Este martes se dio a conocer la condena para dos hombres acusados por un homicidio al voleo y balaceras contra la sede de la Policía de Investigaciones y el destacamento policial El Tanque, atentados perpetrados en agosto de 2023. Las penas recayeron sobre Lautaro Román Núñez (24 años), sancionado con 28 años de cárcel, y Roberto Chapire (25 años), sentenciado a 18 años.

El veredicto fue presentado en la sala 10 del Centro de Justicia Penal por el tribunal colegiado que integraron los jueces Lisandro Artacho, Dolores Aguirre Guarrochena y Paola Aguirre. Cabe señalar que la fiscal Laura Riccardo había solicitado 32 años de pena para Núñez y 25 años para Chapire.

Los acontecimientos revisados durante las audiencias expusieron una radiografía de la crisis de seguridad que atravesaba la ciudad en aquel período, cruzada por disputas territoriales ordenadas desde establecimientos penitenciarios federales y provinciales, con balaceras y crímenes diarios.

Doble ataque y mensaje

Durante la noche del 25 de agosto de 2023, la portada del edificio de la ex Agencia de Investigación Criminal (actual PDI), ubicado sobre Lamadrid al 400, fue blanco de múltiples disparos con intenciones intimidatorias.

A los pocos minutos, la agresión se repitió contra el destacamento El Tanque, situado en Abanderado Grandoli al 3900. En ese hecho resultó gravemente herido David Obregón, un trabajador que permanecía en la parada del colectivo.

“Nico Camino, Erik Masini y fiscal Ederik dejen de matar gente inocentes porque sino vamos a enpezar a matar policia, juezez fiscales” [SIC], indicaban las notas manuscritas halladas por los peritos en los lugares de los atentados.

Los dos primeros mencionados, alojados en aquel momento en el presidio federal de Rawson (Chubut), se habían distanciado de la estructura de Los Monos. Según los datos del caso, mantenían un reclamo de dinero por un cargamento de estupefacientes perdido por otros reclusos vinculados al clan Cantero, conflicto que desencadenó un violento enfrentamiento en la vía pública desde finales de 2022.

El detalle de la moto y las pericias dactilares

El registro de las cámaras de videovigilancia mostró que los atacantes se desplazaban en un vehículo de dos ruedas de mediana cilindrada. Al descender frente al inmueble de Lamadrid al 400, el agresor dejó a la vista que el tapizado del asiento del rodado presentaba una rotura.

Esa marca permitió a los investigadores determinar que se trataba de una moto Guerrero GR1 150, la cual fue secuestrada tiempo después en la zona de Seguí al 285 bis.

El vehículo estaba en poder de Chapire. Aunque inicialmente fue imputado por encubrimiento, los peritajes realizados sobre su teléfono móvil y el rastreo por geolocalización lo ubicaron en el perímetro de los hechos, quedando acusado como coautor de los disparos.

Por su parte, el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por sus siglas en inglés) —tecnología que posibilita el cotejo de huellas con la base del Registro Nacional— confirmó que Núñez había manipulado el cartel con amenazas dejado en la sede de la AIC.

Homicidio al azar

Durante las jornadas se ventiló además que una rastro dactilar de Núñez fue extraído de la ventanilla del Fiat Uno blanco utilizado por los autores del crimen de Laureano Cardozo, cuyos familiares se movilizan exigiendo justicia desde hace tres años.

El automóvil fue abandonado a las pocas horas de la balacera y recuperado por la fuerza policial.

Cardozo fue atacado a balazos a escasa distancia de su vivienda situada en Flammarion y Lamadrid, la noche del 18 de agosto de 2023, mientras caminaba con su perra. Su entorno familiar remarcó de forma constante que el joven no tenía vínculos con estructuras delictivas ni conflictos previos.

Instigación desde las cárceles

Sin explicaciones oficiales ni derivaciones en expedientes administrativos o judiciales, desde los penales tanto provinciales como federales se constató un nivel de tolerancia o complicidad que permitió a internos peligrosos planificar y ordenar hechos delictivos en las calles del Gran Rosario.

Las directivas emitidas desde los pabellones desestabilizaron la seguridad y elevaron los indicadores de homicidios, registrados con mayor intensidad entre 2021 y 2023, etapa coincidente con la fractura interna de Los Monos y el surgimiento de otros actores en el mapa criminal, como Matías Gazzani y Lisandro “Limón” Contreras, referenciados en el grupo denominado Los Menores.

Si bien la dinámica de violencia se mantiene bajo seguimiento, las estadísticas actuales muestran una disminución de los episodios letales. En este proceso en particular, la investigación determinó que Núñez y Chapire actuaron como ejecutores a cambio de dinero, siguiendo mandatos de reclusos no identificados.

Causas pendientes

Sobre Núñez pesa además otra grave acusación pendiente de debate oral. Se trata de las actuaciones por el frustrado rescate del interno Gabriel Encina en el Hospital Provincial, operativo violento en el que fue asesinado el oficial Leoncio Bermúdez el 14 de noviembre de 2023.

Núñez, arrestado el 30 de agosto de ese año, fue imputado como coautor de esa incursión armada desde su lugar de detención a cambio de un pago económico, sin que el expediente avanzara hacia los eslabones superiores de la orden.

La muerte de Laureano Cardozo representa una pérdida irreparable dentro de la nómina de delitos imputados a Núñez, quien contó con cómplices la noche del ataque.

En tanto, el otro damnificado de la saga juzgada logró sobrevivir: David Obregón, de oficio portero, quien aguardaba el transporte público en Grandoli y Güiraldes. El agresor efectuó los disparos sin reparar en su presencia —quedó en la línea de fuego hacia la dependencia oficial— provocándole heridas de gravedad en la zona abdominal.

El cuerpo de la víctima fue descubierto por su sobrina. Presentaba severos golpes y tenía una bolsa de consorcio en la cabeza. La fiscal Carla Ranciari confirmó que la vivienda estaba revuelta y que la principal hipótesis apunta a una muerte violenta por asfixia.

Una mujer de 86 años fue encontrada sin vida este lunes por la mañana en el interior de su vivienda ubicada en pasaje Minetti al 5800, en la zona oeste de Rosario. El hallazgo se produjo cuando su sobrina, quien había viajado a la ciudad para acompañarla a un turno médico, no obtuvo respuesta al llamar a la puerta y decidió dar aviso a las autoridades. La víctima vivía sola y los vecinos indicaron que no la veían desde mediados de la semana pasada.

En el lugar intervino la fiscal Carla Ranciari, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas (UVAL), quien confirmó que los primeros análisis médicos en la escena revelaron indicios claros de una muerte violenta. La víctima presentaba múltiples contusiones y se constató una importante cantidad de sangre en la propiedad.

Uno de los datos más escalofriantes revelados por la investigación es que la mujer tenía la cabeza cubierta con una bolsa de consorcio negra. Por ese motivo, la principal sospecha de los peritos es que la causa de muerte fue asfixia, aunque se aguardan los resultados definitivos de la autopsia encomendada al Instituto Médico Legal (IML).

Casa revuelta y posibles hipótesis

Al ingresar el Gabinete Criminalístico, los agentes constataron que los ambientes del inmueble se encontraban totalmente desordenados, lo que refuerza la teoría de un posible robo. Sin embargo, hasta el momento los investigadores no pudieron precisar si los agresores lograron sustraer objetos de valor o dinero.

Respecto a versiones aportadas por residentes del barrio sobre una supuesta venta reciente de la propiedad por parte de la víctima, desde la Fiscalía aclararon que por el momento esa información no está confirmada en el expediente.

Dado que la finca no contaba con cámaras de seguridad privadas, la Fiscalía de Homicidios Dolosos tomó el caso y ordenó el relevamiento de domos públicos en los alrededores junto a la toma de testimonios para intentar reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a los responsables.