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Policiales

Blindaje anti-turismo: rechazaron varios automovilistas de Buenos Aires

Este miércoles al anochecer, tras unas pocas horas del operativo provincial especial, había una decena de vehículos que debieron regresar a su lugar de origen por no contar con el permiso correspondiente. Se busca evitar la propagación del coronavirus

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El operativo de blindaje anti-turismo que comenzó a implementarse este miércoles en los accesos a la provincia de Santa Fe, en la víspera del fin de semana largo y en plena pandemia de coronavirus, comenzó a dar sus primeros resultados por la noche cuando ya había una decena de vehículos provenientes de Buenos Aires que no cumplieron los requisitos para ingresar y debieron regresar a su lugar de origen.

Apostado en el peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires altura General Lagos, el móvil de Telenoche (El Tres) constató que pasadas las 20 eran unos diez los coches, sobre todo livianos, cuyos ocupantes no tenían certificación para circular o no eran trabajadores esenciales ni viajaban por motivos de salud.

Así lo expresó el subinspector Jorge Salto, jefe del operativo en el lugar, y separó que “los transportistas por lo general tienen el permiso y circulan”, aunque también son expuestos a revisiones sanitarias.

Estamos blindando nuestra provincia para poder seguir como hasta ahora –en cuanto al control de propagación del covid-19–, por eso se pide documentación personal y permiso para circular. Si no lo tienen, se tienen que volver”, señaló el funcionario.

En ese sentido, el gobierno provincial avisó que entre este miércoles a las 17 y el domingo a las 20, sólo pueden ingresar a la provincia transportistas y personas con permisos de circulación con fines médicos o asistencia de familiares enfermos con documentación respaldatoria.

La medida de control excepcional es para evitar contagios de covid-19 provenientes de distritos como provincia de Buenos Aires y sobre todo la región del Amba, la más complicada por la pandemia en el país.

En otras circunstancias, muchos hubieran aprovechado los cuatro días sin obligaciones para un viaje relámpago a Rosario o la región, pero en medio de la crisis por el coronavirus, la provincia aclaró que este fin de semana largo no tiene fines turísticos.

Para controlar los ingresos y el flujo de personas, la policía recibió 200 celulares para verificar los códigos QR que figuran en los permisos de circulación.

Durante la jornada también había operativos similares en los accesos a Rosario, con especial atención sobre vehículos provenientes de Buenos Aires y Caba, e incluso municipios como Funes y Roldán dispusieron controles exhaustivos en sus ingresos a fin de evitar que ingresen turistas o personas que no residen allí.

Argentina

Reabrirán una investigación a Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales

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Lo dispuso la Cámara Federal porteña tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La Cámara Federal porteña dispuso reabrir una investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner y ordenó un peritaje contable en una denuncia por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

Así se dio a conocer tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.

Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera “global” con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.

“Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, sostuvo Llorens, quien remarcó: “La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

“Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, concluyó el juez.

Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.

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Santa Fe: ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de reforma jubilatoria

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En el Senado evaluaban la posibilidad de tratarlo este jueves. Plantea, en esencia, una emergencia por dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles a la Legislatura el proyecto de reforma previsional. La propuesta incluye tres puntos principales: una emergencia de dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición. En el Senado evaluaban la posibilidad de tratar el proyecto este jueves.

Una de las principales medidas del proyecto es que los jubilados que reciban más de dos jubilaciones mínimas deberán realizar un aporte solidario progresivo del 2% sobre sus ingresos. Además, los funcionarios activos de los tres poderes deberán aumentar su aporte hasta un 21%.

Precedentes. Tras la labor de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma previsional –que concluyó el 31 de julio–, el gobierno provincial redactó el proyecto de reforma. Durante el análisis, se escucharon las opiniones de diversos sectores relacionados con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, incluyendo gremios e instituciones colegiadas.

Actualmente, la Caja enfrenta un déficit mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, que debe ser cubierto por Rentas Generales de la provincia. Este déficit se cubre con fondos provenientes de los contribuyentes privados, lo que representa una carga constante para el presupuesto provincial.

Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.

A principios de agosto, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la ANSES proporcionaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.

Demoras. El envío del proyecto a la Legislatura se retrasó debido a discrepancias sobre algunos aspectos del texto, principalmente en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres en el sistema previsional de Santa Fe.

Inicialmente, se esperaba que el proyecto fuera enviado la semana pasada, pero las diferencias entre funcionarios del Gobierno y legisladores del socialismo causaron demoras. El objetivo del gobierno es que el proyecto sea consensuado entre los partidos del oficialismo antes de su presentación en las cámaras legislativas.

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Múltiples allanamientos por los crímenes de los trabajadores ocurridos en el mes de marzo

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Estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó nuevos allanamientos en el marco de la nueva Ley de Microtráfico y de la investigación por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario.

Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los bunkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de estado antijurídico será el martes 23.

“Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la Legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz.

El pasado martes, en el Centro de Justicia Penal se realizó una audiencia imputativa por la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en el que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero.

En audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone les atribuyeron a Alejandro Isaías N. de 28 años, Brenda Natalí P., Gustavo Alejandro M. de 29 años, Macarena Solange M. de 28 años y Axel Uriel R. diversos delitos; solicitando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados.

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