Tras ocho días hábiles de feriado cambiario de facto, resultado de las dificultades que tuvo el sistema financiero para incorporar los cruces de datos necesarios luego del endurecimiento de las trabas cambiarias el 15 de septiembre pasado, los bancos se preparan hoy para volver a ofrecer en pleno la posibilidad de comprar dólares para atesoramiento.
Algunos bancos privados como HSBC, Santander, Galicia, BBVA e Itaú activaron en las últimas horas del viernes pasado sus plataformas de venta electrónica, mientras que está previsto que a lo largo del día de hoy se incorporen el resto de las entidades.
Transcurrió así una semana y media de cierre del mercado cambiario formal para ahorristas, después de que el BCRA decidió reforzar los controles para desalentar la demanda de ahorristas y de empresas, y haber tenido que desprenderse en lo que va de septiembre de unos USD 1.300 millones por sus ventas en el mercado de cambios.
Este viernes, el dólar al público en el promedio de bancos y casas de cambio superó los $132 para la venta, con la nueva imposición de un 35% en concepto de adelanto del pago del Impuesto a las Ganancias, que se suma sobre la base imponible al otro 30% aplicado por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), vigente desde el pasado 26 de diciembre. En tanto, sigue inalterado el estricto cupo mensual de USD 200 para la demanda de personas físicas.
Con un dólar mayorista en $75,85, la divisa es vendida en las entidades financieras en la zona de los 80 pesos con una comisión que puede llegar hasta el 5%, percibida por los bancos por su intermediación, a lo que se agrega una carga impositiva que incrementa en un 65% el precio final al público. Según el promedio de venta electrónica en bancos que informa el Banco Central, el billete verde es ofrecido a $132,05 en promedio.
¿Cuánto cuesta acceder al cupo mensual de USD 200 según el banco?
En el Banco Macro cada dólar al público se paga a $80,50, que se hace efectivo a 132,83 pesos. Por el cupo de USD 200 hay que desembolsar 26.565 pesos. En el Banco Santander la cotización es de $80, lo que luego de impuestos significa un costo de $132 por dólar y el cupo mensual íntegro alcanza los 26.400 pesos.
Entre los bancos que más operaciones concentran, la cotización más barata está en la banca pública. En el Banco Ciudad, a $79, con impuesto país llega a $131,18 y el costo total a 26.235 pesos. En el Banco Nación, con un dólar al público de $79,70 para la venta a clientes, el valor efectivo es de $131,51, que redunda en unos $26.301 por el cupo mensual de 200 dólares.
Plataformas como InvertirOnline.com permiten acceder a precios más bajos. A $78,10 para la venta, el billete verde se transa a $128,87, que totalizan los $25.773 por el cupo completo.
Las casas de cambio, por otra parte, son las que permiten algún ahorro significativo. Cambios Online, a modo de ejemplo, sostenía este viernes una cotización de $77,70, lo que lleva a la cotización al público a $128,21, con un costo por el cupo total de 25.641 pesos. Se trata, sin embargo, de entidades que requieren el uso de cuentas bancarias para operar.
Un dólar “ahorro” alcanza los 132 pesos y se acerca a las cotizaciones alternativas que no tienen cepo
Con la doble imposición para el llamado dólar “solidario”, “turista” o “ahorro”, el Gobierno logró el impensado objetivo de acercar esta cotización formal con las alternativas que no son alcanzadas por las duras restricciones.
Una menor brecha entre el dólar paralelo, a $144 para la venta, y el minorista, retrajo la oferta en la plaza marginal. En las “cuevas” están tomando la divisa a $139, con lo que las operaciones del “puré” -comprar oficial y vender en el informal- dejan una ganancia exigua de $1.390 cada USD 200, que no justifica correr el riesgo de desprenderse de las divisas en un contexto devaluatorio.
Quiénes no van a poder comprar
Pero la reapertura del mercado cambiario no es para todos los ahorristas. Las nuevas restricciones empiezan a pesar, con lo cual gran parte de los compradores de meses anteriores no podrá acceder a divisas en esta ocasión.
1) Coleros digitales: los primeros excluidos son ahorristas que, según el Banco Central, realizaron maniobras sospechosas que determinaron la apertura de un sumario y, eventualmente, una causa judicial. Son movimientos en cuentas en dólares que no se condicen con los datos de ingresos de sus titulares, operaciones que de alguna manera superaron el tope de USD 200 que rige desde octubre del año pasado o sospechosos de prestar su cupo a terceros, entre otras infracciones a las normas cambiarias.
A principios de este mes el Banco Central publicó en su página web la lista de alrededor de 20.000 CUIT suspendidospara comprar dólares en base a la detección de ese tipo de irregularidades.
2) Beneficiarios de créditos a tasa cero: en el marco de la pandemia y las medidas de aislamiento social dispuestas para intentar paliarla, el Gobierno lanzó a través de la AFIP un programa de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos que vieron afectada su actividad por el parate económico. Según la AFIP, alrededor de 600.000 personas tomaron los créditos de hasta $150.000 a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas luego de un período de gracia de seis meses.
Hasta la cancelación del crédito, ya sea a los 18 meses o en cualquier momento previo en el que el tomador del préstamo quiera y pueda hacerlo, rige una inhabilitación para comprar dólares para atesoramiento –el cupo mensual de USD 200– y también para operar bonos contra moneda extranjera, es decir, para comprar “dólar MEP” y “dólar contado con liquidación”. Tras los cambios a la normativa cambiaria, estas restricciones se mantienen.
3) Titulares de empresas que solicitaron el programa ATP: el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que reduce cargas sociales y asiste con el pago de parte de salarios a empresas afectadas por el derrumbe económico, inhabilita a los titulares y directivos de esas empresas a operar en cambios. La exclusión, sin embargo, no afecta a los empleados.
4) Los que operan dólares financieros: otra traba que ya estaba impuesta aun antes del endurecimiento del cepo de esta semana es la inhabilitación temporal para operar en cambios para quienes compraran o vendieran dólares en el mercado de bonos, las operatorias conocidas como dólar MEP y contado con liquidación. En los hechos, es una exclusión temporal por 90 días que funciona en dos direcciones: quienes operan con esas cotizaciones paralelas no pueden acceder al cupo mensual de USD 200 por tres meses y, viceversa, quienes usan su cupo de USD 200 para atesoramiento no pueden operar MEP o liqui por el mismo período de tiempo.
5) Beneficiarios de planes sociales: esta semana se establecieron nuevas trabas para beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de la Tarjeta Alimentar y de otros beneficios sociales en la Comunicación A 7105 del BCRA que establece criterios de verificación de los ingresos de las personas que abren cuentas bancarias en dólares o usan las que ya tienen. La norma impide que los que tengan como ingresos esas asignaciones puedan abrir nuevas cuentas en dólares y que quienes ya las tengan no puedan acceder al cupo de USD 200, todo mediante un cruce de datos con Anses.
La relación entre el récord de compradores de dólar de los últimos meses y la inyección del bono de $10.000 a la economía no está del todo probada, pero en la autoridad monetaria quieren asegurarse de que la liquidez que vuelca el Estado a la calle no termine en el mercado cambiario.
6) Personas sin ingresos estables: en la misma norma en la que se establecen límites para beneficiarios de planes sociales se establece, además, el cruce de datos con Anses para relacionar las compras de dólares con los ingresos de los compradores. El objetivo de esto es que personas con capacidad económica para comprar más de lo que fija el cupo dupliquen o multipliquen su cupo mensual al transferir dinero a familiares, allegados o terceros. El cruce de datos se usará para determinar quién tiene ingresos propios para comprar.
7) Titulares de cuentas compartidas: un límite que se empezará a aplicar a partir de las nuevas trabas cambiarias pesa sobre las cuentas con más de un titular. Hasta ahora, muchos ahorristas que compartían cuentas con cónyuges u otras personas accedían al doble de cupo por considerar que las dos personas tenían acceso. A partir de ahora, esas cuentas tendrán el mismo tope de USD 200, es decir, se superpone al criterio de acceso limitado por persona el criterio de no más de un cupo mensual por cuenta.
8) Tarjetas con consumos en dólares: uno de los cambios más resonantes de las últimas normas es que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito pasan a ser parte del cupo mensual de USD 200. Así, pagos de servicios de streaming, aplicaciones, juegos online o gastos con tarjetas en el exterior se restan del cupo. De este modo, quien pague servicios por USD 50 con la tarjeta un mes, podrá comprar con fines de atesoramiento solo USD 150 al mes siguiente. El criterio es, además, acumulativo: si un usuario de tarjetas consume por USD 400 en un mes, quedará imposibilitado de comprar dólares para ahorro los dos meses siguientes.
9) Tarjetas refinanciadas: en abril y, otra vez, en septiembre el Banco Central lanzó dos iniciativas de refinanciamiento automático de saldos impagos de tarjetas de crédito. Quien hizo el pago mínimo o pagó menos del 100% de esos dos meses entró en forma automática en una refinanciación a un año de plazo, con tres meses de gracia y nueve cuotas iguales. El programa de abril se hizo a una tasa nominal del 43% y el de septiembre a una tasa nominal del 40%. Ya que no se requiere adhesión para la reprogramación de los pagos, se permite cancelar ese préstamo en cualquier momento, sin intereses punitorios –aunque sí con los intereses corridos hasta el momento de la cancelación–. Mientras esa refinanciación siga vigente, es decir, no se cancele, las personas que gozaron de ese beneficio no podrán acceder a los USD 200 mensuales.
10) Deudores UVA y prendarios con cuotas congeladas: el Gobierno dispuso en marzo por decreto un congelamiento de las cuotas para aquellos que tomaron préstamos en UVA, tanto hipotecarios como prendarios, hasta el 30 de septiembre. También suspendió las ejecuciones hipotecarias o prendarias hasta esa fecha. Aún no se expidió acerca de si ese congelamiento se extenderá o no. Todos aquellos que recibieron estos beneficios, tanto el diferimiento de las cuotas como su congelamiento en el caso de los endeudados en UVA, no podrán comprar dólares para atesorar como resultado de las nuevas normas cambiarias.
Santa Fe impulsa un programa para que trabajadores estatales regularicen deudas descontadas de sus haberes
El gobierno santafesino presentó una iniciativa destinada a empleados públicos que mantienen préstamos o compromisos financieros con descuentos automáticos en el sueldo. El objetivo es ordenar el sistema de deducciones y ofrecer alternativas para cancelar o refinanciar esas obligaciones.
El gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la implementación de un nuevo programa orientado a empleados públicos que tienen deudas cuyos pagos se realizan mediante descuentos directos en sus salarios. La medida busca brindar herramientas para que los trabajadores puedan regularizar esas obligaciones y reorganizar su situación financiera.
El plan apunta principalmente a quienes mantienen compromisos con entidades financieras, mutuales o cooperativas que utilizan el sistema de “código de descuento”, un mecanismo que permite debitar automáticamente las cuotas desde el recibo de sueldo del trabajador.
Según explicaron desde la administración provincial, el objetivo central es ordenar el funcionamiento de este sistema y evitar que los descuentos terminen afectando de manera excesiva el ingreso mensual de los empleados estatales. En muchos casos, las deducciones acumuladas reducen significativamente el salario disponible para afrontar gastos cotidianos.
La iniciativa contempla distintas alternativas para los trabajadores, entre ellas la posibilidad de cancelar anticipadamente algunas deudas o acceder a esquemas de refinanciación que permitan reorganizar los pagos en condiciones más accesibles. De esta manera, se busca que los empleados puedan recuperar margen dentro de sus ingresos mensuales.
Además, el programa prevé revisar el funcionamiento del sistema de códigos de descuento y establecer reglas más claras para las entidades que operan bajo esta modalidad. La intención del gobierno es transparentar el proceso y garantizar que los trabajadores tengan mayor control sobre los montos que se debitan de sus haberes.
La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que en los últimos meses ha planteado la necesidad de revisar distintos mecanismos administrativos vinculados al empleo público y a la situación financiera de los agentes estatales.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el sistema de descuentos por código involucra a miles de trabajadores de la administración provincial, entre ellos docentes, personal de salud, policías y empleados de diversas áreas del Estado.
Con esta iniciativa, el gobierno santafesino busca avanzar en una reorganización del esquema de deducciones salariales y ofrecer a los empleados públicos una vía para ordenar sus deudas, en un contexto económico en el que el endeudamiento personal se ha convertido en una preocupación creciente para muchos trabajadores.
Paro marítimo paraliza exportaciones y sacude la economía en Argentina
Un conflicto gremial de fuertes consecuencias impacta de lleno en los principales puertos del país, con especial gravedad en el complejo exportador de Rosario y una protesta que pone en tensión las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la economía nacional.
Un amplio paro de 48 horas lanzado por los trabajadores marítimos argentinos ha dejado prácticamente inactiva la actividad portuaria en Rosario y otras terminales estratégicas, afectando la salida y carga de barcos con cereales, oleaginosas y otros productos agroindustriales que son esenciales para la economía del país y su rol como uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo.
La medida de fuerza fue iniciada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) el miércoles último en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” que impulsa el presidente Javier Milei, actualmente en debate en el Congreso tras su aprobación en el Senado. Para los gremios, la reforma representa un retroceso en derechos fundamentales, en particular por cambios como la exclusión de navegantes de la Ley de Contrato de Trabajo y la limitación del derecho de huelga.
Gustavo Idigoras, presidente de la cámara de exportadores CIARA-CEC, declaró que la paralización de 48 horas está “conduciendo las actividades agroexportadoras a un completo punto muerto”, advirtiendo que barcos no pueden completar sus operaciones de carga y que muchas operaciones están estancadas en el puerto de Rosario, un nodo clave del comercio internacional de granos.
La protesta se da en un contexto de alta conflictividad social y sindical en Argentina por la discusión de la reforma laboral. El paro marítimo se articuló con una huelga general de 24 horas organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con un acatamiento que los dirigentes sindicales estimaron superior al 90 % en múltiples sectores productivos, transporte y servicios. Esa huelga también afectó buses, subtes y vuelos en grandes centros urbanos del país.
Desde el sector sindical se advirtió además que la reforma no sólo reduce ciertas compensaciones y derechos adquiridos, sino que también podría desfinanciar protecciones históricas del trabajador argentino, lo que ha generado un amplio rechazo de federaciones gremiales más allá del sector marítimo.
Por su parte, el Gobierno de Milei defiende su iniciativa como una modernización del mercado laboral, destinada a atraer inversiones, dinamizar el empleo formal y flexibilizar regulaciones que, según el oficialismo, obstaculizan el crecimiento económico. Sin embargo, la fuerte respuesta sindical y social evidencia la magnitud de la oposición política que enfrenta el proyecto.
Mientras el proyecto continúa su camino legislativo y se esperan nuevas jornadas de debate y protestas, el conflicto ya ha dejado una marca tangible en la economía argentina: la paralización de exportaciones en un momento clave para las cadenas productivas y la logística agroindustrial, especialmente en Rosario, un centro neurálgico para las ventas externas que alimentan tanto los mercados internacionales como la propia economía nacional.
La inflación continúa siendo uno de los principales ejes de preocupación económica en Argentina. Si bien los últimos relevamientos privados marcan una desaceleración en el ritmo mensual de aumento de precios, el nivel acumulado sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios.
Especialistas señalan que la moderación en algunos rubros responde a una menor emisión monetaria y a una caída en el consumo. Supermercadistas y comerciantes coinciden en que los clientes priorizan productos esenciales, buscan promociones y reducen compras impulsivas.
Cambios en los hábitos de compra
En góndolas se observa una mayor inclinación hacia segundas marcas y envases más pequeños. También creció el uso de billeteras virtuales y descuentos bancarios como estrategia para amortiguar el impacto de los aumentos.
En paralelo, algunos sectores —como alimentos frescos y servicios— siguen mostrando variaciones por encima del promedio, lo que mantiene la presión sobre el presupuesto familiar.
Expectativas hacia adelante
Analistas económicos sostienen que el desafío no es solo bajar la inflación mensual, sino consolidar una tendencia sostenida que permita recuperar previsibilidad. La evolución del tipo de cambio, las tarifas y los acuerdos salariales serán variables clave en los próximos meses.
Mientras tanto, la dinámica inflacionaria continúa marcando el pulso de la economía cotidiana y condicionando decisiones tanto del Gobierno como del sector privado.