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Política

Encendido debate en el Concejo por un proyecto clave para Javkin

En la última sesión del año del Concejo Municipal que se hará este jueves, habrá gran cantidad de proyectos. Uno de ellos, al que el Ejecutivo le pone todas las fichas, es el de Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas. Con esta iniciativa, el municipio busca frenar la migración de industrias rosarinas hacia otras localidades de la región y fomentar la radicación de nuevas empresas en la ciudad.

Ailém Lazarte

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Encendido debate en el Concejo por un proyecto clave para Javkin

Si bien se discutió hasta última hora del miércoles en sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas y Planeamiento, no hubo acuerdo definitivo y la aprobación del dictamen para poder llevar al recinto, quedó para el mismo día de la sesión, en horas de la mañana.

El intendente Pablo Javkin fue cauto a la espera de la redacción final del proyecto que corre por cuenta de los concejales. Sin embargo, ratificó la decisión política de que «Rosario tenga una política de desarrollo y promoción de la industria».

«Durante largos años, hubo un desequilibrio con lo que pasaba en localidades de la región y así fuimos viendo cómo empresas tradicionales se mudaban. Hay una parte de eso que es un proceso lógico, de cualquier región metropolitana. Pero hay otra que se dio por la falta de acompañamiento de la ciudad. Tenemos 10 proyectos de radicación encaminados, que a la salida de la pandemia y con la ordenanza aprobada, podrían avanzar», amplió.

El anteproyecto de Ordenanza, con 34 artículos, mecanismos para establecer un régimen de promoción y una distribución de la ciudad en distintos anillos perimetrales, fue resistido por pequeños productores que arriendan tierras en el cordón hortícola. La iniciativa planteó, cabe recordar, que se reduzcan las 800 hectáreas reservadas como Área de Protección Frutihortícola, a 550.

El concejal Eduardo Toniolli, en este sentido, planteó diferencias con el proyecto. Y apuntó en a este medio: “Conceptualmente estamos de acuerdo con la promoción industrial, pero queremos discutir de qué forma se la lleva adelante. También pensamos que debe haber un plan para impulsar la actividad agroecológica y la producción primaria de alimentos en la ciudad,  lo hemos dicho públicamente durante todo el proceso de debate del tema, que comenzó en marzo”. En la mañana del miércoles 16, Toniolli acompañó a pequeños productores de la zona sudoeste de la ciudad, que buscan que su actividad no sea relocalizada por el proyecto y se acercaron a hacer un “verdurazo” a la puerta del Palacio Vasallo.

Si bien restaban saber los detalles finales del proyecto, en la reunión de comisiones se habló de respetar la zona frutihortícola actual. Y se apuntaría también a la creación de Parques Agrarios, uno de los planteos de las organizaciones del sector. En las discusiones por el anteproyecto, la concejal Verónica Irizar había planteado “la larga tradición de la ciudad en cuanto al Programa de Agricultura Urbana”.

El sector industrial

Mariano Ferrazini, dirigente de FISFE y presidente de la Unión Industrial Región Rosario, indicó que el sector ve con buenos ojos la propuesta: “Nos parece en líneas generales un muy buen proyecto. Viene a curbir una demanda que hace tiempo hacemos desde la Unión Industrial región Rosario. Pero vemos con alguna preocupación que se dupliquen eventualmente algunos órganos de control que ya existen a nivel provincial, creemos que hay que evitar alguna burocracia en los trámites. Pero desde ya que lo avalamos y es una iniciativa que le hace falta a la ciudad”.

Por su parte el empresario Roberto Lenzi, titular de Briket y presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario comentó a este medio: “La posibilidad de tener suelo industrial hoy en Rosario es muy poca. En la zona de Circunvalación, un terreno sale varias veces más que en localidades aledañas o en parques industriales de la región. Si es para solucionar este problema y permite que la industria local tenga cómo expandirse o inclusive que empresas vengan a radicarse a Rosario, es bienvenido. La realidad es que hasta acá, durante distintas gestiones, cada vez que pudimos crecer, siempre fue un problema»

Y siguió: «No se nos simplificaron los trámites, sino al contrario. Con el intendente hemos hablado de esto. Sabemos que la pandemia no permitió avanzar con esta política. Otro tema del que hay que hablar es el de los servicios. Hablar de excepciones impositivas, con las arcas públicas complicadas, quizás sea un delirio. Pero yo recuerdo por ejemplo en algún momento lo que se hizo en 2014, hubo una política con beneficios en DREI para las empresas industriales de línea blanca que se radiquen en la ciudad, que amplíen las naves industriales o tomen más personal”.

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Política

Por qué el pullarismo se convirtió en aliado clave del mileísmo para blindar el DNU 70/23

Al oficialismo le faltaba un voto para sacar el dictamen que repone la ley de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad a la ley de propiedad privada y apareció una firma santafesina

Ailém Lazarte

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La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.

El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.

La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:

  • Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.

  • Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.

Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.

Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.

De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.

Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.

El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.

En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.

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Política

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar recompensas y aportar datos sobre prófugos

La plataforma reúne información sobre prófugos, pedidos de paradero y recompensas vigentes. Desde la implementación de este sistema, las autoridades lograron detener a 16 personas de alta peligrosidad.

Ailém Lazarte

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Con el objetivo de facilitar la localización de prófugos y potenciar la colaboración ciudadana en investigaciones judiciales, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó la renovación de la página web oficial de las personas más buscadas. La plataforma, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, concentra de manera unificada datos sobre requeridos por la Justicia, recompensas vigentes y solicitudes de paradero.

Según balances oficiales emitidos por la Provincia, la aplicación de esta política ya dio resultados concretos: fueron aprehendidas 16 personas catalogadas de alta peligrosidad y se abonaron $92 millones en concepto de recompensas a quienes aportaron datos clave para el avance de las causas.

El nuevo sitio web no solo simplifica la consulta de identidades y montos ofrecidos, sino que además unificó los pedidos de paradero (que anteriormente se encontraban en otra sección) e integró una herramienta para compartir los datos directamente a través de WhatsApp.

Cómo funciona el mecanismo de recompensas

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, remarcó que la política de recompensas forma parte de la estrategia integral del Ministerio de Justicia y Seguridad para llevar ante los tribunales a quienes cometieron delitos.

Orciani administra el fondo de recompensas conjuntamente con la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Respecto a la actualización de la plataforma, Masneri explicó que el rediseño busca brindar una navegación ágil y ordenada para que cualquier ciudadano acceda a la información necesaria en pocos pasos.

En relación a la efectivización de los pagos, la funcionaria detalló el procedimiento: toda información recibida es evaluada en primera instancia por la Fiscalía. El fiscal a cargo de la causa analiza la utilidad real del dato aportado para el esclarecimiento de la investigación y determina si corresponde la asignación del dinero.

Una vez autorizada la erogación, el Ministerio de Justicia y Seguridad liquida la recompensa en efectivo. Este formato garantiza resguardar la identidad del aportante, evitando que deba exponer sus datos dentro del sistema bancario tradicional.

Canales habilitados para aportar información

Quienes dispongan de datos útiles para colaborar con alguna de las causas judiciales abiertas pueden comunicarse a través de las vías oficiales dispuestas por las autoridades:

Desde la provincia enfatizaron que el sistema de recompensas funciona como un complemento directo de las tareas policiales y judiciales, promoviendo el acceso a la información y el involucramiento de la comunidad en la resolución de investigaciones complejas.

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Política

Malvinas: Argentina acudió al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

El Gobierno de Javier Milei solicitó medidas cautelares urgentes ante el organismo internacional con sede en Hamburgo para impedir que el Reino Unido avance con la extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo argumenta la defensa de los derechos soberanos sobre la plataforma continental.

Ailém Lazarte

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Presentación diplomática y legal

El Gobierno argentino presentó este martes un pedido formal de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de paralizar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado de manera unilateral por el Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La medida fue oficializada a través de un comunicado firmado por el presidente Javier Milei. El planteo busca que el tribunal internacional, con sede en Hamburgo (Alemania), intervenga de forma urgente mientras se constituye formalmente el tribunal arbitral encargado de evaluar el conflicto de fondo.

«La solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas», precisó el comunicado de Presidencia.

Vencimiento del ultimátum y antecedentes

La acción ante el tribunal internacional constituye la continuidad de la estrategia legal iniciada el pasado 28 de septiembre, fecha en la que la administración nacional anunció su decisión de recurrir a un arbitraje internacional para objetar la explotación hidrocarburífera.

En aquella instancia, la Cancillería argentina otorgó al Gobierno británico un plazo de dos semanas para suspender toda actividad vinculada a la Cuenca Malvinas Norte. El ultimátum caducó el lunes 12 de octubre sin respuestas favorables por parte de Londres, que sostiene que los permisos otorgados por las autoridades del archipiélago se encuadran en el derecho internacional.

La representación legal argentina fundamentó el pedido en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mecanismo que faculta al tribunal a dictar medidas cautelares para prevenir un menoscabo grave a los derechos de las partes o evitar daños al medio marino.

Las claves del proyecto Sea Lion

El yacimiento hidrocarburífero se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a aproximadamente 220 kilómetros de las islas:

  • Consorcio operador: Está integrado por la firma israelí Navitas Petroleum (propietaria del 65% de la iniciativa) y la británica Rockhopper Exploration (poseedora del 35% restante).

  • Inversiones y plazos: Tras su descubrimiento en 2010 y una prolongada etapa de inactividad, a fines de 2025 las firmas decidieron reactivar los desembolsos. Recientemente, Rockhopper comprometió 44 millones de dólares para infraestructura flotante.

  • Cronograma de extracción: Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027, mientras que la producción comercial estimaba iniciarse en el primer trimestre de 2028.

El Tribunal del Mar deberá resolver en los próximos días si da lugar a la solicitud de medidas preventivas presentadas por la Argentina, cuyas definiciones tendrán carácter obligatorio para las partes en conflicto.

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