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Argentina

Jubilaciones: ¿Cómo es la nueva fórmula que propone el Gobierno?

El FdT se reunió para definir la propuesta de Movilidad Previsional que el Ejecutivo enviará al Congreso. El oficialismo impulsará que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación, como ocurrió entre 2008 y 2017, y que el nuevo esquema rija desde 2021.

eltribuno

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Jubilaciones: ¿Cómo es la nueva fórmula que propone el Gobierno?

El oficialismo impulsará que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación, como ocurrió entre 2008 y 2017, y que el nuevo esquema rija desde 2021.

Así se acordó hoy en el marco de una reunión que las principales espadas del Frente de Todos mantuvieron en el Ministerio de Economía, para definir la propuesta de movilidad que el Poder Ejecutivo Nacional pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Anses y el Ministerio de Economía.

La fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 201,7 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno).

Economía informó que la fórmula que se propone es «sustancialmente la misma a la sancionada en el 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el 2015».

Se espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES.

Economía consideró que «una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos».

Economía dijo que «incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal».

Y consideró que la nueva fórmula de movilidad permitirá «reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios».

«Lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas», indicó.

La nueva fórmula fija un tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03).

«Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)», se indicó.

Propone volver a hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, para disminuir la volatilidad y reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019.

Plantea ajustar el componente de salarios por el RIPTE, que se trata de un «índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas».

En cambio, sostiene que las mediciones del INDEC (que son muy útiles a otros efectos porque captan la evolución de los salarios del sector informal) «se basan en encuestas que incluyen trabajo informal».

Se indicó que con la nueva Ley de Movilidad buscamos el consenso entre todas las fuerzas políticas.

La reglamentación e implementación de esta ley recaerá en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y en la ANSES.

En la reunión, encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, participaron por el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo; Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por el poder legislativo estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner; y su par del Senado, José Mayans; el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Marcelo Casaretto; su colega del Senado, Daniel Lovera; el presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, y su par en el Senado, Carlos Caserio.

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Argentina

El Gobierno oficializó el feriado nacional del 9 de noviembre por la visita del Papa y sumó otros dos de alcance regional

A través del Decreto 1103/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró de interés nacional la llegada de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Además de la jornada festiva para todo el país, habrá asuetos específicos para CABA, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, y se creó una Unidad Ejecutora especial para la logística.

Ailém Lazarte

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De cara a la histórica llegada del papa León XIV a la República Argentina, programada para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, el Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados que acompañará la agenda papal y declaró el acontecimiento de interés nacional. La medida se formalizó mediante la publicación del Decreto 1103/2026 en la edición del Boletín Oficial de este lunes.

La normativa dispone formalmente la declaración de interés nacional tanto para la visita oficial del Supremo Pontífice como para el conjunto de las actividades institucionales, protocolares y de organización derivadas del evento.

El esquema de los tres feriados: alcance nacional y jurisdiccional

Dentro de las disposiciones centrales del decreto, la administración nacional fijó un cronograma de tres jornadas festivas, diferenciando su alcance territorial según las zonas implicadas en la itinerancia del Santo Padre:

  • Lunes 9 de noviembre de 2026: Declarado oficialmente como feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

  • Martes 10 de noviembre de 2026: Feriado dispuesto exclusivamente para el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

  • Miércoles 11 de noviembre de 2026: Feriado aplicado en exclusiva para la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria

Con el propósito de planificar, coordinar, articular y conducir operativamente las acciones requeridas para la realización de la visita oficial, el Gobierno constituyó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la denominada Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Visita de Su Santidad el papa León XIV».

Este organismo especial tendrá una vigencia temporal atada al cumplimiento de sus metas, fijándose un límite máximo de hasta 12 meses a partir de la entrada en vigencia del decreto. Entre sus objetivos y responsabilidades principales se determinaron los siguientes puntos:

  • a. Coordinar y conducir las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización y realización de la visita oficial.

  • b. Planificar y coordinar integralmente las actividades vinculadas con la organización del evento.

  • c. Establecer prioridades, cronogramas y cursos de acción concretos para el desarrollo de la visita.

  • d. Coordinar la intervención de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

  • e. Canalizar todos los requerimientos en materia de logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.

  • f. Identificar las necesidades específicas de bienes, servicios y contrataciones indispensables para el cumplimiento de los fines del organismo.

  • g. Impulsar, coordinar y ejecutar las contrataciones necesarias para las actividades derivadas de la llegada de León XIV, aprobando los gastos correspondientes con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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Argentina

Electrolux cierra su fábrica en Rosario y pasa a importar todo: evalúan 100 despidos

La multinacional sueca anunció el cierre definitivo de su fábrica a partir del 26 de septiembre. Mantendrá la venta de las marcas Electrolux y Gafa en el país mediante su red internacional de abastecimiento. El gremio metalúrgico reclama la nulidad de las desvinculaciones y habrá una audiencia clave este lunes en el Ministerio de Trabajo provincial.

Ailém Lazarte

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Un histórico emblema del sector electrodoméstico santafesino llega a su fin industrial. La multinacional Electrolux confirmó que a partir del 26 de septiembre dejará de fabricar en su planta de Rosario, marcando un giro operativo radical: cerrará sus operaciones fabriles locales para abastecer al mercado argentino exclusivamente mediante importaciones desde sus filiales internacionales.

El anuncio, presentado por la compañía como una revisión estratégica para mejorar la eficiencia y competitividad a largo plazo, impacta de lleno en el plantel de operarios. De los aproximadamente 300 empleados que el grupo tiene en Argentina, unos 180 trabajan en el establecimiento rosarino. La firma evalúa alrededor de 100 despidos y prometió llevar adelante el proceso con responsabilidad y dentro del marco legal, aunque no detalló las indemnizaciones.

Sorpresa, audiencia urgente y reclamo gremial

La comunicación del cierre cayó de manera intempestiva entre los trabajadores. El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, relató que la notificación llegó minutos antes de una reunión programada para presentar a las nuevas autoridades de Recursos Humanos.

«Lo que nos manifestaron en la reunión es que van a cerrar la planta de producción. La idea es ingresar todo lo que venden en Argentina a través de importaciones», detalló Cerra. Ante este escenario, la UOM adelantó que solicitará la nulidad de los despidos y exigirá la reincorporación del personal, argumentando que la firma avanzó de forma unilateral sin agotar las instancias previas correspondientes.

Para intentar destrabar el conflicto, la Secretaría de Trabajo de la provincia convocó a una audiencia entre las partes para este lunes a las 10:00. El secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, confirmó el encuentro y advirtió sobre la magnitud del impacto: «Esta empresa emblemática, con más de 35 años en Rosario, pasó por un montón de crisis pero nunca había cerrado. Hoy cierra definitivamente».

De 800 empleados a la inactividad total

La decisión completa un vertiginoso proceso de achicamiento de la capacidad productiva. Según recordó la representación gremial, en 2023 la firma contaba con cerca de 800 trabajadores en la ciudad, cifra que se redujo progresivamente hasta alcanzar unos 200 operarios en la actualidad.

El delegado fabril Adrián Cartazo —quien suma 34 años de antigüedad en la empresa— explicó que en el último tiempo la fábrica solo mantenía activa la línea de fabricación de freezers, mientras que productos como heladeras, lavarropas y cocinas ya eran traídos terminados desde filiales en Brasil y China. El repliegue se había acentuado previamente con la suspensión de armado de heladeras en la ensambladora Frimetal y un plan de retiros voluntarios activado en marzo de 2026, tras un periodo de suspensiones rotativas iniciado a fines de 2025.

Ahora, las dimensiones del predio rosarino quedarán ociosas, mientras se define el destino de las instalaciones.

Continuidad comercial y garantías garantizadas

A pesar del cese fabril, Electrolux ratificó su permanencia comercial en la Argentina, donde opera desde hace un siglo. La firma seguirá comercializando sus líneas de heladeras, freezers, lavarropas y pequeños electrodomésticos bajo las marcas Electrolux y Gafa.

Asimismo, la empresa garantizó la continuidad del servicio técnico oficial, la validez de las garantías vigentes y la provisión de repuestos para los consumidores.

El contexto de contracción del consumo interno, la apertura de importaciones y normativas recientes vinculadas a la comercialización de artículos del hogar terminaron de acelerar la reconversión de la firma, cuyo cierre fabril no solo afecta a las familias metalúrgicas directas, sino también al entramado de proveedores y servicios industriales de toda la región.

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Argentina

Malvinas: el Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer las penas por la explotación no autorizada de recursos

La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional contempla multas millonarias, inhabilitaciones de hasta 20 años y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Ailém Lazarte

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El Gobierno nacional envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a sancionar con mayor severidad a las personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

El texto ingresado al Parlamento lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. La medida había sido anunciada previamente por el jefe de Estado el pasado jueves 3 de septiembre durante una cadena nacional.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la actualización del régimen normativo vigente desde 2011. Mientras que el esquema anterior se enfocaba principalmente en las actividades hidrocarburíferas, la nueva iniciativa amplía de forma integral el marco legal para alcanzar todo tipo de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

Entre las principales sanciones administrativas y penales, el proyecto establece:

  • Multas económicas: Montos equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo.

  • Inhabilitaciones: Impedimentos para operar o gestionar licencias por plazos de entre 5 y 20 años.

  • Pérdida de concesiones: Suspensión o cancelación definitiva de permisos previos.

  • Agravantes: Un endurecimiento especial de las penas cuando las infracciones involucren la exploración o explotación de recursos no renovables.

Adicionalmente, la iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para reforzar la custodia del territorio y los recursos estratégicos.

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