los convenios colectivos y en los aportes vinculados a los sindicatos.

Cambios en indemnizaciones y fondos de cese

Uno de los ejes centrales de la reforma está relacionado con el sistema de indemnizaciones por despido. A partir de la nueva normativa, el cálculo se realizará sobre el salario mensual habitual, dejando afuera conceptos que no se perciben de manera regular, como el aguinaldo o las vacaciones.

Además, la ley habilita la creación de fondos de cese laboral mediante convenios colectivos. En este esquema, el empleador realiza aportes periódicos a un fondo individual y, cuando finaliza la relación laboral, el trabajador recibe el monto acumulado.

Período de prueba más largo

Otro cambio relevante es la extensión del período de prueba. Con la nueva ley, el plazo general pasa a ser de seis meses, mientras que en empresas muy pequeñas —de hasta cinco empleados— puede llegar a ocho meses. Durante ese tiempo, el vínculo laboral puede finalizar sin que corresponda indemnización, aunque el trabajador debe estar registrado y con aportes desde el inicio.

Nuevas reglas para aportes sindicales

La legislación también introduce límites en los aportes vinculados a las organizaciones sindicales. Entre otras medidas, se establece que las contribuciones patronales a cámaras empresariales tendrán un tope del 0,5%, mientras que los aportes de trabajadores no podrán superar el 2% de su salario.

Además, la retención automática de la cuota sindical quedará sujeta al consentimiento del trabajador, lo que modifica la forma en que se financiaban muchas organizaciones gremiales.

Regularización del empleo informal

La nueva normativa también contempla un régimen de regularización laboral destinado a trabajadores no registrados. En ese marco, se eliminan algunas multas vinculadas al trabajo informal y se establece un mecanismo para que los empleadores puedan blanquear relaciones laborales pagando las diferencias salariales y previsionales correspondientes.

Debate político y sindical

La reforma generó un fuerte debate político y sindical. Desde el gobierno nacional sostienen que las modificaciones permitirán reducir la litigiosidad laboral y generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de empleo.

Sin embargo, sectores gremiales y parte de la oposición advierten que la normativa podría implicar una reducción de derechos laborales históricos y ya impulsaron protestas y acciones judiciales para intentar frenar algunos artículos de la ley.

Con su entrada en vigencia, el nuevo esquema laboral abre una etapa de cambios en el mercado de trabajo argentino, cuyo impacto real en la economía y el empleo comenzará a medirse en los próximos meses.

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