El equipo económico de Mauricio Macri, aquel encargado originalmente de tomar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también quienes debieron continuar con las tratativas con el organismo hasta el último día de la gestión de Cambiemos, cree que la denuncia penal anunciada por Alberto Fernández ayer en la apertura de las sesiones ordinarias es política.
Según se pudo reconstruir con tres exfuncionarios de primera línea del exMinisterio de Hacienda, los dichos de Fernández son vistos como un contraataque para salir de la crisis que generó en el Gobierno el escándalo del Vacunatorio VIP. «Saben que el tema de la deuda y también el de la Justicia prenden en la gente en tiempos de agendas complicadas», contaron, y agregaron que no hay argumentos técnicos para sostener la denuncia presidencial.
La respuesta al ataque de los técnicos de Cambiemos no fue consensuada internamente. Para algunos de los exfuncionarios macristas, el silencio era incluso la opción. «Si les contestás, les das entidad», dijo uno de los hombres que fue parte del equipo que negociaba el financiamiento para la Argentina. Sin embargo, otros decidieron responder con explicaciones y datos. Este último camino fue el que siguieron ayer Guido Sandleris, exdirector del Banco Central (BCRA), y el exministro de Economía, Hernán Lacunza en sus redes sociales.
«Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado», dijo el Presidente.
«Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ‘ser parte del primer mundo’. Conoce también qué fue el ‘blindaje’ y qué fue el ‘megacanje’. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria», siguió Fernández. «Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo», cerró.
Fue ahí cuando dijo que había instruido a las autoridades para que inicien querella criminal tendiente a determinar «quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
La respuesta de Cambiemos
«El Presidente en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de hoy (por ayer) se refirió de nuevo al endeudamiento que tuvo lugar durante el gobierno de Macri. Sus afirmaciones contienen algunas imprecisiones y omiten aspectos importantes que voy a explicar en este hilo», afirmó Sandleris en su cuenta de Twitter. «La deuda no sale de un repollo. Cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal, sus gastos exceden sus ingresos, y necesita que le presten para financiarlo. Así de simple, no hay misterio», siguió.
«Los gobiernos que reducen el déficit fiscal van reduciendo primero la velocidad a la que se endeudan, cada año la deuda crece menos, y luego, cuando pasan a tener superávit, su deuda comienza a bajar. No hay desendeudamiento genuino sin superávit fiscal. El gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (-3,8% del PBI en 2015). A partir de 2018, la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado (-0,4% del PBI)», explicó el profesor universitario y dijo: «Dos de cada tres dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas. La deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a US$ 241.000 millones». Esos son los mismos datos que actualmente aparecen en la página web del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
«La comparación con los gobiernos de CFK y con el actual en cuanto a la responsabilidad fiscal es contundente. Durante los gobiernos de CFK, el resultado fiscal empeoró todos los años (recibió un superávit cercano a 3% del PBI y entregó un déficit de -3,8%). Durante 2020, primer año de la presidencia de Alberto Fernández, el déficit fiscal primario, impulsado por la pandemia y las decisiones de política sanitaria y económica del gobierno, volvió a empeorar alcanzando niveles récord en casi medio siglo (-6,5% del PBI)», dijo.
Hernán Lacunza también tuiteó ayer sobre la deuda externa que le tocó gestionar. «En 2020, la deuda aumentó más que en el promedio 2016-19: US$21.000 millones (6,75% interanual a septiembre, último dato oficial), versus US$17.800 promedio en el cuatrienio anterior (6,72% promedio anual septiembre 2019 versus septiembre de 2015)», dijo el último exministro de Economía de Macri. «Lógico. Volvió el déficit fiscal (porque ‘deuda hija, déficit padre’): 0,4% déficit primario 2019 versus 6,5% en 2020 (2,5% sin Covid), que había costado mucho bajarlo en cuatrienio anterior. Ojo que tiene inercia (deuda futura)», alertó el economista.
Sandleris también se refirió al préstamo que realizó el FMI y por el que llegaron desembolsos de US$44.000 millones. «El préstamo con el FMI casi no aumentó la deuda pública», dijo. El economista afirmó que a fines de 2019 era casi idéntica a la de fines de 2017 (US$323.000 millones contra US$320.000 millones). «¿Cómo se explica que el préstamo con el FMI no haya aumentado la deuda pública? Muy sencillo, el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas. Es decir, el préstamo con el FMI básicamente reemplazó una fuente de financiamiento con otra», agregó el economista, que dijo que todo el financiamiento fue aprobado a través de las leyes de presupuesto en el Congreso.
Hoy la respuesta de parte del Gobierno llegó de la mano de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Producto. «Se justifica el endeudamiento irresponsable de la gestión de Mauricio Macri desde una identidad contable que vincula el resultado fiscal con la deuda pública bruta. Sin embargo, parecen olvidarse algunas cuestiones: no es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. En moneda local, el riesgo de default es muy bajo. En la historia económica mundial contemporánea son muy pocos los países que en su historia defaultearon su deuda en moneda local. Uno fue el gobierno de Macri», afirmó el ministro en su cuenta de Twitter.
«Algunos dicen que el endeudamiento en dólares era inevitable dado que el país no podía endeudarse en moneda local. Sin embargo, el crecimiento del stock de Lebacs durante 2017 es uno de varios elementos que contradicen este argumento», dijo y agregó: «No es lo mismo endeudarse con otros organismos del sector público que con el sector privado o el FMI. El endeudamiento «intrasector público» tiene mayor probabilidad de roll over y de lograr mejores condiciones de refinanciación».
«El crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, deuda «intrasector publico», estimó y cerró: «A posteriori, los dólares que recibieron los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios financiando los niveles record de dolarización de portafolio de la gestión anterior. El endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra».
«Hay muchos temas que les venían pegando abajo de la cintura, pero principalmente el tema de la vacunación VIP», contaron cerca de un exprimera línea del equipo económico. «Con este tema siempre encontraron lugar para pegarle al gobierno anterior. El tema de la deuda es difícil de entender y la gente pica con ‘el macrismo nos endeudó’. Se sienten cómodos jugando este partido y el de la Justicia. Pero esta es una denuncia política», aclaró.
«Esto es claro. La Argentina tenía déficit fiscal y deuda a pagar. El endeudamiento se usó para cubrir el déficit y pagar la deuda. Cuando se cerró el mercado fuimos al Fondo, que era más barato. Todo estuvo en el marco de la ley de endeudamiento y el equipo se presentó dos veces en la bicameral del Congreso para dar explicaciones», recordó.
El préstamo del Fondo
Según informó el gobierno de Cambiemos antes del cambio de gestión, los desembolsos que llegaron del organismo que conduce Kristalina Georgieva fueron US$44.149 millones. Netos, tras las comisiones y reembolsos, quedaron US$43.922 millones.
De ese total de desembolsos realizados por organismos multilaterales de crédito, se aplicaron a distintos conceptos US$42.007 millones, dijeron entonces fuentes oficiales. Al 31 de octubre de 2019, el Tesoro tenía disponible la suma de US$1916 millones. Se usaron US$14.256 millones para pagar letras; US$10.459 millones para Bonar; US$5427 millones para bonos internacionales en dólares; US$293 millones para bonos internacionales en euros y francos; US$2579 millones de organismos multilaterales y bilaterales; US$1577 millones en discount; US$245 millones en PAR; US$253 millones en Bono Plan Gas; US$205 millones en «otros».
Del total de lo utilizado (los US$42.149 millones), se usaron para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera la suma de US$35.294 millones (80% del total), para cancelar servicios de deuda en moneda nacional US$6072 millones (14%) y para gastos primarios en moneda extranjera -principalmente importaciones de combustible- US$641 millones (1%).
El Fondo prepara un informe para evaluar el programa implementado por el gobierno de Macri en el que, se prevé, se hará referencia al uso de los fondos que recibió el gobierno anterior. El informe, una suerte de autopsia del SBA otorgado en 2018, que quedó en el limbo luego de las primarias de 2019, está a cargo del equipo que dirige el economista noruego Odd Per Brekk.
Granata habló de una “maldición de los vuelos privados” y apuntó contra dirigentes libertarios
La diputada provincial santafesina cuestionó en redes sociales a figuras cercanas al oficialismo nacional y vinculó sus carreras políticas con polémicas por el uso de aviones privados.
La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, volvió a generar repercusiones en el ámbito político luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a varios dirigentes vinculados al espacio libertario y habló de lo que denominó “la maldición de los vuelos privados”.
La legisladora hizo referencia a recientes polémicas relacionadas con viajes en aviones privados o vuelos oficiales y señaló que ese tipo de situaciones termina teniendo consecuencias políticas para quienes se ven involucrados.
Granata apuntó particularmente contra el actual jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de la discusión pública tras el viaje de la comitiva presidencial a Estados Unidos, en el que participó su esposa. La presencia de familiares en ese traslado generó cuestionamientos y denuncias, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos oficiales.
En ese contexto, la diputada sostuvo que ese episodio podría derivar en un desgaste político similar al que, según su interpretación, ya afectó a otros dirigentes.
En su publicación también mencionó a la senadora nacional Carolina Losada, al recordar que —según su planteo— su carrera hacia la gobernación santafesina se vio afectada cuando se conoció que había utilizado un avión privado durante la campaña electoral.
Además, incluyó en la lista al economista y dirigente liberal José Luis Espert, a quien vinculó con una situación similar relacionada con vuelos privados que, según su interpretación, habría impactado en su proyección política.
“Se pierden con el poder y los privilegios que ellos mismos criticaban”, escribió Granata en su mensaje, donde cuestionó lo que considera contradicciones dentro del espacio libertario. La legisladora concluyó su comentario señalando que esos episodios representan, a su juicio, una muestra de cómo el acceso al poder puede alejar a algunos dirigentes de las ideas que defendían en sus comienzos.
Las declaraciones reavivaron la discusión política en redes sociales y generaron reacciones tanto de dirigentes oficialistas como de sectores opositores, en medio de una semana marcada por polémicas y cruces dentro del escenario político nacional.
Suspensión de clases en un colegio de Rosario por una amenaza mafiosa
Una escuela de la zona sur de Rosario debió suspender sus actividades luego de que apareciera una bandera con un mensaje amenazante en el ingreso al establecimiento. La situación generó alarma entre docentes y familias, mientras la policía inició una investigación para determinar quién colocó el cartel intimidatorio.
La tranquilidad de la primera semana del ciclo lectivo se vio interrumpida en un colegio de la zona sur de Rosario tras el hallazgo de una bandera con un mensaje intimidatorio colocado en el frente del establecimiento. La aparición del cartel encendió las alarmas y llevó a las autoridades escolares a suspender las clases por precaución.
El hecho fue detectado durante las primeras horas de la mañana, cuando personal del colegio advirtió la presencia de la tela con una amenaza escrita. Ante la situación, se dio aviso a la policía y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.
Alarma entre docentes y familias
Poco después del ingreso de los alumnos al edificio, los directivos tomaron la decisión de suspender las actividades para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores del establecimiento. La medida generó preocupación entre las familias que se acercaron al lugar al conocer lo ocurrido.
Las fuerzas de seguridad realizaron las primeras tareas en el sitio, que incluyeron el retiro de la bandera y el relevamiento de posibles pruebas para avanzar con la investigación.
Investigación en marcha
El episodio quedó bajo análisis de la policía y de la Justicia, que buscan establecer quién o quiénes colocaron la amenaza y cuál era el objetivo del mensaje. También se intenta determinar si el hecho está vinculado con otros episodios de intimidación registrados en distintos puntos de la ciudad en los últimos tiempos.
Mientras tanto, las autoridades educativas y policiales trabajan para garantizar condiciones de seguridad en la zona antes de retomar la actividad escolar con normalidad.
El caso vuelve a poner en agenda el impacto que generan los mensajes intimidatorios vinculados a disputas delictivas, que en ocasiones utilizan espacios públicos o instituciones para enviar advertencias o amedrentar a determinados destinatarios.
La nueva legislación laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya está en vigencia tras su aprobación en el Congreso y publicación oficial. La normativa introduce modificaciones en el régimen de indemnizaciones, el período de prueba, los aportes sindicales y la organización de la jornada laboral, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y fomentar la contratación formal.
La reforma laboral aprobada por el Congreso nacional comenzó a aplicarse oficialmente en todo el país y marca uno de los cambios más profundos en la regulación del empleo en las últimas décadas. La norma forma parte del paquete de reformas económicas promovidas por la administración de Javier Milei, que sostiene que la iniciativa busca modernizar el sistema laboral y promover la creación de empleo formal.
Entre los puntos más destacados de la nueva legislación se encuentran modificaciones en las reglas de contratación, despidos y organización de la jornada laboral, además de cambios en el funcionamiento de los convenios colectivos y en los aportes vinculados a los sindicatos.
Cambios en indemnizaciones y fondos de cese
Uno de los ejes centrales de la reforma está relacionado con el sistema de indemnizaciones por despido. A partir de la nueva normativa, el cálculo se realizará sobre el salario mensual habitual, dejando afuera conceptos que no se perciben de manera regular, como el aguinaldo o las vacaciones.
Además, la ley habilita la creación de fondos de cese laboral mediante convenios colectivos. En este esquema, el empleador realiza aportes periódicos a un fondo individual y, cuando finaliza la relación laboral, el trabajador recibe el monto acumulado.
Período de prueba más largo
Otro cambio relevante es la extensión del período de prueba. Con la nueva ley, el plazo general pasa a ser de seis meses, mientras que en empresas muy pequeñas —de hasta cinco empleados— puede llegar a ocho meses. Durante ese tiempo, el vínculo laboral puede finalizar sin que corresponda indemnización, aunque el trabajador debe estar registrado y con aportes desde el inicio.
Nuevas reglas para aportes sindicales
La legislación también introduce límites en los aportes vinculados a las organizaciones sindicales. Entre otras medidas, se establece que las contribuciones patronales a cámaras empresariales tendrán un tope del 0,5%, mientras que los aportes de trabajadores no podrán superar el 2% de su salario.
Además, la retención automática de la cuota sindical quedará sujeta al consentimiento del trabajador, lo que modifica la forma en que se financiaban muchas organizaciones gremiales.
Regularización del empleo informal
La nueva normativa también contempla un régimen de regularización laboral destinado a trabajadores no registrados. En ese marco, se eliminan algunas multas vinculadas al trabajo informal y se establece un mecanismo para que los empleadores puedan blanquear relaciones laborales pagando las diferencias salariales y previsionales correspondientes.
Debate político y sindical
La reforma generó un fuerte debate político y sindical. Desde el gobierno nacional sostienen que las modificaciones permitirán reducir la litigiosidad laboral y generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de empleo.
Sin embargo, sectores gremiales y parte de la oposición advierten que la normativa podría implicar una reducción de derechos laborales históricos y ya impulsaron protestas y acciones judiciales para intentar frenar algunos artículos de la ley.
Con su entrada en vigencia, el nuevo esquema laboral abre una etapa de cambios en el mercado de trabajo argentino, cuyo impacto real en la economía y el empleo comenzará a medirse en los próximos meses.