El Banco Central de la República Argentina volvió a cerrar una jornada con saldo comprador en el mercado oficial de cambios, al adquirir unos 45 millones de dólares, en una continuidad de la estrategia oficial para reforzar reservas y sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, pese a la compra de divisas, las reservas brutas registraron una caída producto de un nuevo pago comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con datos del mercado, la autoridad monetaria acumula una extensa racha de intervenciones positivas en el MULC, lo que permitió sumar más de USD 7.300 millones en lo que va del año. Esta dinámica se sostiene en un contexto de mayor liquidación del sector exportador, menor presión cambiaria y control sobre la demanda de dólares.

A pesar de estas compras, el nivel de reservas internacionales volvió a mostrar fragilidad luego de que el país afrontara pagos vinculados al programa vigente con el FMI. Argentina mantiene compromisos relevantes durante 2026, en el marco del acuerdo de facilidades extendidas firmado con el organismo multilateral.

En paralelo, el dólar oficial minorista se mantuvo en torno a los $1.410, mientras que el mayorista operó cerca de los $1.388. Por su parte, los tipos de cambio financieros y el blue mostraron relativa estabilidad, en línea con la menor volatilidad observada en las últimas semanas.

Semanas atrás, el FMI aprobó la segunda revisión del programa con Argentina y habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, una señal considerada clave por el mercado para sostener previsibilidad financiera y fortalecer la hoja de ruta económica del Gobierno nacional. Con ese giro, el país ya recibió una parte sustancial del paquete acordado en 2025.

Mientras tanto, el equipo económico sigue apostando a consolidar el equilibrio fiscal, contener la inflación y mejorar el perfil de reservas como pilares para sostener la confianza del mercado y evitar tensiones sobre el dólar en la segunda mitad del año.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la implementación de un nuevo programa orientado a empleados públicos que tienen deudas cuyos pagos se realizan mediante descuentos directos en sus salarios. La medida busca brindar herramientas para que los trabajadores puedan regularizar esas obligaciones y reorganizar su situación financiera.

El plan apunta principalmente a quienes mantienen compromisos con entidades financieras, mutuales o cooperativas que utilizan el sistema de “código de descuento”, un mecanismo que permite debitar automáticamente las cuotas desde el recibo de sueldo del trabajador.

Según explicaron desde la administración provincial, el objetivo central es ordenar el funcionamiento de este sistema y evitar que los descuentos terminen afectando de manera excesiva el ingreso mensual de los empleados estatales. En muchos casos, las deducciones acumuladas reducen significativamente el salario disponible para afrontar gastos cotidianos.

La iniciativa contempla distintas alternativas para los trabajadores, entre ellas la posibilidad de cancelar anticipadamente algunas deudas o acceder a esquemas de refinanciación que permitan reorganizar los pagos en condiciones más accesibles. De esta manera, se busca que los empleados puedan recuperar margen dentro de sus ingresos mensuales.

Además, el programa prevé revisar el funcionamiento del sistema de códigos de descuento y establecer reglas más claras para las entidades que operan bajo esta modalidad. La intención del gobierno es transparentar el proceso y garantizar que los trabajadores tengan mayor control sobre los montos que se debitan de sus haberes.

La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que en los últimos meses ha planteado la necesidad de revisar distintos mecanismos administrativos vinculados al empleo público y a la situación financiera de los agentes estatales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el sistema de descuentos por código involucra a miles de trabajadores de la administración provincial, entre ellos docentes, personal de salud, policías y empleados de diversas áreas del Estado.

Con esta iniciativa, el gobierno santafesino busca avanzar en una reorganización del esquema de deducciones salariales y ofrecer a los empleados públicos una vía para ordenar sus deudas, en un contexto económico en el que el endeudamiento personal se ha convertido en una preocupación creciente para muchos trabajadores.