Impunidad total en el extremo sur

Un insólito episodio de violencia e impunidad urbana terminó con un presunto soldadito narco tras las rejas. La Justicia provincial dictó prisión preventiva efectiva por 60 días para Juan Ezequiel F. (28 años), acusado de intentar coimear a dos policías apostados en las inmediaciones del Hospital Regional Sur (Rosario) para liberar el sector a la venta de estupefacientes.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del pasado miércoles 8 de julio en la intersección de calle Heliotropo y un pasaje sin nombre, en el límite con el asentamiento precario conocido como «Ciudad Perdida». Allí, el imputado y otro sospechoso aún no identificado se acercaron a un patrullero que realizaba tareas de prevención y les ofrecieron $100.000 en efectivo para que apagaran las balizas y se retiraran, argumentando que su presencia «estorbaba» el paso de los clientes del búnker de la zona.

De la coima a las amenazas con armas

Ante el rotundo rechazo de los dos suboficiales, la situación escaló rápidamente a la violencia física y verbal. Los sospechosos advirtieron que si el móvil policial no se iba del lugar, comenzarían a dispararles. De acuerdo con el acta de imputación de la fiscal Josefina Bertotto, Juan Ezequiel F. hizo ademanes de extraer un arma de fuego de su cintura, lo que desencadenó una breve persecución que culminó con su detención.

Incluso tras ser reducido, el acusado continuó amenazando de muerte a los uniformados, asegurando que los buscaría para balearlos una vez que recuperara la libertad. En la requisa posterior, los agentes le secuestraron la suma de $120.900 en efectivo. La jueza Verónica Lamas González convalidó la imputación por los delitos de cohecho y amenazas coactivas.

 El Hospital Regional Sur: Saqueo y territorio en disputa

El fallido intento de coima vuelve a poner el foco sobre el predio del Hospital Regional Sur, una megaestructura sanitaria cuya construcción se inició en 2011 y que permanece inconclusa tras 15 años de abandono. El lugar se ha convertido en un blanco constante de desguace y robo hormiga de materiales, lo que obligó al gobierno provincial a reforzar la custodia policial permanente.

Alrededor de esta colosal estructura de hormigón creció el asentamiento de barrio Las Flores Sur, un territorio altamente disputado por bandas dedicadas al narcomenudeo. En este sector se registraron graves hechos de sangre en los últimos meses:

• Diciembre pasado: Tres personas fueron ejecutadas a balazos en un camino de tierra de «Ciudad Perdida», en un presunto ataque para «quemar» la plaza de venta de una banda rival.

• Octubre pasado: Una balacera contra un búnker lindero a la obra del hospital terminó con el asesinato de Daniela Salva (34) y dos heridos de gravedad.

Corrupción en un control de rutina

Un grave caso de violencia institucional sacude a la policía provincial. Dos suboficiales pertenecientes a la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I fueron apartados de sus funciones y permanecen privados de la libertad, acusados de haberle robado 1.500 dólares en efectivo a un conductor durante un retén vehicular en la capital santafesina.

El episodio tuvo lugar el viernes pasado alrededor de las 19:00 horas, en la transitada intersección de Bulevar Pellegrini y San Lorenzo. Según consta en la denuncia, la víctima circulaba a bordo de su automóvil acompañado por su hijo de dos años cuando fue interceptado por los uniformados para una inspección de rutina. Al requisar el habitáculo, los agentes divisaron el dinero en moneda extranjera y comenzaron a presionar al conductor.

Intimidación, coima y el robo total

Bajo amenazas de demorarlo y secuestrarle el vehículo, los efectivos le exigieron al automovilista una entrega de dinero para dejarlo continuar. Sintiéndose acorralado y desprotegido, el hombre accedió y les entregó 400 dólares.

Sin embargo, la maniobra delictiva no terminó ahí. Pocas cuadras después de haber retomado su marcha, la víctima revisó sus pertenencias y advirtió con indignación que los policías también le habían sustraído los 1.100 dólares restantes que llevaba guardados.

Atrapados con las manos en la masa

Tras sufrir el robo, el conductor se dirigió inmediatamente a la sede de la Dirección Provincial de Asuntos Internos para radicar la denuncia. La respuesta de la fuerza fue rápida: se montó un operativo cerrojo de urgencia para localizar a los sospechosos en la calle y, al interceptarlos pocas horas después, el resultado de la requisa fue contundente.

Las pruebas recolectadas los hundieron al instante:

• A uno de los policías se le secuestraron 1.100 dólares en efectivo.

• Al segundo agente se le encontraron los 400 dólares de la coima original.

Además del dinero recuperado, el fiscal de la causa ya sumó al expediente judicial los registros del sistema de geolocalización (GPS) de los patrulleros involucrados y las filmaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, que confirman la secuencia.

Identificados y camino a la imputación

Los dos policías acusados fueron identificados oficialmente como Leandro C. y Pablo P. Ambos permanecen tras las rejas a la espera de la audiencia imputativa que se desarrollará en los tribunales santafesinos en los próximos días.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, quien evalúa encuadrar el hecho bajo las figuras penales de presunto hurto agravado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad o exacciones ilegales. En la audiencia también se definirá la prisión preventiva para ambos suboficiales.

Escándalo institucional en los tribunales rosarinos

Una polémica resolución judicial tomada en el Gran Rosario desató un fuerte temblor institucional dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Auditoría de Gestión inició una investigación interna sobre el desempeño de la fiscal Raquel Almada, luego de que ordenara la liberación de cuatro jóvenes que habían sido demorados por la Policía tras hallarse un arma de fuego oculta en el auto en el que se movilizaban.

El foco del escándalo radica en que uno de los ocupantes del vehículo era Matías Belloso (26 años), hijo de Gonzalo Belloso, actual presidente de Rosario Central. El joven recuperó la libertad de inmediato y ni siquiera quedó formalmente imputado en la causa. Ante el malestar generalizado en los tribunales, el expediente le fue retirado a Almada y reasignado de urgencia al fiscal Fernando Dalmau.

El operativo en Granadero Baigorria

Los hechos se desencadenaron la tarde del pasado 29 de junio en la localidad vecina de Granadero Baigorria. Un llamado al 911 alertó al Comando Radioeléctrico sobre la presencia de dos hombres presuntamente armados que estaban amenazando a personas e intentando ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en la intersección de Estanislao López y Pancho Ramírez.

Al arribar al lugar, las patrullas observaron a dos sospechosos que huían a pie y se subían a un automóvil Peugeot 208 que los esperaba con otros dos jóvenes a bordo. Tras interceptar el rodado e identificar a los ocupantes, los uniformados requisaron el habitáculo y hallaron un revólver calibre .22 largo debajo de uno de los asientos. Los cuatro implicados fueron trasladados a la comisaría 24ª, pero pocas horas después la fiscal Almada resolvió imputar únicamente a un ocupante por tenencia ilegítima de arma de fuego, dándole la libertad irrestricta al resto, incluido Belloso.

 Los antecedentes del caso: Apuestas clandestinas y barras

La causa cobró mayor gravedad institucional al analizarse el perfil de los otros jóvenes que acompañaban al hijo del dirigente de Central:

• La conexión con las apuestas: Otro de los liberados en el Peugeot 208 fue Fausto Carbajo, un joven mencionado en un expediente por presuntas apuestas clandestinas virtuales. Carbajo cuenta con una denuncia penal presentada por el futbolista Jonatan Gómez (ex-Central y Racing, actual Sarmiento de Junín), quien lo acusó de haber irrumpido en una concentración de Racing para extorsionarlo y exigirle bajo intimidación el pago de una supuesta deuda de juego de 505.000 dólares.

• El antecedente en Mar del Plata: Para Matías Belloso tampoco es el primer roce con la justicia penal. En enero de 2021 quedó involucrado en la investigación por una brutal golpiza a un joven a la salida del boliche Ananá en Mar del Plata. En aquella ocasión, Belloso zafó tras declarar, mientras que terminaron detenidos otros dos jóvenes; uno de ellos era Andrés Guillermo Bracamonte, hijo de «Andresito» Bracamonte, el histórico jefe de la barra de Central asesinado a fines de 2024.

Giro en los protocolos: Ordenan endurecer los criterios

La polémica desatada por el criterio de la fiscal Almada obligó a una reacción inmediata de las altas esferas del MPA. El jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, emitió una dura circular interna con carácter obligatorio para unificar los procedimientos ante delitos de flagrancia vinculados a armas en la vía pública.

A partir de esta nueva directiva, los fiscales rosarinos quedan obligados a:

1. Disponer de manera impostergable el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de todos los aprehendidos en el lugar.

2. Evaluar con máxima prioridad el pedido de prisión preventiva, entendiendo que el uso y portación ilegal de armas de fuego representa un riesgo directo y concreto para la seguridad pública de la región.