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Policiales

Los quioscos de droga del clan Romero y la «nueva camada» que quiere recuperar «su territorio» de Nuevo Alberdi

Un fiscal provincial acusó por extorsiones, usurpaciones y ataques a domicilios y personas a cinco integrantes de la banda narco de la zona norte.

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Los quioscos de droga del clan Romero y la «nueva camada» que quiere recuperar «su territorio» de Nuevo Alberdi

El presunto líder sería «Lichi», condenado y preso en Piñero, quien imparte las órdenes al resto de la banda. En la audiencia se ventilaron hasta detalles de dónde venden estupefacientes, cuyo delito es de competencia federal

Cinco personas fueron imputadas este lunes por cometer balaceras a casas y personas, usurpaciones, extorsiones y venta de droga por órdenes impartidas desde prisión por al menos dos reclusos. Uno de ellos es conocido: Hernán Ramón «Lichi» Romero, líder de una de las organizaciones «pesadas» del hampa de la zona norte que está preso y condenado. Una de las personas acusadas se encontraba con arresto domiciliario y se presume que gatilló contra domicilios. El fiscal hasta expuso datos de dónde comercializan estupefacientes en barrio Stella Maris, cuyo delito es competencia de la Justicia federal.

La acusación fue realizada por el fiscal Federico Rébola de la unidad de balaceras, que es encabezada por Valeria Haurigot y también integrada por Pablo Socca. La información volcada en la audiencia imputativa por Rébola fue tan precisa que hasta describió ediliciamente los dos puntos de venta de droga de la organización, cuyo delito es de competencia federal. Los dos búnkeres están a metros de distancia, en barrio Stella Maris: Maradona entre Franklin y José Ingenieros; y Maradona y Génova.

Los cinco imputados fueron Marcelo Claudio C., Marcelo Ramón P., Rodrigo Leonardo C., Marianela Silvina R. (cursaba arresto domiciliario por causa por narcotráfico) y Elías Andrés C. Para todos el juez Alejandro Negroni dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, por lo que Marianela Silvina R. ahora pasó a una cárcel común.

Para el fiscal, los sospechosos formaban parte de una banda que funcionó al menos hasta el 8 de mayo pasado bajo órdenes de dos jefes: Hernán «Lichi» Romero y otro interno de nacionalidad peruana aún no identificado. Hay integrantes de esa presunta asociación ilícita que aún no fueron detenidos.

«Lichi» Romero, otra vez

Una de las líneas investigativas de la Fiscalía sugiere que Hernán Román «Lichi» Romero estaría detrás de todos los delitos atribuidos a los cinco acusados, impartiendo las órdenes y el manejo de la organización desde Piñero. «Lichi» está condenado como líder de una asociación ilícita a 7 años y 4 meses de prisión y una multa de 600 mil pesos.

Para Rébola, de la unidad de balaceras, «el clan Romero domina la zona norte desde hace una década. Han sido sindicatos por hechos de sangre, abusos de armas, usurpaciones y entraderas». Precisó que su anclaje está en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi y que en abril del año pasado «fueron los autores de un secuestro que desató una guerra con Los Monos, que incluyó balaceras con más de medio centenar de disparos con ametralladoras y hasta el uso de un fusil».

La disputa entre los Romero y Los Monos a la que hizo alusión el fiscal no es de ahora y no se inició específicamente por droga. Empezó por usurpaciones de casas en la denominada Zona Cero. Tuvo un rebrote a principios de abril del año pasado, cuando José Orlando C., ligado a Los Monos, fue secuestrado en Polledo al 3800 y luego fue arrojado en el kilómetro 4 de la ruta 34 con varias heridas de bala. De ahí en adelante hubo varios hechos de violencia e incluso un policía baleado en el cráneo.

Los imputados ayer de apellido C, para el fiscal, «tendrían un fuerte vínculo» con el clan Romero, ya que forman parte de la misma familia. «Serían la nueva camada de esta banda que quiere recuperar territorio que perdieron con la caída en prisión de sus principales cabecillas. Ahora la calle la manejan los chicos que crecieron en ese entorno, con una cultura delincuencial ligada al narcotráfico».

Los roles

De acuerdo a la acusación, Marcelo Claudio C. tenía como función la de participar en balaceras contra personas o casas. A veces era quien disparaba y otras el que manejaba el vehículo transportando a otro gatillero.

Marcelo Claudio C. fue, para el fiscal, uno de los autores de una balacera ocurrida el 8 de mayo pasado a las 16.30 en Pasaje Tobas al 8200, donde resultó herida una pareja que fue atacada por Marcelo C. y otros tres sospechosos que se desplazaban en un Volkswagen Fox gris. Las víctimas fueron una mujer que recibió un tiro en el pecho y su pareja, que fue herida de bala en una mano. Los dos fueron llevados al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Marcelo Claudio C. tiene 25 años recientemente cumplidos y acumula una gran cantidad de causas en su contra. En 2014 por homicidio simple; en 2017 por lesiones; en 2018 por lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego (fue condenado a 3 años de prisión condicional); en 2019 por tráfico de droga; y en 2021 por abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Marcelo Ramón P. era el encargado de guardar parte de las armas de la banda en su casa ubicada en Primera Junta al 1800. Ese inmueble también era un «aguantadero» de miembros de la organización buscados por la Justicia. También se lo imputó por el hallazgo en su domicilio de una carabina calibre 22, una escopeta, una pistola, un revólver calibre .38 largo y municiones de distintos calibres.

Rodrigo Leonardo C., según el fiscal Rébola, era gatillero y soldadito. Era quien realizaba ataques armados y a su vez administraba, controlaba y custodiaba al menos un quiosco de droga situado en Maradona entre Franklin y José Ingenieros, en un pasillo lindero a una verdulería.

A Marianela Silvina R. se le atribuyeron la autoría de balaceras, custodia, control y administración del mencionado búnker de droga de Maradona entre Franklin y José Ingenieros.

Elías Andrés C., para el fiscal, era el soldadito del quiosco de droga situado en Maradona a metros de Génova, en barrio Stella Maris. El frente del lugar tiene un tapial de mampostería revocado y un portón de acceso vehicular tipo de rejas metálicas pintadas de verde.

Mariano Román R. fue otro de los aprehendidos e imputados, pero al ser menor de edad su juzgamiento corresponde al Juzgado de Menores N° 3 de Rosario. Para Rébola, es el «sapo» de la banda, que significa ser el que «marca» domicilios para llevar adelante extorsiones, amenazas, balaceras y usurpaciones.

En la investigación, el fiscal detectó que Mariano Román R. y uno de los prófugos pernoctan en domicilios de familiares en calle Maradona al 800. Casualmente, esas casas fueron atacadas a tiros en reiteradas oportunidades en marzo y abril de este año. Es más, el fiscal sostuvo que en una misma semana se llegaron a realizar tres balaceras, algunas de ellas, reflejadas ya en Rosario3.

En una de las balaceras incluso resultó herido un familiar directo de Mariano Román R.

 

 

Fuente Rosario3

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Argentina

Reabrirán una investigación a Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales

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Lo dispuso la Cámara Federal porteña tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La Cámara Federal porteña dispuso reabrir una investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner y ordenó un peritaje contable en una denuncia por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

Así se dio a conocer tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.

Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera “global” con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.

“Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, sostuvo Llorens, quien remarcó: “La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

“Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, concluyó el juez.

Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.

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Santa Fe: ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de reforma jubilatoria

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En el Senado evaluaban la posibilidad de tratarlo este jueves. Plantea, en esencia, una emergencia por dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles a la Legislatura el proyecto de reforma previsional. La propuesta incluye tres puntos principales: una emergencia de dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición. En el Senado evaluaban la posibilidad de tratar el proyecto este jueves.

Una de las principales medidas del proyecto es que los jubilados que reciban más de dos jubilaciones mínimas deberán realizar un aporte solidario progresivo del 2% sobre sus ingresos. Además, los funcionarios activos de los tres poderes deberán aumentar su aporte hasta un 21%.

Precedentes. Tras la labor de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma previsional –que concluyó el 31 de julio–, el gobierno provincial redactó el proyecto de reforma. Durante el análisis, se escucharon las opiniones de diversos sectores relacionados con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, incluyendo gremios e instituciones colegiadas.

Actualmente, la Caja enfrenta un déficit mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, que debe ser cubierto por Rentas Generales de la provincia. Este déficit se cubre con fondos provenientes de los contribuyentes privados, lo que representa una carga constante para el presupuesto provincial.

Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.

A principios de agosto, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la ANSES proporcionaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.

Demoras. El envío del proyecto a la Legislatura se retrasó debido a discrepancias sobre algunos aspectos del texto, principalmente en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres en el sistema previsional de Santa Fe.

Inicialmente, se esperaba que el proyecto fuera enviado la semana pasada, pero las diferencias entre funcionarios del Gobierno y legisladores del socialismo causaron demoras. El objetivo del gobierno es que el proyecto sea consensuado entre los partidos del oficialismo antes de su presentación en las cámaras legislativas.

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Múltiples allanamientos por los crímenes de los trabajadores ocurridos en el mes de marzo

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Estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó nuevos allanamientos en el marco de la nueva Ley de Microtráfico y de la investigación por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario.

Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los bunkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de estado antijurídico será el martes 23.

“Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la Legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz.

El pasado martes, en el Centro de Justicia Penal se realizó una audiencia imputativa por la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en el que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero.

En audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone les atribuyeron a Alejandro Isaías N. de 28 años, Brenda Natalí P., Gustavo Alejandro M. de 29 años, Macarena Solange M. de 28 años y Axel Uriel R. diversos delitos; solicitando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados.

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