Estela (*), es rosarina y tiene 57 años. En junio de 2016 murió su mamá, dejando a ella y su hermano como herencia una casa en Marcos Paz al 6153, en la zona oeste de la ciudad. Iniciaron los trámites de sucesión y, mientras tanto, decidieron poner la propiedad en venta. Pero los planes se alteraron de pronto al descubrir una maniobra oscura y que no es nueva.

Con la parte del dinero que le correspondiera Estela pensaba empezar a pagar un departamento, su vivienda propia. La posibilidad se le presentaba, como a la mayoría, tras una pérdida importante.

Ya había pasado más de un año y el trámite de sucesión no salía. Era octubre de 2017 y Estela sentía que algo no andaba del todo bien. Conociendo su angustia, un grupo de amigos decidió consultar el estado del trámite en mesa de entrada del juzgado civil y comercial, y fue así que supieron que en tres días, el 6 de octubre de 2017, le remataban la propiedad heredada. Allí inició una lucha que continúa al día de hoy.

La abogada de la damnificada Florencia Fortuna Tapia asegura que «fue una situación de consternación para mi representada, que no entendía qué había pasado, nunca había sido notificada de deuda alguna, ni conocía al abogado que litigaba contra ella por el pago de honorarios con la sucesión de esa misma propiedad».

«Empezamos a rastrear los expedientes para determinar qué había pasado y ahí nos encontramos con lo que consideramos una estafa, que se está intentando llevar adelante. Hablo en presente porque al día de hoy, y por más que se logró frenar el remate hace dos años, la propiedad sigue el peligro», señaló la representante legal.

La información que encontraron en los expedientes de los trámites de sucesión de la casa no sólo no avala el pedido de honorarios de un abogado al que no conocen, sino en que el lapso de 10 años aparece tres veces reconstruido el expediente por supuestas pérdidas. En una de esas reconstrucciones el abogado D.P.V. aparece como apoderado, pero sin poder que lo avale.

«Él se presentó ante el juzgado pidiendo que le regulen honorarios por la sucesión de la casa en el año 2009, fecha en la que aún la madre de la damnificada estaba viva. Allí hubo un engaño al juzgado que aceptó la actuación y reguló esos honorarios como sí él hubiese actuado en un trámite de sucesión de esa propiedad, cosa que es imposible si no hay poder que lo habilite», detalló la letrada.

Sin dar notificación a las partes de estos supuestos honorarios que le debían, empezó en 2010 un juicio contra Estela y su hermano sin notificarlos. «Hay once órdenes de notificación del juzgado que él incumple, y sin embargo el juicio siguió avanzando sin conocimiento de mi representada. Solo en tres oportunidades el expediente muestra notificaciones, que son inválidas ya que son a domicilios que no corresponden con el domicilio legal de mi defendida», describió Fortuna Tapia.

«En el fuero civil se demostró totalmente que este profesional no sólo no es apoderado ni tiene ningún tipo de patrocinio o poder de ningún tipo, sino que además notificaba irregularmente. A pesar de esto, el juzgado negó el pedido de nulidad de todo el juicio y el remate que es su consecuencia», explicó.

En este sentido añadió que «por todo esto la titular del juzgado fue denunciada ante la Corte Suprema de la justicia provincial por la causal que se presenta en el artículo 7, inciso segundo de la ley 7050, de enjuiciamiento a magistrados», detalló.

«Por todo esto hace ya más de un año, yo como abogada interpuse una denuncia penal por estafa procesal. Se trata de un engaño a un juzgado para que le regulen honorarios y con eso el inicio de un proceso de cobro, del cual no notificó para que no se advierta que nadie le debía nada y mediante esta maniobra fraudulenta ejecutar un inmueble por una deuda ilegítima», explicó la abogada.

Luego de muchas idas y vueltas, tras más de un año, recién este mes se llegó a la instancia de imputación. «Es un logro que hoy se esté llegando a la instancia, pero no deja de ser desgastante la serie de irregularidades con las que uno se encuentra, para mí como abogada, mucho más para mi representada que se encuentra peleando contra una serie de irregularidades sistemáticas que hoy mantienen en riesgo de remate su propiedad, aquella con la que esperaba poder comprarse un departamento», puntualizó.

«Quienes perpetúan este tipo de estafas juegan con el factor emocional. Las personas suelen enterarse que se les está por rematar la casa o incluso que se la remataron, y sin hacer muchas averiguaciones paga una deuda inexistente ante la posibilidad de quedarse sin la propiedad», lamentó la abogada. «El atino de la damnificada que represento es no haber cedido a este factor sorpresa y emocional que utilizan quienes buscan perpetuar la estafa, y dirimir esto ante la justicia», expresó

«Queremos dar a conocer esto, porque entendemos que es de una gravedad institucional inusitada ya que se estaría usando la administración de justicia con el objetivo de adquirir un inmueble con una deuda ilegítima, para subastar la propiedad a un precio irrisorio», explicó.

Las sospechas entorno al caso son muchas y más que una situación particular, todo parece vislumbrar una red de estafa con fines de desarrollo inmobiliario. De hecho el abogado al que denuncian tiene a su nombre dos razones sociales, cuyo objeto social dentro de las actividades que declara se encuentran cuestiones vinculadas al negocio inmobiliario.

Este miércoles se iba a llevar adelante la audiencia imputativa por el delito de estafa procesal contra R.P.V. pero no se ajustó a derecho y no se presentó. El abogado está en rebeldía. «Lo más grave de todo esto es que aquí hay un abogado ejerciendo y que va a ser imputado», concluyó la abogada de la víctima.