La resolución judicial tuvo lugar tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscal Paula Barros y la defensa de la imputada, validado por el juez Lisandro Artacho. Gutiérrez había sido detenida por la Policía Federal el 27 de marzo de 2024 en un departamento de alquiler temporario ubicado en la zona de Moreno y Rioja, en Rosario.

El trasfondo: internas de barra y folclore violento

La investigación original, iniciada por el fiscal Pablo Socca, enmarcó el ataque en una combinación de factores que excedían lo estrictamente deportivo:

• El factor institucional: La presión y el clima generado por los rumores sobre la vuelta de «Fideo» al club donde se inició como profesional.

• La interna de la barra: Una presunta maniobra de una facción disidente de la barra brava de Newell’s (liderada por Alejandro “Rengo” Ficcadenti y Sergio “Bebe” Di Vanni), quienes disputaban el liderazgo a la conducción oficial de Leandro “Pollo” Vinardi, vinculada a «Los Monos».

• La chispa inicial: El ataque buscaba responder a una burla de los hinchas de Central, quienes días antes habían sobrevolado el Coloso Marcelo Bielsa en parapente arrojando papeles, justo después de que Newell’s perdiera el clásico local y mientras jugaba contra San Lorenzo.

La caída de los autores materiales

Gutiérrez fue identificada junto a su primo, Pablo Acotto, gracias a las cámaras del sistema de monitoreo de la localidad de Funes.

El registro fílmico de seguridad fue clave para reconstruir el recorrido del Renault Megane utilizado en el hecho. En las imágenes se observa el momento exacto en que los sospechosos efectúan disparos al aire y dejan una nota manuscrita con amenazas en el ingreso al barrio privado de Fuerza Aérea al 4200, donde reside la familia del jugador.

El aviso ingresó a través de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Alrededor de las 10:00 de la mañana, personal policial y médicos del Sies arribaron al lugar, donde constataron el fallecimiento de la persona, identificada como Ricardo Grandoli. El hombre se encontraba sobre un colchón a la intemperie, el mismo sitio donde pernoctaba desde hacía algunas semanas.

A raíz del hecho, efectivos de la Brigada Motorizada y de la Policía de Investigaciones (PDI) acordonaron el sector con cintas de peligro para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. Para resguardar la privacidad del operativo, los especialistas montaron un gazebo donde revisaron el cuerpo antes de trasladarlo para la autopsia de rigor. A pesar del despliegue, el tránsito en la zona no fue interrumpido.

Los testimonios y el trasfondo de la tragedia

Según las primeras informaciones vecinales y testimonios recolectados en el lugar, la noche anterior la víctima había estado festejando un cumpleaños junto a conocidos. Testigos señalaron que Grandoli habría consumido una gran cantidad de alcohol y que, en un momento dado, sufrió una caída donde se golpeó fuertemente la cabeza antes de irse a dormir.

El fallecido arrastraba además un cuadro delicado de salud y serios problemas de adicciones que se profundizaron en el último tiempo, luego de perder su empleo como albañil en una obra cercana.

Su hermana se hizo presente en el lugar visiblemente conmocionada. En diálogo con los medios, relató los reiterados intentos de la familia por ayudarlo —llegando a alojarlo en su propia casa— antes de que su situación se deteriorara por completo y terminara viviendo en la calle.

La Fiscalía en turno ya interviene en el caso para determinar de manera fehaciente si el deceso se produjo a raíz del traumatismo por la caída o si incidieron las condiciones climáticas y sus patologías previas.

El búnker sanitario en el sur santafesino

Lo que comenzó como una investigación económica por defraudación al Estado derivó en un perturbador hallazgo de narcotráfico y salud pública. En una audiencia oral y pública, la Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para un médico cardiólogo y un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright. Ambos quedaron imputados por el suministro ilegal de potentes estupefacientes fuera del ámbito terapéutico y por montar una clínica clandestina en su propio domicilio.

El caso explotó tras un allanamiento en la vivienda que compartían los acusados. En el lugar, los agentes federales desbarataron una instalación médica que operaba sin ningún tipo de habilitación ni condiciones sanitarias básicas. Durante la requisa se incautó un cargamento alarmante de drogas de exclusivo uso intrahospitalario: 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, las cuales habían sido totalmente desviadas del canal lícito de comercialización.

De la estafa al PAMI al desvío de opioides

La causa madre nació en la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Rosario, bajo la conducción del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. Allí se investigaba una presunta estafa millonaria contra el PAMI entre 2023 y 2024, que incluía la facturación de prácticas médicas fantasmas a jubilados de Wheelwright y Acebal que jamás habían recibido atención.

Fue en ese legajo donde las fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa ordenaron el operativo en la casa de los imputados, topándose con el consultorio ilegal el pasado 11 de junio. Al tratarse de estupefacientes (en modalidades de citrato y clorhidrato), la causa pasó a la órbita federal de Venado Tuerto.

El arsenal de medicamentos secuestrado: Además del fentanilo y la morfina, los fiscales detallaron que en la casa se hallaron bisturíes, jeringas, un descartador hospitalario, talonarios de recetas vacíos y ampollas de fármacos como diazepam, ketorolac, diclofenac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, difenhidramina y penicilina, junto con dosis de vacunas contra el dengue y la antigripal.

La gravedad institucional del caso

Durante la audiencia de formalización, el equipo de fiscales federales integrado por Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi, Rocío Estrada y Martín Uriona remarcó que se solicitaron informes urgentes al Ministerio de Salud de la Nación y a laboratorios farmacéuticos para reconstruir la trazabilidad y el origen de los lotes de fentanilo.

Al fundamentar la prisión preventiva, el fiscal Reynares Solari subrayó el impacto social del hallazgo:

• Impacto local: Enfatizó que este tipo de maniobras en una localidad pequeña como Wheelwright deja en evidencia la enorme afectación a los intereses públicos.

• Origen delictivo: Recordó que todo surgió de una maniobra organizada para defraudar a un organismo clave de la seguridad social de los adultos mayores.

Finalmente, el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa dio por formalizada la investigación penal del Ministerio Público Fiscal y ordenó el traslado inmediato de ambos profesionales de la salud a una unidad penitenciaria por el plazo de tres meses.