Entre los que van a ser indagados en la nueva ronda de indagatorias que comienza mañana por Zoom, está Darío Nieto, el exsecretario de Macri a quien las pruebas recolectadas en el caso lo ponen como sospechoso de las maniobras. Nieto declarará el 6 de octubre.

En una nueva resolución en la que se detalla la acusación completa para la ronda de indagatorias que se realizará a partir de mañana por la plataforma Zoom, el juez describió todas las pruebas del espionaje ilegal que se hicieron contra dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y diversas organizaciones.

Augé plasmó los detalles del espionaje que sufrieron los opositores, los propios del gobierno de Cambiemos, y hasta la hermana de Macri, Florencia y su pareja.

En el documento el juez puso la lupa en la relación de los agentes, no solo con la cúpula de la AFI sino con los funcionarios “dependientes de la Presidencia de la Nación” que estaba a cargo de Mauricio Macri.

“Si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, algunos de los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”, remarcó el juez Augé.

En esa línea, citó a Susana Martinengo, funcionaria pública que prestó funciones en la Oficina de Documentación Presidencial durante la Presidencia de Mauricio Macri, y que “formó parte de la empresa criminal del resto de los imputados, en tanto recibía, coordinaba trabajos y transmitía información obtenida a partir de las actividades de espionaje ilegal que realizaban los agentes”

Así, “se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.

“El Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia Nacional que llevaría delante la agencia”, advirtió el magistrado.

Las órdenes que impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron “fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción ( art. 4 inc. 2 de la ley 25520)”.

La acusación continúa: “El objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país”.

“La obtención de información y producción de inteligencia tuvo múltiples y variados destinatarios, consistió por ejemplo en la obtención de información de una de las principales políticas opositoras al Gobierno de Mauricio Macri, la Sra. Cristina Fernández de Kirchner a quien siguieron y controlaron sus movimientos, sus actividades partidarias, sus aliados”.

Respecto de Martinengo, el juez remarcó que la funcionaria recibía información de las actividades de espionaje ilegal “que realizaban los agentes Jorge Sáez y Leandro Araque, pero además conocía a (quien fue jefe de contrainteligencia) Alan Ruiz e incluía en su círculo de decisiones a Diego Dalmau Pereyra, quien muchas veces cumplía un rol decisivo en algunas de las maniobras articuladas por la nombrada”.

El juez advirtió que “si bien algunas de las tareas descriptas tenían un rédito especial para ella, ya sea por su futura candidatura a un cargo electivo o bien para posicionarse mejor dentro de la estructura de personas de confianza del Presidente de la Nación, lo cierto es que solicitaba información, colaboraba con la actividad de los agentes (principalmente Sáez y Araque) y los contactaba con otros funcionarios, es decir que, la nombrada resultó ser un canal secundario de la circulación de información obtenida ilegalmente”.

“A la vez, los informes remitidos por Sáez y Araque los envió, en varias oportunidades a Darío Nieto. En particular, Martinengo recibió de los agentes Sáez y Araque un informe relativo a la comunidad Mapuche; un informe sobre los escraches sufridos por el entonces Presidente de la Nación, solicitó informes sobre las manifestaciones en el Congreso de la Nación”.

“Este último caso, Martinengo se aseguró que dichos informes le hayan llegado al Presidente de la Nación”, remarcó el juez en la acusación.

“Su interlocutor Jorge Saez incluso le confirma que Diego Dalmau entregó esa información y le mandó a decir a Martinengo que se quede tranquila pues todo había sido informado al Presidente, añadiendo además que ese mismo día Mauricio Macri iba a reunirse con Gustavo Arribas, por esa misma cuestión”.

“Asimismo, la nombrada Martinengo utilizaba los servicios de los agentes para sus propios intereses y los de su núcleo cercano de personas, por ejemplo, la familia Lusardi”.

Según describe el juez, “Darío Nieto, jefe de Martinengo, recibía de la nombrada estos informes, convirtiéndose así en un canal subsidiario; pero no por eso menos importante, de la transmisión de la información producida en violación a la ley de inteligencia por los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia”.