En una emotiva y firme conmemoración por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente Pablo Javkin lideró el acto central de la ciudad, cruzando el espíritu patriótico de 1810 con el presente de Rosario. Durante su discurso, el mandatario hizo especial hincapié en la reciente conquista de la autonomía local y en la drástica baja de los índices de criminalidad, asegurando que la sociedad civil logró torcerle el brazo a las mafias que mantuvieron sitiada a la región durante años.

“El eco de la revolución de mayo resuena en la historia reciente de nuestra ciudad. En el año de su tricentenario, después de más de un siglo de reclamarla, Rosario consagró su autonomía plena, inmediata y definitiva”, remarcó con orgullo el jefe municipal. Para Javkin, este estatus institucional representa las bases de una nueva era: “Cambiamos el terror por la valentía y la ley. Hoy Rosario volvió a construir, crear y crecer”.

En materia de seguridad, el intendente defendió con vehemencia las políticas aplicadas en coordinación con las distintas fuerzas. Destacó el estricto control territorial, la mayor presencia policial en las calles, la urbanización de los barrios periféricos y el endurecimiento de los controles penitenciarios, claves fundamentales para desarticular el accionar delictivo que se comandaba desde las cárceles. «Pudimos hacer algo que poca gente hizo, que fue salir de una ciudad que había estado sitiada por grupos mafiosos. La gente se había acostumbrado a ver todos los días una persona asesinada», recordó sobre el pasado reciente.

Sin embargo, el discurso también sumó fuertes declaraciones políticas dirigidas a la oposición. Javkin criticó a quienes, a su criterio, intentan obstaculizar el actual proceso de reactivación urbana: “No es casual que hoy, cuando Rosario se levantó y volvió a hacer obra, veamos a los mismos que se escondían cuando la cosa estaba brava oponerse a la pujanza de la ciudad”.

En el cierre de su alocución, dejó una fuerte advertencia enfocada en el futuro de la región: “Quiero decirles que no nos van a parar. Frenarnos sería abrirle otra vez la puerta a la inacción, que es lo que necesitan los violentos para salir de sus madrigueras. Nadie sana yendo para atrás, se sana yendo para adelante”. Emulando la gesta de los ciudadanos de 1810 frente al Cabildo, concluyó afirmando que «no habrá poder sobre la tierra que frene la voluntad de un pueblo de ser más grande, más bueno y más libre».

La Justicia de Santa Fe abrió una investigación penal para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de Eduardo Villanueva, el automovilista de 47 años que sufrió una crisis de salud en medio de un operativo de control vial en el centro de la capital provincial. El caso, que tramita ante la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, se centra en determinar si existió el delito de abandono de persona por parte de los inspectores municipales involucrados.

El trágico desenlace se confirmó en la mañana de este viernes en el Hospital José María Cullen, donde el hombre permanecía internado en terapia intensiva desde el pasado 13 de mayo. Villanueva ingresó al efector en estado crítico tras padecer un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en inmediaciones de la Plaza del Soldado, cuadro que se agravó severamente en las últimas horas tras contraer neumonía.

El hecho original se produjo cuando agentes de la Secretaría de Control retuvieron el auto de Villanueva por una presunta irregularidad en la documentación. De acuerdo con la denuncia de su esposa, la retención derivó en una acalorada discusión, contexto en el cual el conductor manifestó un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar antes de desplomarse en la vía pública.

La polémica principal radica en la asistencia médica. La familia de la víctima sostiene que los inspectores omitieron brindar ayuda urgente y que fue un vendedor ambulante de la plaza quien debió comunicarse con el SIES 107 para solicitar una ambulancia. Por su parte, las autoridades del Ejecutivo local y el gremio ASOEM manifestaron públicamente que el personal actuó bajo protocolo y dio aviso a las centrales de emergencia al constatar el malestar.

Frente a las versiones opuestas, el fiscal Cecchini ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) el relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como la toma de declaraciones a los testigos. Asimismo, se solicitaron informes con los registros de llamadas al 911 y al SIES para auditar los tiempos de respuesta y esclarecer la conducta de los empleados públicos, sobre quienes el municipio ya inició un sumario administrativo interno.