Como medida para frenar el avance del coronavirus en el país, el Gobierno argentino dispuso que desde este martes, y hasta el 9 de julio, solo podrán ingresar 600 pasajeros por vía aérea, un tercio de lo que estaba llegando al país hasta la semana pasada.
Las empresas, informa Clarín, se enteraron recién el viernes, y durante todo el fin de semana se trabajó en el armado de un cronograma que acomodara el ingreso de solamente 600 personas, equivalente a la capacidad de dos Airbus 330-200 con todos los asientos ocupados.
Hasta el domingo a la tarde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) trabajaba en definir el cronograma. Una de las opciones era que desde este lunes, las compañías prestaran servicio con aeronaves más chicas, o con los mismos aviones pero con una capacidad limitada.
Provincia de Buenos Aires localidad de Ezeiza 28 de marzo 2021 Aeropuerto de Ezeiza Centro de Testeos en Ezeiza Labpax Foto Clarinclarin
Sin embargo, luego Aerolíneas Argentinas confirmó a Clarín que las cancelaciones comenzarán el martes. “Nos interesa que haya la menor cantidad de pasajeros varados posible”, dijo Paola Tamburelli, directora de la Administración.
“Las empresas entienden nuestra necesidad de adecuarnos a una decisión administrativa firmada y nosotros entendemos la necesidad de las compañías de tener el menor impacto en su operación”, añadió.
Inicialmente, para el domingo había 14 vuelos internacionales programados, según las webs de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Para cumplir con el cupo de 600 pasajeros, cada avión hubiera tenido que transportar, en promedio, 42 personas.
“Tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del Gobierno. Como mínimo, deberían informar cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas”, reclamó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Frenar la Delta
La medida de restricción de los ingresos al país desde el extranjero responde a la necesidad del Gobierno de contener la llegada de la variante Delta del COVID, más letal y más contagiosa, que podría dejar a Argentina al borde de una tercera ola de la pandemia.
También se analizó la posibilidad de que todos los que ingresaran al país desde el exterior se sometieron a una cuarentena obligatoria por al menos 10 días, en hoteles.
Pero, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, casi el 40% de las personas que entran a la Argentina no respetan este aislamiento, lo que dio de baja el plan.
Mientras, en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires solo se está alojando en hoteles a las personas que dan positivo al llegar del exterior. El resto -quienes arriban con un PCR negativo y vuelven a tener ese resultado en el test hecho en el aeropuerto-, debe aislarse durante 10 días en su domicilio.
La decisión administrativa dejó a criterio de las provincias definir en qué lugar tendrán que cumplir la cuarentena quienes vuelvan a la Argentina entre el 1° de julio y el 31 de agosto. La medida establece que el aislamiento debe ser de siete días contados desde el test realizado en Ezeiza.
La respuesta de las aerolíneas
Mientras, desde la cámara JURCA, que agrupa a las aerolíneas extranjeras que operan en el país, dijeron que “todas las compañías debieron cancelar y/o reprogramar” parte de los vuelos de los próximos días, por orden del Gobierno.
“Hoy (domingo) varias compañías aéreas han recibido cancelaciones de los vuelos que estaban aprobados hasta fin de mes, incluso algunas fueron informadas el mismo día del vuelo”, sostuvo la cámara el domingo a la noche.
Latam, por su parte, informó que solo tenía aprobado un solo vuelo por ANAC, una llegada proveniente de Lima el 12 de julio. “La compañía ha debido cancelar el resto del itinerario entre Buenos Aires y Lima durante el 1° de julio hasta el 12 de julio inclusive; aquellos pasajeros afectados podrán modificar la fecha de su ticket sin ningún costo, en base a los cupos disponibles actualmente”, dijo la empresa, en un comunicado. “Asimismo, la compañía aguarda Información sobre el itinerario de Brasil y Chile”.
“El Gobierno de la República Argentina ha dispuesto un virtual cierre de fronteras del país. reduciendo intempestivamente el número de pasajeros de ingreso a un máximo de 600 por día, conforme la Decisión Administrativa 643/2021 emitida por las autoridades locales”, consta en el comunicado de JURCA.
Y agrega: “Por tal motivo, todas las compañías han sido fuertemente afectadas debiendo cancelar y/o reprogramar parte de sus vuelos previstos para lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio, en función de las autorizaciones recibidas hasta el momento”.
“Hoy, varias compañías aéreas han recibido cancelaciones de los vuelos que estaban aprobados hasta fin de mes, incluso algunas fueron informadas en el mismo día del vuelo, lo cual deja a nuestros pasajeros con la inesperada sorpresa de no poder regresar”, agrega en el texto el director ejecutivo de JURCA, Felipe Baravalle.
“Considerando que hay casos de líneas aéreas que tienen un solo vuelo para los próximos quince días desde algunos destinos, esto deja a nuestros pasajeros en una situación realmente preocupante por la falta de opciones de conectividad”, suma.
“Las líneas aéreas integrantes de JURCA lamentan los inconvenientes que estos ajustes ajenos a su responsabilidad pudieran ocasionar a sus pasajeros, y expresan su preocupación por la gran cantidad de ciudadanos y residentes que han quedado sin solución de retorno al país”, continúa.
La cámara JURCA agrupa a las aerolíneas extranjeras que operan en la Argentina: la primera de la lista es la propia Aerolíneas Argentinas, que integra la cámara desde que estaba en manos de capitales españoles y nunca se retiró como socia. También están Aeroméxico, Air France, Air Canadá, Air Europa, Alitalia, American Airlines, Avianca, BOA, Delta, Emirates, Cubana y COPA. El lote de asociadas se completa con Federal Express, GOL, Iberia, KLM, LATAM, Lufthansa, Sky, Turkish, United, UPS y Swiss.
Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina
Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.
El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.
Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.
Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.
Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.
Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.
El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.
Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.
El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit
La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.
El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.
Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.
Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.
Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.
La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.
Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos
El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.
El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.
Argumentos del Estado argentino
En su presentación, la Procuración afirmó que:
Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”
El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.
Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.
El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.
Contexto del caso
El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.
La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.
Repercusiones y próximos pasos
La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.
Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.