Exclusivo: la justicia de EEUU falla a favor del mexicano González González y Santa María queda afuera de Canal 9
Una Corte de Delaware determinó que «El Fantasma» es el dueño del canal, en un litigio con su ex abogado Carlos Lorefice que se acaba de asociar con el sindicalista
La Justicia de Delaware, en Estados Unidos, le aplicó un durísimo golpe a los planes de Víctor Santa María para quedarse con el control de Canal 9, al fallar a favor del mexicano Remigio Ángel «El Fantasma» González González en un litigio contra Carlos Lorefice por la propiedad del medio.
El fallo -al que LPO accedió en exclusiva- determinó que González González es el dueño de la totalidad de las acciones de Canal 9 (un 95 por ciento pertenecen a su firma Televideo Services y el resto son personales) y Lorefice Lynch, actual director del canal, no es propietario de ninguna porción del paquete.
En el texto de la corte de Delaware se habla de una «apropiación indebida de confianza» por parte de Lorefice y que de alguna manera «engañó» a González González con la firma de un documento que lo establecía en los papeles como el dueño del canal para cumplir con la Ley de Medios. Pero al mismo tiempo había firmado un contradocumento en el que reconocía que no era el propietario.
El abogado Lorefice Lynch le «vendió» a Santa María el siete por ciento de las acciones del canal. El sindicalista gracias a sus buenos contactos en el gobierno de Alberto Fernández fue quien acercó al canal la publicidad oficial.
Luego, siempre según los jueces estadounidenses, Lorefice Lynch actuó «fraudulentamente» y con «mala fe» y nunca devolvió el control del canal argentino.
Víctor Santa María toma el control de Canal 9 y lanza una señal de noticias
Como contó LPO además de aprovecharse de la necesidad legal de que Canal 9 tuviera un propietario argentino, Lorefice también le sacó rédito a una situación judicial complicada de González González, cuando la Interpol elevó un pedido de captura contra su esposa involucrada en un caso de lavado y financiamiento ilegal de la campaña del ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en medio de acusaciones de corrupción.
El Fantasma, haciendo gala de su apodo, tuvo que salir de la escena pública, luego de superar ese trance el fantasma se radicó en Miami e inició la ofensiva para recuperar su propiedad. «Lo voy a meter preso», bramó al enterarse de la maniobra de su ex empleado y contrató a uno de los estudios más importantes de Estados Unidos de una eficacia que acaba de ratificarse.
Remigio Angel González González junto al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
En el medio de la pelea quedó Santa María que -como reveló este medio- había acordado quedarse con el control de contenidos del canal, paso previo para lanzar una señal de noticias. Precisamente por este litigio el dueño del Grupo Octubre había tenido que apostar a una «asociación» porque el canal no podía venderse.
Allegados al «fantasma» afirmaron a LPO que en rigor Lorefice Lynch le «vendió» a Santa María el siete por ciento de las acciones del canal. El sindicalista gracias a sus buenos contactos en el gobierno de Alberto Fernández fue quien acercó al canal la publicidad oficial, en un acuerdo que seguramente el dueño mexicano buscará mantener, ya que es conocido por ser siempre oficialista.
Fuentes del Grupo Octubre dijeron a LPO que tienen firmado desde diciembre un acuerdo y que este fallo no les cambia nada porque tenían claro que no podían comprar el canal por el litigio. Además, indicaron que el grupo «ya influye mucho en la programación» y que mantienen el proyecto de lanzar la señal de noticias en octubre.
Tensión en Unidos: seguridad, disputas de poder y el factor libertario detrás del cruce entre Pullaro y el socialismo
La traba legislativa para aprobar el nuevo paquete de reformas en seguridad expuso las diferencias internas entre los socios principales del oficialismo santafesino. Mientras la UCR cuestiona que el Partido Socialista ponga en duda el eje central de la gestión, en el PS advierten sobre intentos de disciplinamiento y miran con recelo los acercamientos de la Casa Gris con el Gobierno nacional.
La postergación en la Cámara de Diputados del paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro dejó al descubierto una discusión de fondo entre los dos socios mayoritarios de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. La resistencia del Partido Socialista (PS) a votar la iniciativa sin modificaciones sobrepasó el plano técnico-jurídico para instalar una disputa sobre la distribución del poder interno y el posicionamiento político con miras al escenario electoral de 2027.
Desde el radicalismo remarcan que cuestionar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo afecta el activo político de mayor impacto del Gobierno provincial.«Si el socialismo se quiere diferenciar con eje en la seguridad, le erra», evaluaron fuentes de la UCR. Por su parte, la dirigencia socialista rechaza esa premisa y apela al perfil propio de su espacio: «Somos un partido y hemos hecho un montón de aportes».
Cruce de versiones sobre la negociación
Las divergencias abarcan las atribuciones otorgadas a la Policía y a los fiscales, sumadas a reparos sobre los mecanismos de control, las garantías constitucionales y los derechos individuales. Sin embargo, el proceso de negociación previo a la sesión legislativa sumó tensiones metodológicas entre ambas bancadas:
La postura del Ejecutivo: Tras un encuentro convocado por los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni con legisladores de la coalición, en el PS interpretaron que la postura oficial se planteó como una exigencia de disciplinamiento bajo una lógica de poder para forzar la sanción rápida de la norma.
La versión radical: En el bloque legislativo de la UCR argumentan que la propuesta ingresó en mayo y que se elaboraron tres contrapropuestas con modificaciones para atenuar medidas y sumar mecanismos de resguardo. Asimismo, responsabilizan al socialismo por demorar los acuerdos a pesar del compromiso de tratamiento fijado para el 29 de octubre.
Dentro de la propia bancada oficialista coinciden en que el proyecto combina herramientas de utilidad práctica para la gestión diaria con definiciones orientadas al plano comunicacional e ideológico. Desde la óptica socialista, la urgencia por la norma busca reafirmar un perfil de máxima dureza contra el delito para disputar terreno discursivo con el electorado libertario.
Tensión en el recinto y la mirada sobre la Casa Rosada
El clima político tuvo su correlato en el recinto de la Cámara baja durante la jornada del jueves. La diputada socialista Lionella Cattalini instó a «calmarse» y hacer «un llamado a la reflexión», en respuesta a los reclamos de celeridad formulados por el senador Felipe Michlig y ante las declaraciones previas del gobernador Pullaro sobre la necesidad de evitar un «garantismo bobo» y avanzar en la renovación de la Corte Suprema provincial. Cattalini subrayó que las políticas públicas sostenibles en la provincia se construyeron históricamente mediante «la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos».
A la par del debate normativo, los gestos institucionales entre la Casa Gris y el Gobierno nacional incrementan la desconfianza en el sector socialista. La reciente coincidencia de Pullaro con funcionarios nacionales durante la Ronda de Negocios del RIGI realizada en La Fluvial y los contactos con la Secretaría General de la Presidencia alimentan especulaciones sobre un eventual entendimiento táctico de cara a futuros compromisos electorales.
Sectores del radicalismo no descartan la posibilidad de estructurar acuerdos de convivencia o pactos de no agresión política a nivel provincial y nacional con La Libertad Avanza, con eventuales articulaciones en distritos clave como Rosario, un escenario que para el socialismo marca un límite en la política de alianzas del espacio.
El Gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027: superávit estimado, inflación del 18% y fuerte inversión en seguridad y obras
El ministro de Economía, Pablo Olivares, expuso los números centrales de la pauta financiera para el próximo año. Con un nivel de recursos de $18,8 billones y un gasto estimado de $16,4 billones, la provincia financiará el 93% de las obras públicas con ahorro corriente. Seguridad, Educación y Salud concentran las mayores partidas.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó públicamente este viernes el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind. Se trata del último presupuesto que ejecutará la actual gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro, calificado por las autoridades como un esquema «equilibrado, con austeridad y eficiencia».
El diseño financiero toma como referencia los parámetros macroeconómicos fijados por el Gobierno nacional. La iniciativa proyecta ingresos totales por $18,8 billones y un nivel de gastos de $16,4 billones, lo que arroja un superávit corriente estimado en $2,27 billones. Este ahorro entre recursos y gastos corrientes permitirá financiar con fondos propios el 93% de las erogaciones de capital e infraestructura, fijadas en $2,45 billones.
Pautas macroeconómicas para el ejercicio 2027
Las estimaciones sobre las cuales se estructuró la norma contemplan los siguientes indicadores:
Inflación interanual (a diciembre de 2027): 18%.
Inflación promedio anual: 21,1%.
Crecimiento de la actividad económica: 4%.
Tipo de cambio oficial: $1.847,60 por dólar para el cierre del año.
Distribución de las partidas y áreas prioritarias
El proyecto mantiene como ejes centrales de la inversión provincial a las áreas de seguridad, educación, salud, obras públicas e infraestructura productiva. La asignación de recursos quedó definida con los siguientes montos:
Educación, Cultura y Deporte: $3,98 billones.
Seguridad: $2,34 billones (contempla políticas de seguridad pública y el plan de obras penitenciarias).
Obras Públicas: $2,13 billones.
Infraestructura Productiva: $1,92 billones.
Salud: $1,80 billones.
Creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS)
Dentro de las medidas destacadas en la presentación, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. La norma dispone que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural sea volcado exclusivamente a obras e infraestructura de uso agropecuario, con un esquema de monitoreo conjunto con las entidades del sector.
Cumplimiento del crédito público y debate legislativo
En el capítulo financiero, el Ministerio de Economía detalló que desde el inicio del mandato en diciembre de 2023 hasta el 30 de octubre de 2026, la Provincia canceló compromisos de deuda por $338.844 millones. La proyección hacia la finalización de la gestión en diciembre de 2027 prevé un desendeudamiento total acumulado de $568.370 millones, habiendo utilizado únicamente el 37% de la capacidad de endeudamiento autorizada.
El texto del Presupuesto 2027 ingresará para su tratamiento parlamentario por la Cámara de Senadores. En forma paralela, el Poder Ejecutivo ultima la redacción del proyecto de Ley Tributaria junto a la Comisión de Análisis Tributario. Los funcionarios adelantaron que las alícuotas no sufrirán modificaciones, aunque se mantendrá la actualización de los impuestos de emisión provincial en línea con el índice inflacionario.
Por qué el pullarismo se convirtió en aliado clave del mileísmo para blindar el DNU 70/23
Al oficialismo le faltaba un voto para sacar el dictamen que repone la ley de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad a la ley de propiedad privada y apareció una firma santafesina
La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.
El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.
La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:
Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.
Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.
Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.
Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.
De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.
Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.
El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.
En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.