El Gobierno enfrentará en los próximos días nuevas presiones y protestas para reabrir las paritarias del sector público.

Gremios de la administración nacional, docentes universitarios y científicos, junto con personal de salud, exigen una mejora para más de dos millones de empleados, incluyendo provincias y municipios, ante el avance de acuerdos en el ámbito privado, el malestar por la postergación de subas en el Estado y el temor a restricciones fiscales bajo un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional.

El principal pedido lo encabezará el titular de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy. Con la discusión vencida en mayo, el Ejecutivo le pidió en junio al líder de ATE y a su par de UPCN, Andrés Rodríguez, un cuarto intermedio sin fecha.

«La inflación sigue galopando así que vamos a empezar a abordar con más firmeza y decisión para que en septiembre reabra la discusión«, confirmó a iProfesional y dijo que «el argumento de que hay problemas fiscales puede ponerlo el FMI, no el Gobierno«.

El reclamo del dirigente oficialista se apoya en la ampliación presupuestaria presentada por el Ejecutivo. Allí, se advierte que los ingresos de los estatales retrocedieron un 36% durante la gestión de Mauricio Macri. Luego de recibir una suba del 28% en 2019, la paritaria preveía una revisión en noviembre y febrero pasado, pero en lugar de dichos incrementos se otorgó por decreto un adelanto no remunerativo de $3.000 en febrero y $4.000 en marzo para sueldos de hasta $50.000 netos.

La defensa del salario será uno de los puntos que impulsará este lunes la CTA Autónoma en un congreso junto a movimientos y cooperativas. La agenda, que incluye la defensa del mercado interno y el impuesto a las grandes fortunas, busca diferenciarse de la CGT, cuya cúpula se reunió el jueves con organizaciones territoriales, tras hacer lo propio con entidades empresarias (UIA, AEA y Foro Convergencia) en su intento -no sin tensiones- por ganar influencia en las decisiones oficiales.

Sin romper la paz social, las centrales obreras, incluida la CTA de los Trabajadores liderada por Hugo Yasky, siguen con atención las negociaciones con el Fondo. El Gobierno solicitó el jueves al organismo un nuevo programa de asistencia financiera y se comprometió a reducir el déficit fiscal primario, un planteo que preocupa a los sindicatos estatales ante la negativa a actualizar los salarios bajo el argumento de priorizar el pago de subsidios, incluidos los ATP, y la demora en gravar las grandes fortunas.

Nuevas señales fiscales

La tensión sobrevoló el pasado miércoles en la apertura de la paritaria de los docentes universitarios encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Durante la reunión virtual, las autoridades prorrogaron desde julio hasta octubre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), una suma no remunerativa que se duplicó a $1.210 en marzo, y confirmaron un crédito unipersonal para comprar notebooks. Pero sin presentar una oferta salarial, por lo que la discusión continuará el 9 de septiembre.

La falta de definiciones chocó con las expectativas de los gremios (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera) de recomponer los ingresos de 190.000 profesores. En 2019 el aumento fue del 40% y este año tuvieron un 16% entre marzo y junio, en lugar del 14,7% previsto en la cláusula gatillo por el período octubre-febrero.

«Tenemos un desfasaje inflacionario del 13% y nos ofrecieron cero aumento», señaló el secretario adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Rosello.

La estrategia con los docentes universitarios es similar a la adoptada con los maestros de nivel primario y secundario. En junio, el Gobierno prorrogó por cuatro meses también el pago del FoNID y el pago de $210 de material didáctico, una cifra muy por debajo de un servicio básico de internet, de $1.000. La ausencia de un incremento salarial sumó así malestar, en medio del incumplimiento de acuerdos firmados en 11 provincias, además del retraso del pago de salarios y aguinaldo en otros 11 distritos.

«El gobierno nacional y provincial están en deuda con los docentes, en Chubut hace dos meses que no cobran el sueldo y el FoNid se sostiene sin aumento, evidentemente hay otras prioridades», señaló Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Educación de CGT. Con un salario inicial de $31.000, unos 300.000 docentes de un total de 1,1 millones no cubren la canasta familiar de pobreza, que en julio ascendió a $44.500, según el dirigente.

La paritaria educativa, restituida por la gestión de Alberto Fernández, habría sido uno de los puntos de tensión entre Trotta y su viceministra Adriana Puigross, quien terminó renunciando hace más de una semana. El abogado vinculado al líder del gremio de porteros Victor Santamaría ya había confrontado con su número dos por sus críticas a las pruebas de la OCDE (PISA), la demora en la reapertura de direcciones eliminadas en la gestión de Macri y el aparente recorte de funciones al área de la pedagoga vinculada a Ctera.

La renuncia de Puigross abrió un nuevo capítulo en los tironeos con la principal central de maestros del país integrada a la CTA de Yasky, en momentos que desde Nación sostienen que «los docentes dependen de cada provincia». El Ministerio de Ciencia y Técnica enfrentará este jueves una protesta de trabajadores del CONICET en el Polo Científico de Palermo. En julio, el directorio reconoció en un acta que «es probable que se otorgue (una mejora) el año entrante» a los 25.000 empleados del organismo.

En los últimos días, el titular de la cartera, Roberto Salvarezza, salió a poner paños fríos en los últimos días al pedir más tiempo para encontrar una solución. Pero la situación encendió las alarmas,ya que los salarios del CONICET se rigen por el mismo estatuto que los estatales. Las organizaciones gremiales se quejan de que los salarios están «congelados» desde hace un año y que la paritaria venció en mayo, sin recibir incluso la suma fija de febrero y marzo asignada a los empleados de la administración central.

La salud pública, en conflicto

Por lo pronto, la salud es el sector estatal de mayor conflictividad. En una jornada de luto organizada por ATE por los más de 20.000 contagios y 80 fallecidos en la actividad, Godoy mantuvo una reunión el jueves con el ministro de Salud, Ginés González García, en la que le pidió un plan de relevos por el agotamiento del personal sanitario, la extensión por otros cuatro meses del bono de $5.000 en cuatro tramos que todavía están percibiendo 700.000 trabajadores de la salud, y la apertura de la paritaria.

Si bien en el área también alegan limitaciones fiscales para resolver los reclamos, la suba del 22% desde enero acordada la semana pasada por el gremio de Sanidad en el sector privado reanimó las protestas en los hospitales.

«En el pico de la pandemia descongelar salarios de la salud privada y persistir con el congelamiento de los 400.000 trabajadores de la salud pública es absolutamente inentendible», señaló días atrás la titular de la Federación de Profesionales de la Salud, María Fernanda Biotti.