La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.

El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.

La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:

• Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.

• Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.

Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.

Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.

De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.

Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.

El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.

En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.

Con el objetivo de facilitar la localización de prófugos y potenciar la colaboración ciudadana en investigaciones judiciales, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó la renovación de la página web oficial de las personas más buscadas. La plataforma, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, concentra de manera unificada datos sobre requeridos por la Justicia, recompensas vigentes y solicitudes de paradero.

Según balances oficiales emitidos por la Provincia, la aplicación de esta política ya dio resultados concretos: fueron aprehendidas 16 personas catalogadas de alta peligrosidad y se abonaron $92 millones en concepto de recompensas a quienes aportaron datos clave para el avance de las causas.

El nuevo sitio web no solo simplifica la consulta de identidades y montos ofrecidos, sino que además unificó los pedidos de paradero (que anteriormente se encontraban en otra sección) e integró una herramienta para compartir los datos directamente a través de WhatsApp.

Cómo funciona el mecanismo de recompensas

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, remarcó que la política de recompensas forma parte de la estrategia integral del Ministerio de Justicia y Seguridad para llevar ante los tribunales a quienes cometieron delitos.

Orciani administra el fondo de recompensas conjuntamente con la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Respecto a la actualización de la plataforma, Masneri explicó que el rediseño busca brindar una navegación ágil y ordenada para que cualquier ciudadano acceda a la información necesaria en pocos pasos.

En relación a la efectivización de los pagos, la funcionaria detalló el procedimiento: toda información recibida es evaluada en primera instancia por la Fiscalía. El fiscal a cargo de la causa analiza la utilidad real del dato aportado para el esclarecimiento de la investigación y determina si corresponde la asignación del dinero.

Una vez autorizada la erogación, el Ministerio de Justicia y Seguridad liquida la recompensa en efectivo. Este formato garantiza resguardar la identidad del aportante, evitando que deba exponer sus datos dentro del sistema bancario tradicional.

Canales habilitados para aportar información

Quienes dispongan de datos útiles para colaborar con alguna de las causas judiciales abiertas pueden comunicarse a través de las vías oficiales dispuestas por las autoridades:

• Plataforma web: Sección de personas más buscadas del Gobierno de Santa Fe.

• Correo electrónico: recompensas@mpa.santafe.gov.ar

• Línea telefónica: 911

• Atención presencial: En cualquiera de las sedes de la Fiscalía.

Desde la provincia enfatizaron que el sistema de recompensas funciona como un complemento directo de las tareas policiales y judiciales, promoviendo el acceso a la información y el involucramiento de la comunidad en la resolución de investigaciones complejas.