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Policiales

Los quioscos de droga del clan Romero y la «nueva camada» que quiere recuperar «su territorio» de Nuevo Alberdi

Un fiscal provincial acusó por extorsiones, usurpaciones y ataques a domicilios y personas a cinco integrantes de la banda narco de la zona norte.

Ailén Lazarte

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Los quioscos de droga del clan Romero y la «nueva camada» que quiere recuperar «su territorio» de Nuevo Alberdi

El presunto líder sería «Lichi», condenado y preso en Piñero, quien imparte las órdenes al resto de la banda. En la audiencia se ventilaron hasta detalles de dónde venden estupefacientes, cuyo delito es de competencia federal

Cinco personas fueron imputadas este lunes por cometer balaceras a casas y personas, usurpaciones, extorsiones y venta de droga por órdenes impartidas desde prisión por al menos dos reclusos. Uno de ellos es conocido: Hernán Ramón «Lichi» Romero, líder de una de las organizaciones «pesadas» del hampa de la zona norte que está preso y condenado. Una de las personas acusadas se encontraba con arresto domiciliario y se presume que gatilló contra domicilios. El fiscal hasta expuso datos de dónde comercializan estupefacientes en barrio Stella Maris, cuyo delito es competencia de la Justicia federal.

La acusación fue realizada por el fiscal Federico Rébola de la unidad de balaceras, que es encabezada por Valeria Haurigot y también integrada por Pablo Socca. La información volcada en la audiencia imputativa por Rébola fue tan precisa que hasta describió ediliciamente los dos puntos de venta de droga de la organización, cuyo delito es de competencia federal. Los dos búnkeres están a metros de distancia, en barrio Stella Maris: Maradona entre Franklin y José Ingenieros; y Maradona y Génova.

Los cinco imputados fueron Marcelo Claudio C., Marcelo Ramón P., Rodrigo Leonardo C., Marianela Silvina R. (cursaba arresto domiciliario por causa por narcotráfico) y Elías Andrés C. Para todos el juez Alejandro Negroni dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, por lo que Marianela Silvina R. ahora pasó a una cárcel común.

Para el fiscal, los sospechosos formaban parte de una banda que funcionó al menos hasta el 8 de mayo pasado bajo órdenes de dos jefes: Hernán «Lichi» Romero y otro interno de nacionalidad peruana aún no identificado. Hay integrantes de esa presunta asociación ilícita que aún no fueron detenidos.

«Lichi» Romero, otra vez

Una de las líneas investigativas de la Fiscalía sugiere que Hernán Román «Lichi» Romero estaría detrás de todos los delitos atribuidos a los cinco acusados, impartiendo las órdenes y el manejo de la organización desde Piñero. «Lichi» está condenado como líder de una asociación ilícita a 7 años y 4 meses de prisión y una multa de 600 mil pesos.

Para Rébola, de la unidad de balaceras, «el clan Romero domina la zona norte desde hace una década. Han sido sindicatos por hechos de sangre, abusos de armas, usurpaciones y entraderas». Precisó que su anclaje está en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi y que en abril del año pasado «fueron los autores de un secuestro que desató una guerra con Los Monos, que incluyó balaceras con más de medio centenar de disparos con ametralladoras y hasta el uso de un fusil».

La disputa entre los Romero y Los Monos a la que hizo alusión el fiscal no es de ahora y no se inició específicamente por droga. Empezó por usurpaciones de casas en la denominada Zona Cero. Tuvo un rebrote a principios de abril del año pasado, cuando José Orlando C., ligado a Los Monos, fue secuestrado en Polledo al 3800 y luego fue arrojado en el kilómetro 4 de la ruta 34 con varias heridas de bala. De ahí en adelante hubo varios hechos de violencia e incluso un policía baleado en el cráneo.

Los imputados ayer de apellido C, para el fiscal, «tendrían un fuerte vínculo» con el clan Romero, ya que forman parte de la misma familia. «Serían la nueva camada de esta banda que quiere recuperar territorio que perdieron con la caída en prisión de sus principales cabecillas. Ahora la calle la manejan los chicos que crecieron en ese entorno, con una cultura delincuencial ligada al narcotráfico».

Los roles

De acuerdo a la acusación, Marcelo Claudio C. tenía como función la de participar en balaceras contra personas o casas. A veces era quien disparaba y otras el que manejaba el vehículo transportando a otro gatillero.

Marcelo Claudio C. fue, para el fiscal, uno de los autores de una balacera ocurrida el 8 de mayo pasado a las 16.30 en Pasaje Tobas al 8200, donde resultó herida una pareja que fue atacada por Marcelo C. y otros tres sospechosos que se desplazaban en un Volkswagen Fox gris. Las víctimas fueron una mujer que recibió un tiro en el pecho y su pareja, que fue herida de bala en una mano. Los dos fueron llevados al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Marcelo Claudio C. tiene 25 años recientemente cumplidos y acumula una gran cantidad de causas en su contra. En 2014 por homicidio simple; en 2017 por lesiones; en 2018 por lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego (fue condenado a 3 años de prisión condicional); en 2019 por tráfico de droga; y en 2021 por abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Marcelo Ramón P. era el encargado de guardar parte de las armas de la banda en su casa ubicada en Primera Junta al 1800. Ese inmueble también era un «aguantadero» de miembros de la organización buscados por la Justicia. También se lo imputó por el hallazgo en su domicilio de una carabina calibre 22, una escopeta, una pistola, un revólver calibre .38 largo y municiones de distintos calibres.

Rodrigo Leonardo C., según el fiscal Rébola, era gatillero y soldadito. Era quien realizaba ataques armados y a su vez administraba, controlaba y custodiaba al menos un quiosco de droga situado en Maradona entre Franklin y José Ingenieros, en un pasillo lindero a una verdulería.

A Marianela Silvina R. se le atribuyeron la autoría de balaceras, custodia, control y administración del mencionado búnker de droga de Maradona entre Franklin y José Ingenieros.

Elías Andrés C., para el fiscal, era el soldadito del quiosco de droga situado en Maradona a metros de Génova, en barrio Stella Maris. El frente del lugar tiene un tapial de mampostería revocado y un portón de acceso vehicular tipo de rejas metálicas pintadas de verde.

Mariano Román R. fue otro de los aprehendidos e imputados, pero al ser menor de edad su juzgamiento corresponde al Juzgado de Menores N° 3 de Rosario. Para Rébola, es el «sapo» de la banda, que significa ser el que «marca» domicilios para llevar adelante extorsiones, amenazas, balaceras y usurpaciones.

En la investigación, el fiscal detectó que Mariano Román R. y uno de los prófugos pernoctan en domicilios de familiares en calle Maradona al 800. Casualmente, esas casas fueron atacadas a tiros en reiteradas oportunidades en marzo y abril de este año. Es más, el fiscal sostuvo que en una misma semana se llegaron a realizar tres balaceras, algunas de ellas, reflejadas ya en Rosario3.

En una de las balaceras incluso resultó herido un familiar directo de Mariano Román R.

 

 

Fuente Rosario3

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Giro de horror en Rosario: caen nueve policías acusados de prender fuego vivo a un hombre en un operativo

Una mentira oficial que se sostuvo durante dos años terminó de desmoronarse por completo. Nueve efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en las últimas horas y serán llevados a audiencia imputativa el próximo martes, acusados de un aberrante caso de violencia institucional: haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre durante un procedimiento, para luego armar un acta falsa y hacer pasar el ataque como un accidente doméstico.

Ailén Lazarte

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El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

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Horror en Empalme Graneros: se multiplican las denuncias por abuso sexual en un jardín de infantes

La comunidad educativa del barrio Empalme Graneros se encuentra atravesada por la angustia y la indignación. En las últimas horas, la tensión frente al Jardín de Infantes N° 234 «Justo José de Urquiza», ubicado en la intersección de las calles Juan José Paso y Larrechea, escaló por completo tras confirmarse que ya suman al menos tres las denuncias formales por presuntos abusos sexuales cometidos contra niños de las salas de 4 y 5 años. Las familias exigen respuestas inmediatas a las autoridades ministeriales y el apartamiento preventivo de todo el personal bajo sospecha.

Ailén Lazarte

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El caso que encendió las alarmas judiciales tuvo como denunciante a la madre de un alumno de 5 años, quien radicó la presentación el pasado lunes ante la Comisaría de la Mujer. Según el crudo relato de la mujer, su hijo comenzó a manifestar cambios drásticos en su conducta y, tras un proceso de contención familiar, logró poner en palabras los ultrajes que presuntamente ocurrían dentro del establecimiento escolar durante el horario de clases.

A partir de la difusión de este primer hecho, el efecto dominó fue inmediato. Otras dos familias de la institución se presentaron ante los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) manifestando relatos con alarmantes coincidencias metodológicas y señalando el mismo entorno como escenario de los ataques. La investigación penal quedó centralizada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde ya se ordenaron las primeras medidas de contención psicológica para las víctimas a través del equipo interdisciplinario de Cámaras Gesell.

Frente a las puertas del establecimiento, un nutrido grupo de padres y vecinos improvisó una protesta con carteles y aplausos para visibilizar el reclamo y exigir que el Ministerio de Educación provincial intervenga la institución de manera urgente. «Queremos saber quién cuidaba a nuestros hijos y por qué nadie vio nada; la dirección del jardín intentó minimizar el tema al principio y eso es complicidad», reclamó con dureza uno de los familiares presentes en la manifestación.

Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y peritajes clave para determinar las responsabilidades materiales dentro del jardín, las autoridades educativas dispusieron el inicio de un sumario administrativo interno, aunque para la comunidad afectada, los tiempos de la burocracia estatal corren muy por detrás del dolor y la urgencia de las familias.

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El fin de la farsa: cayó en Córdoba uno de los siete prófugos más buscados de Santa Fe

La libertad clandestina de Samuel Elías Reyes terminó en un tranquilo pueblo del interior cordobés. El hombre, que cargaba sobre su espalda con una recompensa de 20 millones de pesos y el peso de ser uno de los criminales más buscados de la provincia de Santa Fe, fue cercado y detenido por la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI). Lo buscaban por un ensañamiento brutal: el asesinato de Zamir Torres, un nene de apenas 4 años.

Ailén Lazarte

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El operativo que le puso las esposas a Reyes fue el resultado de semanas de inteligencia silenciosa, seguimientos y cruce de datos. El prófugo había elegido como búnker de soga la localidad de La Puerta, a unos 125 kilómetros de la capital cordobesa, creyendo que la distancia lo mantendría a salvo del radar santafesino. Sin embargo, el cerco sobre los fugitivos de máxima peligrosidad se activó con precisión quirúrgica.

El crimen que originó la cacería ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, un territorio de menos de 10 mil habitantes donde la violencia ligada al narcomenudeo se escribe con sangre con demasiada frecuencia. Aquella jornada, Brian «Peladito» Martínez —un exconvicto conocido en el ambiente policial— manejaba un Ford Fiesta por las inmediaciones de la calle 7. Sentado entre sus piernas iba su pequeño hijo, Zamir.

La emboscada fue letal. El vehículo fue interceptado y una ráfaga de al menos ocho balazos atravesó el parabrisas. Los atacantes no midieron consecuencias ni tuvieron piedad: «Peladito» Martínez sobrevivió milagrosamente a los impactos en su cuerpo, pero su pequeño hijo Zamir sufrió heridas gravísimas que le quitaron la vida, ante los ojos desesperados de su madre, quien intentó rescatarlo del auto en medio del horror. Horas más tarde, el Fiat Cronos usado por los sicarios —que tenía denuncia de robo en la localidad de Vila— apareció incendiado, en un intento por borrar las huellas.

Para los investigadores, el trasfondo detrás del ataque no es más que otra violenta disputa territorial entre bandas rústicas por el control de la droga en la región fronteriza.

Tras confirmarse la captura de Reyes, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó el funcionamiento del programa de recompensas como una pieza clave para quebrar los pactos de silencio: “Son delincuentes y muchas veces quienes conocen su paradero terminan aportando información. Lo importante es que la Justicia pueda actuar y que estas personas respondan por los delitos que cometieron”, remarcó. Ahora, el detenido deberá sentarse frente al tribunal para responder por una balacera que destruyó una familia y dejó una huella imborrable de crueldad en la provincia.

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