El Gobierno extendió la prohibición de despidos hasta el 31 de mayo, pero exceptuó a un sector
Según describieron en el documento, estas medidas constituyen herramientas de política laboral necesarias para preservar los puestos de trabajo, priorizando la protección de las trabajadoras y los trabajadores.
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de mayo de este año la prohibición de despedir trabajadores sin justa causay por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, excepto en la industria de la construcción, en el marco de la emergencia dictada por la pandemia del coronavirus.
La medida -que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, entre otros funcionarios- quedó formalizada mediante el Decreto 266/2021, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
«Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor«, señala el documento en su artículo 2.
Y a su vez, en el siguiente artículo, complementa: «Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo«.
Cabe resaltar que «quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley Nº 22.250″ quedan exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones.
Según el documento oficial, los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo anteriormente dispuesto «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales».
Entre los considerandos, se sostiene que «en virtud de la prolongación de la emergencia en el tiempo y el agravamiento de la situación imperante deviene necesario prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo«.
Estas medidas, según describen, constituyen «herramientas de política laboral necesarias para preservar los puestos de trabajo, priorizando la protección de las trabajadoras y los trabajadores en cumplimiento de las garantías establecidas por la Constitución Nacional».
El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Se fijaron los plazos correspondientes para cada etapa.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la utilización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) en la cancelación de deudas impositivas y aduaneras.
Lo hizo a través de la Resolución General 5675/25 publicada hoy en el Boletín Oficial.
El procedimiento indica que los contribuyentes que posean BOPREAL deben transferirlos a una cuenta especial de ARCA en el Banco Nación a través de un operador autorizado por Caja de Valores.
El organismo afirmó que una vez realizada la transferencia, “no podrá revertirse”.
Los bonos se valorarán según el tipo de cambio implícito del mercado y se registrarán como “Bonos Electrónicos” en el sistema de ARCA. Posteriormente, podrán aplicarse directamente al pago de impuestos y tributos aduaneros.
El registro de los bonos se realizará como créditos a favor de los contribuyentes, los cuales serán “intransferibles y no negociables”.
El trámite se efectuará de forma online a través del servicio web “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales”, accesible con Clave Fiscal.
Respecto a los plazos de imputación, los bonos transferidos durante el año 2025 podrán aplicarse “hasta el 31 de diciembre de 2030, inclusive”.
Para aquellos transferidos en años posteriores, el plazo se extiende hasta 2032.
La normativa específica que para las transferencias realizadas en 2026 y 2027, el plazo de imputación también será “hasta el 31 de diciembre de 2030, inclusive”.
La CGT movilizará por el Día del Trabajador y citó a gobernadores peronistas a una reunión en Azopardo para reforzar su rechazo al ajuste del gobierno.
La CGT convocó hoy a una movilización para el próximo 30 de abril por el Día del Trabajador, que partirá desde la Avenida 9 de Julio hasta el Monumento al Trabajo en el Bajo porteño.
Además, los secretarios generales cegetistas invitaron para ese mismo día a los gobernadores del peronismo para incorporarlos a una reunión con el Consejo Directivo de la central obrera en la sede de la calle Azopardo.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los mandatarios provinciales estarían encabezados por el bonaerense Axel Kicillof.
La protesta tendrá lugar después del tercer paro general que la central obrera llevó a cabo durante el gobierno de Javier Milei, aunque esa última huelga de la semana pasada tuvo acatamiento dispar a raíz del funcionamiento del servicio de colectivos.
La movilización del 30 de abril comenzará a las 14 con una concentración en la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo en Avenida Paseo Colón.
Tras el reciente paro del 10 de abril, la tensión entre la CGT y el Gobierno recrudeció y se rompió una tregua de casi un año sin medidas de fuerza; las dos primeras huelgas habían sido casi al inicio de la gestión libertaria.
Durante el último paro general, el cosecretario general de la central Héctor Daer criticó la campaña publicitaria montada por el Gobierno contra el paro y dijo que se trató de un «mecanismo muy complicado que fue utilizado cuando se perdió la democracia».
La medida de fuerza se llevó adelante por «paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social».
Con esta nueva marcha, la CGT mantendrá activo el conflicto con la gestión Milei en medio de la trama interna de la central, que tendrá que afrontar en noviembre una renovación de autoridades tras la división entre sus diferentes sectores.