Un impactante episodio ocurrido en el centro rosarino mantiene abierta una investigación judicial para esclarecer cómo un hombre terminó precipitándose desde el balcón de un edificio y sobrevivió de manera casi milagrosa tras impactar sobre un patrullero policial estacionado en la calle.

El hecho se registró en un edificio ubicado en la zona de Dorrego al 400, cerca de la intersección con Tucumán, donde personal policial había acudido previamente por un llamado que alertaba sobre una situación conflictiva dentro de un departamento. Según reconstruyeron investigadores y testigos, minutos después de la llegada de los agentes, un hombre de 31 años apareció colgado del balcón de un cuarto piso mientras intentaba sostenerse con sus brazos.

La dramática secuencia fue observada por vecinos y transeúntes, algunos de los cuales registraron el momento con sus teléfonos celulares. Finalmente, el hombre no logró reincorporarse y cayó al vacío desde una altura de más de 15 metros. Su vida se salvó porque el impacto fue amortiguado por el techo y capot de un móvil policial que se encontraba justo debajo.

Tras el golpe, personal del SIES acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado con múltiples traumatismos pero fuera de peligro inmediato.

En paralelo, la Fiscalía avanza con distintas medidas para determinar qué ocurrió dentro del departamento antes de la caída. De acuerdo con los primeros elementos recolectados, una de las hipótesis que toma fuerza es que el hombre atravesaba un estado de alteración vinculado al consumo de estupefacientes. También se investiga si intentó desplazarse por el exterior del edificio en medio de una discusión doméstica o bajo una conducta errática.

Por el momento, fuentes judiciales descartaron indicios firmes de una agresión directa, aunque la causa continúa abierta y se esperan nuevos testimonios, peritajes y el avance de informes médicos para reconstruir con precisión la secuencia.

El episodio generó una fuerte conmoción en pleno centro rosarino, no solo por la espectacularidad de la caída sino por el insólito desenlace que permitió que el hombre sobreviviera a un hecho que pudo haber terminado en tragedia.

Una investigación iniciada por una serie de intimidaciones vinculadas al cobro de una deuda terminó destapando una presunta estructura criminal dedicada a extorsiones, amenazas y comercialización de estupefacientes en Rosario. La causa avanzó esta semana con la imputación formal de seis personas, entre ellas una mujer señalada como proveedora de droga y familiar de un conocido referente narco local.

De acuerdo con la acusación presentada en el Centro de Justicia Penal, la pesquisa comenzó tras denuncias realizadas por víctimas que afirmaron haber recibido presiones y amenazas por una deuda económica. A partir de tareas investigativas, escuchas y allanamientos, los fiscales reconstruyeron una trama más amplia que excedía el conflicto inicial y que incluía maniobras de extorsión y venta minorista de drogas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los imputados aparece una mujer apuntada como una pieza clave dentro del circuito de abastecimiento de estupefacientes. Según la hipótesis fiscal, era quien garantizaba la provisión de droga para su posterior distribución, además de mantener vínculos directos con integrantes de la organización investigada.

La pesquisa también permitió detectar movimientos de dinero, contactos telefónicos y presuntas conexiones con personas privadas de libertad, un esquema que ya apareció en otras investigaciones por amenazas y aprietes económicos en Rosario.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y material de interés para la causa, elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

En la audiencia, la Fiscalía atribuyó distintos grados de participación a los acusados, que enfrentan cargos relacionados con amenazas coactivas, extorsión, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes. La Justicia deberá resolver en los próximos días la situación procesal de los involucrados y eventuales medidas cautelares.

El caso volvió a exponer cómo conflictos económicos aparentemente aislados pueden derivar en investigaciones más complejas vinculadas a estructuras delictivas que combinan violencia, intimidación y narcotráfico en Rosario.

La Justicia de Rosario comenzó este martes el juicio oral contra un cirujano plástico acusado por la muerte de una mujer de 46 años que falleció días después de someterse a una liposucción en una clínica privada ubicada en el centro de la ciudad. El caso, ocurrido en 2018, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras años de investigación y denuncias de la familia de la víctima.

El profesional imputado enfrenta cargos por homicidio culposo. Según la acusación presentada por la fiscalía, el médico habría actuado con negligencia durante la intervención quirúrgica y en el seguimiento posterior de la paciente, lo que habría derivado en una grave infección, complicaciones severas y finalmente su fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer se sometió a una liposucción en un establecimiento dedicado a cirugías estéticas situado en pleno centro rosarino. Tras la operación recibió el alta pocas horas después, pero en los días siguientes comenzó a presentar fuertes malestares físicos y signos compatibles con una infección.

Con el correr de las jornadas, su cuadro se agravó de manera progresiva hasta requerir internación de urgencia en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde finalmente murió a raíz de una falla multiorgánica producto de un shock séptico.

La investigación fiscal sostiene que existieron múltiples irregularidades. Entre ellas, se apunta a presuntas deficiencias en las condiciones del procedimiento, falta de controles adecuados y omisiones en la atención médica frente al deterioro clínico de la paciente.

Además, uno de los elementos incorporados a la causa habría resultado especialmente comprometedor: durante estudios y pericias posteriores se detectó material contaminante vinculado al procedimiento quirúrgico, lo que reforzó la hipótesis acusatoria sobre malas prácticas médicas.

La fiscalía solicitó para el acusado una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación especial para ejercer la medicina durante diez años.

El caso generó fuerte repercusión en Rosario, particularmente por tratarse de una intervención estética programada en una clínica privada y por las denuncias públicas impulsadas por familiares de la víctima, quienes desde el inicio reclamaron justicia y responsabilidades concretas.

Con el inicio del debate oral, se espera la declaración de peritos, especialistas médicos y testigos vinculados al tratamiento y evolución clínica de la paciente. El proceso buscará determinar si efectivamente existió negligencia profesional y si esa conducta tuvo relación directa con el desenlace fatal.

La causa vuelve a instalar el debate sobre los controles en centros de cirugía estética, la responsabilidad profesional y la seguridad de procedimientos quirúrgicos cada vez más demandados por pacientes en todo el país.