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Granata y el bloque Somos Vida arremeten contra Pullaro por la reforma previsional de Santa Fe

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“No vamos a permitir el atropello a las instituciones santafesinas. La política tiene un límite: el respeto al reglamento, la ley y la Constitución”, expresó Granta en su cuenta de Instagram. Junto a los diputados provinciales fueron recibidos con aplausos de los trabajadores judiciales de los Tribunales de Santa Fe, que respaldaron la presentación.

La diputada provincial Amalia Granata y el resto de los integrantes del bloque Somos Vida presentaron este jueves una demanda judicial que pide la nulidad de la votación de la reforma previsional. Al hacerlo, fueron aplaudidos por los trabajadores judiciales de la capital santafesina.

La presentación de los legisladores enumera una serie de irregularidades que -sostienen- ocurrieron el pasado 12 de septiembre al momento de tratar la reforma jubilatoria que impulsó el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Se trata de una demanda declarativa de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley”, explicó la diputada provincial Silvia Malfesi, una de las integrantes del bloque Somos Vida.
“A través de esta demanda, queremos que la Justicia suspenda la implementación de esta ley que promulgó tan rápidamente el gobernador Maximiliano Pullaro”, acentuó, por su parte, Amalia Granata, quien preside el bloque legislativo.

“Logramos que eso no suceda y pasamos primero a argumentar -repasó la diputada en declaraciones a LT8 -, pero mientras estaba argumentando el diputado (Juan) Argañaraz, la presidenta de la Cámara (Clara García) interrumpió la sesión y le pidió al diputado (Pablo) Farías que haga una moción para cambiar el orden de la sesión. Farías la hace, pero para poder cambiar el orden (ellos querían terminar con los discursos y pasar a votar) tenés que tener los dos tercios de la Cámara. Él la hizo, García dijo ‘a votación’, levantaron la mano unos poquitos y lo dio como aprobado. No tenían los dos tercios para que pasemos a la votación, ahí está la primera de las irregularidades”, detalló.

“A continuación, Clara García empieza a gritar que pongan la votación en pantalla porque sabe de la irregularidad. Nos empezamos a levantar para quejarnos, ahí es cuando se ve que yo empiezo a mostrar el reglamento de la Cámara. Se vota y la presidenta dice: ‘Se cierra la votación con 23 votos positivos, 9 votos negativos y 11 abstenciones’. Mi bloque figura que se abstuvo, pero para abstenerse hay que pedir previamente la habilitación del cuerpo. Eso no pasó en ninguna de las 11 abstenciones que figuran. Es totalmente irregular”, añadió.

La presidenta del bloque Somos Vida agregó que la votación de los artículos de la ley de reforma previsional también se produjo a las corridas y sin que quede claro cuántas manos estaban levantadas en el recinto porque estaban muchos diputados parados.

“Fue todo un caos. Se pasó a un cuarto intermedio y terminaron las argumentaciones. Al volver de dicho cuarto intermedio ya no podíamos argumentar los votos. Figuro como que me abstuve, pero iba a votar en forma negativa. Recién pude dar mis argumentos al finalizar la sesión, que se habilitaron las manifestaciones. Todo es irregular, fraudulento, viciado de nulidad. Lo que hicieron es demostrar que son ellos los que manejan porque tienen la mayoría. Se pasaron la institucionalidad y el reglamento por donde se les cantó. Esta es la casta elevada a la máxima expresión”, aseveró.

La diputada provincial y el resto de los integrantes del bloque Somos Vida asistieron a realizar la demanda judicial alrededor de las 11.30 de este jueves. Al hacerlo, fueron recibidos con aplausos de los trabajadores judiciales. Una muestra de respaldo que también se repitió cuando los legisladores se retiraron de los Tribunales de Santa Fe.

Argentina

Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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Argentina

El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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Argentina

Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

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Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

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