Lucho es paciente electrodependiente. Tiene 9 años y desde que nació se encuentra en esa situación a causa de una parálisis cerebral que lo obliga a vivir con internación domiciliaria y conectado a un respirador artificial. A través de Salud del Nuevo Rosario, que es la prestadora de servicios médicos que en Rosario opera para la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (Ospat), a su mamá Griselda se le notificó ayer que “ya no tendría más servicios”, por lo tanto todas las prestaciones serían retiradas. “No sólo es abandono, sino que además es avisarle que a su hijo lo van a desconectar y se va a morir”, denunció Fabián Fiori, que está al frente de la Fundación Emperador, que nuclea a las familias de pacientes electrodependientes en Rosario.
Por estas horas, Lucho, que es electrodependiente, vive “gracias al gesto de humanidad de los prestadores que no retiran los equipos”, señaló el hombre, e indicó que “ya se trabajaba en una carta documento a través de abogados y se denunció la situación en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”.
El aviso a la familia del paciente electrodependiente, en un contexto de pandemia que ya de por sí acarrea a las familias cientos de trabas para poder mantener la calidad de vida de sus hijos, fue sólo por teléfono. “Le preguntaron si había escuchado la noticia, y lisa y llanamente la avisaron que ya no tenía servicios”, contó Fiori, e incluso detalló que “le indicaron que la decisión corría a partir de ese mismo momento”.
Sin respuestas
Lucho tiene un servicio de internación domiciliaria que implica que su familia tenga montada en su casa casi una terapia intensiva, y lo que significa el corte de servicios es ni más ni menos que el retiro de la oxigenoterapia, el respirador y demás equipamiento que le permite seguir con vida.
Si bien le dieron un teléfono de contacto y una dirección, San Juan al 3000, de Rosario, con más de 40 llamadas efectuadas sin respuesta tanto allí como a las líneas de la obra social Ospat, y no pudiendo encontrar en el lugar más que un edificio de viviendas particulares, la familia denunció la situación.
“Hoy no tiene respuesta y en este momento Lucho vive por un gesto de humanidad de los prestadores que no retiran los equipos, pero no es más que un abandono de la obra social”, insistió Fiori, e indicó que “la mamá ya se contactó con abogados de APDH y se hará la denuncia ante la Defensoría del Pueblo”.
Institucionalización
Para Fiori la situación que atraviesa la familia de Lucho no es casual dentro del marco de la pandemia, sino que se enmarca desde hace tiempo “en un intento de las obras sociales que se ven en Santa Fe y en varias ciudades del país de sacarse de encima las internaciones domiciliarias planteando la institucionalización de los pacientes electrodependientes”.
La ecuación “es netamente económica”, indicó el hombre, y señaló que “hace apenas unos meses se detuvo un intento de estas características que fue brutal, no sólo porque querían institucionalizar a una chiquita, sino también a su mamá que también es discapacitada y hacerlo en entidades diferentes”.
“Lo mires por donde lo mires lo que intentan es gastar menos, cortar un negocio para dar paso a otro”, afirmó.
Escases en pandemia
A todo eso, se suma el contexto de pandemia donde los insumos escasean en todo el país y a nivel mundial, y donde las familias se agrupan “para poder distribuir lo poco que se consigue”.
Además de la falta de atención de las obras sociales que “están con líneas saturadas, respuesta que no llegan y una cuarentena que vino a ralentizar un sistema que ya de por sí era lento”.