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El horror de la bebé asesinada en Ingeniero Budge: la autopsia reveló el largo tormento que sufrió antes de morir

El estudio al cuerpo de Ana Fabro detectó varias lesiones de larga data además del estrangulamiento que le costó la vida. Su abuela, acusada de matarla, sigue detenida junto a su mamá menor de edad acusada de abandono. La información que busca la fiscal del caso

Ailén Lazarte

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El horror de la bebé asesinada en Ingeniero Budge: la autopsia reveló el largo tormento que sufrió antes de morir

En el mediodía de ayer lunes, la fiscal Marcela Juan recibió el llamado del forense que había practicado la autopsia al cuerpo de Ana Patiño Fabro, la bebé asesinada el sábado en un inquilinato de VIlla Albertina, zona de Ingeniero Budge, supuestamente estrangulada por su abuela, abandonada por su madre adolescente. Ambas mujeres ya habían sido detenidas. La abuela, Bettina, había sido arrestada el homicidio agravado por vínculo de la bebé tras llevarla ya sin vida a la salita sanitaria del barrio. V., la madre, de 17 años, que fue linchada a golpes por sus vecinos, por abandonarla y golpearla.

El estudio no solo confirmó la sospecha inicial del caso, que Ana, de apenas tres meses, había muerto estrangulada, con lesiones en el cuello obvias a simple vista que fueron certificadas por un médico legista. Ana también había sido atormentada durante semanas antes del crimen. En su cuerpo había rastros de hematomas provocados por golpes, heridas de diversa data, algunas antiguas, otras recientes. El cadáver de Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa, supuestamente por su madre y su madrastra, tuvo el mismo diagnóstico en su autopsia que reveló que fue golpeado una y otra vez, quemado con cigarrillos.

Poco después, Bettina Fabro, la abuela, se negaba a declarar. En la Comisaría 10° de Budge había contado una historia inverosímil cuando la llevaron detenida, un cuento que nadie podría creer de cara a las fotos del cuerpo de su nieta. Aseguró, verborrágica, que nunca había visto las lesiones en el cuello de la bebé, que “ya estaba así” cuando la llevó a la sala médica Finochietto a tres cuadras de su casa.

Bettina, la abuela. Bettina, la abuela.

Hoy, madre e hija siguen detenidas. Bettina, dada la imputación en su contra, tuvo que ser alojada en un celda de otra jurisdicción, tal como la madre y madrastra de Lucio Dupuy: las internas en las comisarías de Lomas de Zamora le juraron la muerte si se la cruzaban. V., la madre de Ana, qure enfrenta una adicción a las drogas, también parece una pieza en la trama de la muerte. Solía dejar su casa durante varios días, con denuncias por averiguación de paradero y fugas de hogar desde sus 14 años. En diciembre pasado, se ausentó durante más de una semana para luego volver.

También es madre de otra nena, de un año y medio. Cuando se iba, las dos menores quedaban con su madre. Así, se configuró la imputación en su contra por abandono de personas. Pedro, la ex pareja de Bettina y padre de V., declaró ayer en el expediente. Aseguró que Bettina y su hija tenían una relación conflictiva, marcada por agresiones constantes.

En el medio de todo, la fiscal Juan se encontró con un testimonio inquietante que podría esclarecer lo que pasaba en esa casa: el del padre de la hija mayor de V., la bebé sobreviviente, un chico del barrio, un adolescente.

V. y Ana.V. y Ana.

La investigadora lo conoció el sábado, cuando llegó a la escena del hecho. Aseguró que había peleado durante meses para darle el apellido a la nena, que V. se lo había negado y que hasta habría existido una orden de restitución de un juez de familia, algo que la fiscalía deberá corroborar. Luego, le contó una historia cruel. Aseguró que en diciembre, V. se apareció en su casa con una fuerte herida en la cabeza, abierta e infectada. Mientras la atendían y la curaban, la menor aseguraba que su propia madre la había golpeado, que estaba harta que su propia madre la golpeara a ella y a sus hijas.

Poco después, la fiscal dispuso un reconocimiento médico para la bebé sobreviviente, con la intervención del Servicio local. La hija mayor de V. ya está al cuidado de su familia paterna. En los tribunales, sin embargo, nadie se presentó por la familia paterna de la bebé asesinada en los tribunales de Lomas de Zamora. El padre de la bebé muerta, según versiones en el barrio, sería un trapito, un cuidacoches con quien V. no tendría mayor relación.

Con todo este mapa, la fiscal Juan hoy investiga la ruta de violencia que llevó a la muerte de Ana en registros médicos de salas y hospitales de la zona, así como en el Servicio local, para saber si efectivamente existen en el sistema indicios previos de lo que pasaba en esa casa. Fuentes cercanas a la familia aseguraron que el propio abuelo Pedro supuestamente llevó a Ana a la sala médica del barrio por un corte en una oreja semanas antes del crimen. Sin embargo, Pedro no mencionó esto en su declaración testimonial.

Hay, sin embargo, otra visita de la bebé a una guardia. Ocurrió en diciembre último en el hospital Alende, también en Ingeniero Budge. Allí, fue llevada por su V., su mamá. Ana presentaba signos de deshidratación y desnutrición, pero no constan indicios de golpes. El dato aún no fue incorporado de manera formal a la causa.

Mientras tanto, se esperan otras medidas de prueba. La fiscal Juan baraja la chance de pedir en los próximos días un informe psiquiátrico completo para Bettina. El rol de V., si es víctima ella misma de una historia de violencia en su propia casa o una partícipe necesaria en el crimen de su hija, queda por verse. La línea, por lo pronto, parece delgada.

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Rosatti cuestionó la judicialización de la política y pidió más consensos institucionales

El presidente de la Corte Suprema advirtió sobre la creciente tendencia a trasladar los conflictos políticos al ámbito judicial y sostuvo que esa dinámica genera demoras e inestabilidad. También remarcó la importancia de fortalecer el debate legislativo y respetar la división de poderes.

Ailén Lazarte

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, volvió a instalar un fuerte debate institucional tras advertir sobre la “creciente judicialización” de la política argentina, un fenómeno que —según afirmó— impacta negativamente en la estabilidad del país y retrasa la implementación de políticas públicas y económicas.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en ExpoEFI 2026, un encuentro vinculado a economía, finanzas e inversiones desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el magistrado expuso sobre institucionalidad, seguridad jurídica y desarrollo económico.

Durante su intervención, Rosatti señaló que en Argentina numerosos debates que deberían resolverse dentro del sistema político terminan desembocando en tribunales. En ese sentido, consideró que la falta de acuerdos entre oficialismo y oposición deriva en una tendencia creciente a buscar definiciones judiciales incluso en temas estratégicos para la gestión pública.

“Los debates en la Argentina no suelen cerrarse dentro del circuito político, sino que muchas veces buscan judicializarse y llegar hasta la Corte Suprema”, sostuvo el titular del máximo tribunal, al marcar preocupación por el rol cada vez más central que adquiere la Justicia en conflictos originalmente políticos.

Según explicó, este escenario genera consecuencias concretas: dilata decisiones, posterga reformas y suma incertidumbre en momentos donde el país necesita previsibilidad económica e institucional.

Rosatti sostuvo que cuando las diferencias políticas no logran canalizarse mediante el Congreso o acuerdos entre fuerzas representativas, se produce una transferencia de responsabilidad hacia el Poder Judicial, algo que consideró poco saludable para el funcionamiento democrático.

En esa línea, defendió la división de poderes y aclaró que los jueces no deben ocupar el lugar de legisladores ni reemplazar el debate político. “Los magistrados interpretan y aplican normas, no crean leyes”, remarcó, en un mensaje que fue leído como una advertencia tanto al sistema político como a sectores que recurren frecuentemente a la Justicia para resolver disputas institucionales.

Además, el presidente de la Corte insistió en la necesidad de consolidar reglas claras y consensos duraderos para impulsar inversiones y garantizar estabilidad. Para Rosatti, el respeto por la Constitución, el cumplimiento de fallos judiciales y la previsibilidad normativa son elementos centrales para el crecimiento económico.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y distintos sectores judiciales, atravesado por debates sobre reformas estructurales, medidas económicas y conflictos vinculados a decisiones del Gobierno nacional.

El pronunciamiento del titular de la Corte no pasó inadvertido dentro del escenario político, ya que vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: hasta qué punto la Justicia debe intervenir en disputas que, para muchos, deberían resolverse exclusivamente en el ámbito legislativo o mediante negociación política.

En medio de una Argentina marcada por polarización, litigios permanentes y disputas institucionales, el mensaje de Rosatti apuntó a recuperar una lógica de acuerdos y fortalecer los canales democráticos como vía principal para resolver diferencias.

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Violento ataque en barrio Banana: una mujer fue baleada en ambas piernas al salir de su casa

La víctima, de 50 años, fue sorprendida por dos hombres que circulaban en moto y abrieron fuego frente a su vivienda en la zona sudoeste de Rosario. Fue trasladada al Heca y permanece fuera de peligro mientras avanza la investigación para identificar a los agresores.

Ailén Lazarte

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Una nueva balacera volvió a encender las alarmas en Rosario durante la noche del martes, luego de que una mujer de 50 años fuera atacada a tiros cuando salía de su domicilio en la zona sudoeste de la ciudad. El episodio ocurrió en inmediaciones de 27 de Febrero y Lima, dentro del barrio Banana, un sector que en reiteradas ocasiones quedó bajo el foco por hechos vinculados a violencia armada.

De acuerdo a la información preliminar aportada por fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 21, cuando la víctima abrió la puerta de su vivienda con intención de salir a la calle. En ese momento, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, efectuaron varios disparos antes de escapar rápidamente por avenida 27 de Febrero.

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona encontraron a la mujer herida y solicitaron asistencia médica urgente. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) arribó al lugar y constató que presentaba impactos de bala en ambas piernas.

Tras recibir las primeras curaciones en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internada en observación. Según trascendió, las lesiones no comprometieron órganos vitales y su estado general es estable.

En la escena del ataque trabajó personal policial y peritos forenses, quienes realizaron relevamientos para recolectar evidencia balística y posibles registros fílmicos de cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Por el momento no se informaron detenidos ni se estableció un móvil concreto detrás del ataque. Los investigadores intentan determinar si se trató de un ataque dirigido, un conflicto previo o un episodio vinculado a intimidaciones armadas, una modalidad que sigue generando preocupación en distintos barrios rosarinos.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó una serie de medidas para avanzar con la identificación de los responsables.

El nuevo episodio vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia armada en Rosario, donde, pese a los operativos y refuerzos de seguridad, continúan registrándose hechos de extrema gravedad en la vía pública.

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Operativo internacional: cuatro demorados en la región por difusión de material de abuso infantil

Tres sospechosos fueron identificados en allanamientos realizados en Rosario y otro en la localidad de Acebal. La investigación forma parte de un despliegue coordinado a nivel mundial contra redes de explotación sexual infantil.

Ailén Lazarte

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Un amplio operativo policial desarrollado en la región dejó como saldo cuatro personas demoradas, sospechadas de integrar circuitos de distribución de material de explotación sexual infantil a través de medios digitales. Los procedimientos se realizaron en Rosario y en la vecina localidad de Acebal, en el marco de una investigación de alcance internacional.

Las tareas estuvieron a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), que actuó en coordinación con autoridades judiciales y fuerzas de distintos países. El despliegue se enmarca en la operación denominada “Aliados por la Infancia VI”, un programa global que busca desarticular redes dedicadas a este tipo de delitos.

En la ciudad de Rosario, los allanamientos se concentraron en dos domicilios. En uno de ellos fueron demorados dos hombres —aunque solo uno quedó formalmente detenido— mientras que en otro procedimiento se aprehendió a un tercer sospechoso.

Durante los operativos, los agentes secuestraron diversos elementos considerados clave para la causa: armas de fuego con documentación vencida, municiones, dinero en efectivo y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, pendrives y consolas de videojuegos. Todo el material será sometido a peritajes para determinar su contenido y posible vinculación con la investigación.

En paralelo, en Acebal se llevó a cabo otro procedimiento en una vivienda particular donde fue demorado un cuarto hombre. Allí también se incautaron equipos informáticos, teléfonos y una suma importante de dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de una actividad organizada.

La causa cuenta con la intervención de la fiscal especializada en delitos de este tipo, quien dispuso el análisis exhaustivo de los dispositivos secuestrados para avanzar en la identificación de posibles conexiones con redes internacionales.

El operativo no se limitó a la región: de manera simultánea se realizaron acciones similares en distintas provincias argentinas y en al menos 16 países, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno y del trabajo coordinado entre agencias de distintos puntos del mundo para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.

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