Entre la salida de Mauricio Macri y la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, algo se extravió en el camino. Para los entusiastas de la numismática, el eslabón perdido debería estar en el reverso de algunos billetes y rompe con una tradición que comenzó en 1992.
Se trata, ni más ni menos, que de la firma de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuya ausencia pone de manifiesto, según diversas fuentes consultadas, el desagrado que le provoca la familia de billetes con la imagen de animales autóctonos argentinos, una creación promovida por el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger y cuestionada por los conductores del Frente de Todos.
La información oficial rechaza el argumento anterior, en cambio, y sostiene que la eximición tácita de la firma de Cristina Kirchner en los billetes se debe a motivos de practicidad.
La carta orgánica del Banco Central dispone que los billetes deben llevar la firma del presidente de la entidad monetaria acompañada por la del titular de la Cámara de Senadores o de Diputados, según disponga el Directorio. En la gestión de Mauricio Macri, el BCRA lanzó una nueva familia de billetes y aumentó las denominaciones, un requerimiento derivado de una economía con inflación que siempre había rechazado el kirchnerismo.
Una resolución del 31 de marzo de 2016 instrumentó las órdenes de la carta orgánica y dispuso que para la familia de billetes de animales el jefe de la Cámara Alta le pusiera su nombre a las denominaciones de $20, $100 y $500, mientras que su par de Diputados lo haría con las de $50, $200 y $1000. Así ocurrió: la exvicepresidenta Gabriela Michetti firmó el primer trinomio, mientras que Emilio Monzó le puso su nombre al segundo. De esa manera, continuó la tradición inaugurada a principios de los 90.
La historia reciente de los billetes tuvo un cisma a principios de año. Con la llegada del nuevo gobierno, también debían cambiar los nombres que están en el reverso de los papeles. La sesión de Directorio del Banco Central del 30 de enero pasado alumbró una decisión novedosa. La resolución 38, que acompaña a esta nota, determinó que todos los nuevos billetes de la familia de animales llevarán el nombre del nuevo titular de la entidad, Miguel Pesce, y de Sergio Massa, jefe de Diputados convertido en único dueño de las firmas legislativas que están en los reversos.
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En cambio, la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Kirchner, no está en los nuevos billetes que se imprimen en el marco del contrato con Casa de Moneda.
que hasta ahora no había trascendido, a través de averiguaciones periodísticas. Y obtuvo una copia a partir de una consulta hecha bajo la ley 27.275. El texto sostiene que la Gerencia de Planeamiento Estratégico del Tesoro propuso «por una cuestión de practicidad y para acelerar el trámite de elaboración del nuevo herramental» aplicar el conjunto de facsímiles compuesto por las firmas de Pesce y de Massa en toda la familia de billetes de animales.
La firma de los billetes suele ser un motivo recordado y difundido por quien pone el nombre. Massa, por ejemplo, difundió videos y fotos de su encuentro con Pesce el 24 de enero pasado. El titular del Banco Central se acercó al despacho del Presidente de la Cámara para tomar el facsímil. Mucho antes, en febrero de 2016, la vicepresidenta Gabriela Michetti acompañó la misma foto con un mensaje emotivo en su cuenta de Facebook.
Allegados al Frente de Todos explicaronque Cristina Kirchner no quiso firmar los papeles de los animales, pero tampoco está interesada en poner su nombre en ningún billete.
Monedas y billetes
La vicepresidenta mantiene desde hace años una relación cercana a la moneda. El 9 de julio de 2013 publicó en su cuenta de Twitter: «Grande Evita. Hasta desde los billetes les ganás. Viva la Patria bis! (sic)». Celebraba que el diseño del papel de $100 hecho en su gobierno había recibido un premio en la 2° Conferencia Latinoamericana de Imprentas de Alta Seguridad. La noticia se la había dado Katya Daura, titular de la Casa de Moneda en esa gestión e impulsora del billete peronista.
La presidenta utilizó aquel premio como fundamento para rechazar las críticas que había tenido el billete de Evita.Las peleas por la plata son moneda corriente en la política: años después, el kirchnerismo disparó la misma munición contra los papeles habitados por animales de la gestión macrista. El vocero más importante de ese enojo fue Alberto Fernández. «Cuando veo en billetes tantos animalitos y no a Belgrano no saben lo mal que me siento», dijo en febrero pasado.
Antes, el titular del Banco Central había afirmado que se irían reemplazando paulatinamente el yaguareté, la ballena franca austral, el guanaco, la taruca, el hornero y el cóndor andino por «personas que se identifiquen con los valores sociales».
Por otra parte, la familia Kirchner mantuvo enfrentamientos con Sturzenegger, identificado con los billetes de animales. En marzo de 2017, por ejemplo, Florencia Kirchner denunció al banquero macrista por supuesto abuso de autoridad.
Hay motivos para pensar que Cristina Kirchner es cuidadosa del lugar donde pone la firma. En la primera parte del año Casa de Moneda avanzó en la creación de un billete de $5000. Si bien el proyecto se canceló por una decisión política, la imprenta del Estado había cerradola compra de tintas, papel y el diseño, que contaba con las figuras de Cecilia Grierson, la primera médica argentina, y Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de Juan Perón.
Una versión de quienes participaron de su fabricación no avalada por documentación pública sostiene que por un pedido del Banco Central habían dejado en el reverso, como aclaración de la firma, la denominación «Honorable Cámara», sin especificar si correspondía al nombre del titular de Diputados o de Senadores, a la espera de la decisión final de la vicepresidenta.
Tensión en Unidos: seguridad, disputas de poder y el factor libertario detrás del cruce entre Pullaro y el socialismo
La traba legislativa para aprobar el nuevo paquete de reformas en seguridad expuso las diferencias internas entre los socios principales del oficialismo santafesino. Mientras la UCR cuestiona que el Partido Socialista ponga en duda el eje central de la gestión, en el PS advierten sobre intentos de disciplinamiento y miran con recelo los acercamientos de la Casa Gris con el Gobierno nacional.
La postergación en la Cámara de Diputados del paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro dejó al descubierto una discusión de fondo entre los dos socios mayoritarios de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. La resistencia del Partido Socialista (PS) a votar la iniciativa sin modificaciones sobrepasó el plano técnico-jurídico para instalar una disputa sobre la distribución del poder interno y el posicionamiento político con miras al escenario electoral de 2027.
Desde el radicalismo remarcan que cuestionar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo afecta el activo político de mayor impacto del Gobierno provincial.«Si el socialismo se quiere diferenciar con eje en la seguridad, le erra», evaluaron fuentes de la UCR. Por su parte, la dirigencia socialista rechaza esa premisa y apela al perfil propio de su espacio: «Somos un partido y hemos hecho un montón de aportes».
Cruce de versiones sobre la negociación
Las divergencias abarcan las atribuciones otorgadas a la Policía y a los fiscales, sumadas a reparos sobre los mecanismos de control, las garantías constitucionales y los derechos individuales. Sin embargo, el proceso de negociación previo a la sesión legislativa sumó tensiones metodológicas entre ambas bancadas:
La postura del Ejecutivo: Tras un encuentro convocado por los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni con legisladores de la coalición, en el PS interpretaron que la postura oficial se planteó como una exigencia de disciplinamiento bajo una lógica de poder para forzar la sanción rápida de la norma.
La versión radical: En el bloque legislativo de la UCR argumentan que la propuesta ingresó en mayo y que se elaboraron tres contrapropuestas con modificaciones para atenuar medidas y sumar mecanismos de resguardo. Asimismo, responsabilizan al socialismo por demorar los acuerdos a pesar del compromiso de tratamiento fijado para el 29 de octubre.
Dentro de la propia bancada oficialista coinciden en que el proyecto combina herramientas de utilidad práctica para la gestión diaria con definiciones orientadas al plano comunicacional e ideológico. Desde la óptica socialista, la urgencia por la norma busca reafirmar un perfil de máxima dureza contra el delito para disputar terreno discursivo con el electorado libertario.
Tensión en el recinto y la mirada sobre la Casa Rosada
El clima político tuvo su correlato en el recinto de la Cámara baja durante la jornada del jueves. La diputada socialista Lionella Cattalini instó a «calmarse» y hacer «un llamado a la reflexión», en respuesta a los reclamos de celeridad formulados por el senador Felipe Michlig y ante las declaraciones previas del gobernador Pullaro sobre la necesidad de evitar un «garantismo bobo» y avanzar en la renovación de la Corte Suprema provincial. Cattalini subrayó que las políticas públicas sostenibles en la provincia se construyeron históricamente mediante «la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos».
A la par del debate normativo, los gestos institucionales entre la Casa Gris y el Gobierno nacional incrementan la desconfianza en el sector socialista. La reciente coincidencia de Pullaro con funcionarios nacionales durante la Ronda de Negocios del RIGI realizada en La Fluvial y los contactos con la Secretaría General de la Presidencia alimentan especulaciones sobre un eventual entendimiento táctico de cara a futuros compromisos electorales.
Sectores del radicalismo no descartan la posibilidad de estructurar acuerdos de convivencia o pactos de no agresión política a nivel provincial y nacional con La Libertad Avanza, con eventuales articulaciones en distritos clave como Rosario, un escenario que para el socialismo marca un límite en la política de alianzas del espacio.
El Gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027: superávit estimado, inflación del 18% y fuerte inversión en seguridad y obras
El ministro de Economía, Pablo Olivares, expuso los números centrales de la pauta financiera para el próximo año. Con un nivel de recursos de $18,8 billones y un gasto estimado de $16,4 billones, la provincia financiará el 93% de las obras públicas con ahorro corriente. Seguridad, Educación y Salud concentran las mayores partidas.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó públicamente este viernes el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind. Se trata del último presupuesto que ejecutará la actual gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro, calificado por las autoridades como un esquema «equilibrado, con austeridad y eficiencia».
El diseño financiero toma como referencia los parámetros macroeconómicos fijados por el Gobierno nacional. La iniciativa proyecta ingresos totales por $18,8 billones y un nivel de gastos de $16,4 billones, lo que arroja un superávit corriente estimado en $2,27 billones. Este ahorro entre recursos y gastos corrientes permitirá financiar con fondos propios el 93% de las erogaciones de capital e infraestructura, fijadas en $2,45 billones.
Pautas macroeconómicas para el ejercicio 2027
Las estimaciones sobre las cuales se estructuró la norma contemplan los siguientes indicadores:
Inflación interanual (a diciembre de 2027): 18%.
Inflación promedio anual: 21,1%.
Crecimiento de la actividad económica: 4%.
Tipo de cambio oficial: $1.847,60 por dólar para el cierre del año.
Distribución de las partidas y áreas prioritarias
El proyecto mantiene como ejes centrales de la inversión provincial a las áreas de seguridad, educación, salud, obras públicas e infraestructura productiva. La asignación de recursos quedó definida con los siguientes montos:
Educación, Cultura y Deporte: $3,98 billones.
Seguridad: $2,34 billones (contempla políticas de seguridad pública y el plan de obras penitenciarias).
Obras Públicas: $2,13 billones.
Infraestructura Productiva: $1,92 billones.
Salud: $1,80 billones.
Creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS)
Dentro de las medidas destacadas en la presentación, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. La norma dispone que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural sea volcado exclusivamente a obras e infraestructura de uso agropecuario, con un esquema de monitoreo conjunto con las entidades del sector.
Cumplimiento del crédito público y debate legislativo
En el capítulo financiero, el Ministerio de Economía detalló que desde el inicio del mandato en diciembre de 2023 hasta el 30 de octubre de 2026, la Provincia canceló compromisos de deuda por $338.844 millones. La proyección hacia la finalización de la gestión en diciembre de 2027 prevé un desendeudamiento total acumulado de $568.370 millones, habiendo utilizado únicamente el 37% de la capacidad de endeudamiento autorizada.
El texto del Presupuesto 2027 ingresará para su tratamiento parlamentario por la Cámara de Senadores. En forma paralela, el Poder Ejecutivo ultima la redacción del proyecto de Ley Tributaria junto a la Comisión de Análisis Tributario. Los funcionarios adelantaron que las alícuotas no sufrirán modificaciones, aunque se mantendrá la actualización de los impuestos de emisión provincial en línea con el índice inflacionario.
Por qué el pullarismo se convirtió en aliado clave del mileísmo para blindar el DNU 70/23
Al oficialismo le faltaba un voto para sacar el dictamen que repone la ley de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad a la ley de propiedad privada y apareció una firma santafesina
La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.
El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.
La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:
Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.
Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.
Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.
Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.
De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.
Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.
El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.
En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.