Estudiantes, docentes, la CGT, legisladores y dirigentes de la oposición encabezarán este martes la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, en medio de las dificultades presupuestarias que experimenta la mayoría de las casas de estudios.

La convocatoria es “contra del ajuste presupuestario” de las universidades, que -según advierten- podría llevar a la caída del sistema de estudios público.

En las jornadas previas a la marcha se dieron una serie de clases públicas y abrazos a las instituciones de todo el país, antes de la movilización central de mañana a las 15.30.

La marcha se prevé multitudinaria ya que cuenta con el respaldo de la comunidad docente y estudiantil de las universidades públicas, con la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la cabeza, y también de entidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA), que anunciaron sus adhesiones.

Además, está comprometida la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica (CC), mientras que también se sumarán dirigentes de Unión por la Patria (UxP), de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda (FIT).

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su gabinete ya anticiparon que darán el presente en la marcha, al igual que el titular de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau.

Las complicaciones económicas derivadas de la no actualización del presupuesto educativo por parte del gobierno del presidente Javier Milei comenzaron a verse en la falta de entrega de insumos a los estudiantes y en casos como el de la Facultad de Medicina de la UBA, que debe cortar el suministro eléctrico en parte de su edificio porque no puede pagar la tarifa.

Una de las convocatorias que circuló en las redes sociales instó a los participantes a llevar “un libro en mano” cada uno de forma simbólica para ilustrar el reclamo.

Las críticas del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó este fin de semana contra la marcha nacional universitaria convocada para mañana y calificó el reclamo por el recorte presupuestario como “un berrinche”. 

El economista Gustavo Lazzari se refirió al tema en su cuenta en X: “He visto marchas pavotas pero como la del 23/4 por la universidad… ninguna. 1) No está en riesgo 2) el presupuesto aumentó 3) marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico clínico”.

Caputo le respondió por el mismo medio: “`Lacha` querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado `su negocio`”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en tanto, aseguró que la movilización convocada para este martes en reclamo de aumentos presupuestarios es “incentivada por la política”.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario señaló que el Gobierno respeta el “reclamo genuino” de los alumnos y docentes, pero aclaró que no permitirá que las universidades “sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio”.

“Transforman la marcha en una marcha incentivada por la política. Es genuino el reclamo, lo que no es genuino que desde un escritorio incentiven a que estas cuestiones ocurran con cierto incentivo detrás. Está demás decir que el Gobierno como todo gobierno liberal valora la educación pública, laica y federal. Esa educación pública nos hizo ser un faro en América, lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio. No lo vamos a permitir”, remarcó Adorni.

Urgencia en el presupuesto

El rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), Roberto Gallo, consideró que con el actual nivel presupuestario, en medio del fuerte incrementos de gastos, las casas de altos estudios pueden seguir funcionando a lo sumo hasta septiembre próximo.

“En las 62 universidades la situación es la misma. A algunas universidades les puede alcanzar hasta junio, a otras hasta agosto y a otras hasta septiembre”, sostuvo el rector del establecimiento que tiene su sede en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, en el partido de Merlo.

Gallo, al igual que otros rectores, recordó que el Gobierno ofreció un 140 por ciento de aumento en el presupuesto, en dos cuotas de 70, pero el mismo es sobre “los gastos de funcionamiento”, un rubro que abarca un diez por ciento del gasto de las universidades.

“Ese 70 por ciento, que no alcanza para paliar la situación, todavía no vino”, advirtió en declaraciones radiales.