El ex presidente de la Nación Mauricio Macri deberá presentarse a brindar declaración indagatoria en la causa que lleva a adelante la justicia federal de Dolores en la que se investigan presuntas prácticas de espionaje irregular durante su gobierno.
En este caso, Macri deberá presentarse a declarar en un tramo de la causa en la que se investiga si desde el Gobierno se espió a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
El juez Martín Bava, subrogante del juez Alejo Ramos Padilla, citó a Macri para que se presente el 7 de octubre en su juzgado y hasta esa fecha el ex presidente no podrá salir del país.
En la misma resolución a la que accedió Clarín, el juez federal procesó a los ex directivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani entre otros ex funcionarios por el presunto espionaje ilegal.
Al analizar la situación procesal y fundamenta el llamado a indagatoria de Mauricio Macri, el juez Bava sostuvo que se investiga «la participación de los imputados en la realización de las tareas antes mencionadas, las cuales consistieron en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».
Entre esas tareas de «espionaje prohibidas por ley, se les imputó haber dirigido numerosas de ellas a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel», señala la resolución judicial.
En este caso puntual, el juez explicó que las acciones que se le imputan a los ex funcionarios macristas, «buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dichas embarcaciones y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes».
Todas estas tareas de inteligencia ilegal -continuó Bava-, «no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno».
En lo que refiere a Mauricio Macri, el magistrado entendió que las conclusiones a las que arribó muestra que las acciones «ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri».
Por ese motivo es que convocó a indagatoria al ex presidente imputado por el presunto delito de espionaje ilegal. Se lo acusa, indica la resolución, «que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia (…) consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».
Más específicamente, se le imputó a Macri «haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan».
En la causa fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani -el uno y la dos de la AFI de Macri- y el juez cita una explicación que dio esta última sobre los trabajos de inteligencia que hicieron sobre los familiares de los marinos fallecidos.
Majdalani “pretendió justificar adjudicando razones de seguridad presidencial, que los agentes de la AFI hayan realizado un informe colocando a dos mujeres -esposa y hermana de dos de los tripulantes desaparecidos-, que las hayan fotografiado e identificado y hasta hayan adjuntado sus perfiles de redes sociales en las que se indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”, dice el juez.
En ese marco, el magistrado se preguntó: “¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces?».
«Sostener que en estos hechos tan banales se encuentra en riesgo la seguridad nacional es de una peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país, debido a que cualquier persona puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia», afirmó el magistrado.
El expediente había comenzado a investigarse en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero luego fue trasladado a Dolores, donde Ramos Padilla ya investigaba una red de espionaje que se armó en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio,
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