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Política

María de los Ángeles Sacnun: “La Corte funciona mal pero no es lo que estamos discutiendo ahora”

La senadora santafesina conduce en el Senado el debate sobre la reforma judicial. En una entrevista con Infobae aseguró que esta vez el Frente de Todos aceptará cambios

eltribuno

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Abogada, mediadora, peronista y alguna vez aspirante a gobernadora de la provincia de Santa Fe, deseo en el que que por ahora no se empeña, María de los Ángeles Sacnun es una de las senadoras más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Preside la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales que junto a la de Justicia y Legislación Penal, presidida por Oscar Parrilli, lleva adelante el debate sobre la reforma del Poder Judicial. Aunque el oficialismo tiene mayoría, la dimensión de la reforma obliga al consenso y también el freno que podría encontrar la iniciativa en Diputados. Después de las dos primeras audiencias, una con la ministra de Justicia Marcela Losardo y la siguiente con siete especialistas -cinco presentados por la oposición y dos por el oficialismo-, habló con Infobae sobre el plan del Frente de Todos.

-¿Se puede incorporar cambios al proyecto? ¿El oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones?

-Sí. Tal como lo dijo el Presidente cuando hizo la presentación del proyecto, queremos debatirlo y escuchar las distintas propuestas que existen en torno a una eventual reforma del proyecto. Por eso hemos tenido una actitud de absoluto acuerdo con la oposición en cuanto a garantizar que todos los expositores propuestos por el interbloque de Cambiemos en el Senado puedan hacer uso de la palabra, se aprobaron a todos los expositores. Estamos al aguardo de que nos hagan llegar las propuestas quienes fueron exponiendo, siempre y cuando esas propuestas no tiendan a sostener la concentración del poder o a vulnerar aquellos artículos que tienden a garantizar no solamente la independencia del Poder Judicial sino también la esencia del proyecto. Estamos al aguardo de las propuestas que quieran hacer tanto los expositores como el bloque de la oposición que vayan en la directriz trazada por el Presidente.

-La mayoría de los expositores hasta el momento coincidieron en la necesidad de la reforma, aunque no en la oportunidad o la forma…

-Se encauzó en ese sentido. Hay una coincidencia en torno a la reforma judicial. Y hay otra cuestión de coincidencias que es que desde el oficialismo no estamos planteando absolutamente nada que esté relacionado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso quedó despejado. Hubo sectores que empezaron a expresarse en torno a la Corte, al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Nada de eso está siendo tratado en este proyecto. La ministra de Justicia fue muy clara y muy contundente. En todo caso las sugerencias pueden provenir de lo que surja del consejo consultivo de asesores que diagramó el Presidente, pero no es lo que estamos discutiendo ahora.

-Varios constitucionalistas consideraron “enorme” la cantidad de nuevos juzgados que se crearán.

-Hay confusión con la fusión de los distintos fueros, lo están planteando de 12 a 46. También hay una fusión de fueros, el Contencioso Administrativo con el Civil y Comercial y por el otro lado el Penal con el Penal Económico.

-De todos modos habría 23 nuevos juzgados.

-Exactamente. Y se tomarían las 23 secretarías que ya existen y pasarían a esos 23 juzgados nuevos. Lo que creo es que hay que aguardar porque en siete minutos (NdR: el tiempo que se dio a cada disertante) fueron exposiciones que permiten definir el posicionamiento frente al proyecto, pero hay que aguardar cuáles son las reformas concretas que están planteando que obviamente las vamos a ver y a evaluar.

-Con todo respeto le pregunto, ¿es una apertura de verdad, realmente tendrán en cuenta las propuestas o, como ha reclamado la oposición, no aceptan cambios a los proyectos de ley?

-Estamos dispuestos a reverlo. Lo planteó la misma ministra el martes, dijo que el proyecto puede ser revisado y de hecho forma parte del tratamiento parlamentario. A veces no hay margen porque uno tiene la absoluta convicción de que cuando se plantea alguna reforma se desnaturaliza a un proyecto, pero si hablamos de cuestiones racionales que no tuercen el eje del proyecto estamos dispuestos a charlar. Lo dijo el Presidente, lo dijo la ministra y lo estamos diciendo nosotros.

-Entre los planteos varias veces se mencionó que se crearán más juzgados en el interior y que en cambio se necesitan más fiscalías.

-Hay algunas cuestiones que hay que señalarlas. Lo que estamos haciendo a través de la Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal es avanzar en esa aplicación del código acusatorio, que fue suspendido por un decreto de Mauricio Macri. Todos coinciden en que es positivo avanzar en el proceso acusatorio. Estamos consultando con nuestras provincias estas cuestiones, fundamentalmente en mi provincia que ya fue incorporada a la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Los juzgados son necesarios porque en el marco del proceso acusatorio se requiere poder contar con un juez que frente a un fiscal que inicia una investigación pueda rápidamente dar respuesta. En los juicios orales se requiere la presencia del juez, del fiscal y del defensor para llevar adelante el proceso acusatorio. La cantidad de juzgados la vamos a charlar, vamos a evaluar en función con su acople con el modelo acusatorio y también a tener en cuenta un planteo que nos están haciendo y que me parece que también es importante evaluar que es la cantidad de defensorías. Entiendo lógicamente que es menor la cantidad necesaria de defensorías porque se comparten entre defensa pública y privada. Los fiscales en cambio son todos públicos porque representan al Estado pero también es atendible ese planteo que están haciendo algunos integrante al Ministerio Público de la Defensa.

-Todo lo que están planteando y que están analizando parece que requeriría mucho tiempo de evaluación. ¿Van a tomarse tiempo para el debate? ¿Cuáles son los plazos que planea el oficialismo?

-Nosotros ya hicimos el listado completo de expositores, pero mientras los expositores se van presentando vamos avanzando, vamos trabajando y recibiendo las consideraciones que nos están haciendo. No dejamos a nadie afuera, en dos encuentros más de comisión vamos a estar agotando la lista completa de expositores y en el mientras tanto estamos trabajando con lo que nos están haciendo llegar.

-¿Por eso junto a la vicepresidenta Laura Rodríguez Machado (PRO) son estrictas en el uso del tiempo según se vio?

-Sí. Queremos que todos puedan hablar sin obturar el uso de la palabra. En ese sentido destaco la actitud de respeto del oficialismo y de la oposición, después tendremos el debate. El tema del tiempo lo acordamos con el interbloque de Cambiemos.

La reforma judicial comenzó a tratarse en el Senado (Gabriel Cano / Comunicación Senado)La reforma judicial comenzó a tratarse en el Senado (Gabriel Cano / Comunicación Senado)

-Al camarista Alberto Seijas, propuesto por la oposición, le dieron diez minutos, extra, más del doble que a cualquier otro.

-Sí. Porque me parecía que no correspondía en mi caso concretamente siendo una senadora del oficialismo coartarle el uso de la palabra cuando ya se había expresado públicamente en contra no de todo el proyecto, sino que como se vio tienen puntos en común. Pero no podía obturarlo en el uso de la palabra porque iba a parecer que le estaba quitando tiempo a alguien que se estaba oponiendo o planteando puntos en contra.

-¿Se sintió obligada después de los reclamos de la oposición? Esteban Bullrich, Martín Lousteau y Luis Naidenoff plantearon que se los silencia.

-Son dos situaciones diferentes. En el ámbito de la comisión uno trata de respetar el uso de la palabra, de expositores o de senadores y senadoras. En las sesiones fue un tema totalmente distinto. Ocurrieron planteos cuando estaba cerrado el debate después de sesiones de seis horas, siete horas, en las que todos habían podido hacer uso de la palabra y en ningún momentos se les coartó. Cuando se cierra el debate la bancada mayoritaria, según la práctica parlamentaria, o cuando se cerró la sesión, no hay lugar para habilitar la palabra. Y esto no es ahora por quien conduce el Senado, tiene que ver con un reglamento, con ser respetuosos, es una práctica parlamentaria.

-¿Cree que genera tensión Cristina Kirchner -que es quien preside la sesión-, que hay tensión con ella, o que es una estrategia opositora?

-No lo sé. Quizás se sienten afectados porque en el cierre de la bancada oficialista, el cierre de José Mayans (presidente del bloque del Frente de Todos), puede haber algún tipo de planteo de parte del senador que los haga sentir afectados y que quieran refutar eso. Pero se cerró el debate, el debate está cerrado. Es lo mismo que si después de que habla Luis Naidenoff (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio), en mi caso le pida la palabra para refutar lo que dice el senador. Hay que ser respetuosos de respetar las reglas de juego. Nunca se les ha obturado el uso de la palabra, siempre esos episodios se han dado cuando ya han tenido lugar los cierres e incluso cuando ya se ha votado.

-¿Qué opinión le merecen los planteos firmados tanto por los integrantes de la Cámara del Crimen como también de la Cámara Civil y Comercial en contra del proyecto de reforma?

-No me parece correcto, en todo caso lo que debieran hacer son los aportes que crean necesarios para mejorar el proyecto para buscar un proyecto superador. Ahora el juez Seijas dejó en claro que no hablaban de inconstitucionalidad. En otras oportunidades en las que quizás debieran haberse pronunciado porque estaba fuertemente afectada la independencia judicial o cuando hubo cuestionamientos muy fuertes sobre el contendido de fallos de los jueces no hemos visto ningún tipo de pronunciamiento como el que hemos visto ahora. En lo que ellos no estén de acuerdo tienen derecho a plantearlo, tienen derecho a hacerlo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner (CHARO LARISGOITIA / COMUNICACIÓN SENADO.)La vicepresidenta Cristina Kirchner (CHARO LARISGOITIA / COMUNICACIÓN SENADO.)

-El planteo en general es que la reforma busca licuar el poder de los jueces de Comodoro Py y garantizar impunidad para la Vicepresidenta en las causas en las que se la investiga.

-Decir eso es no haber leído el proyecto. El proyecto de reforma judicial no interviene en lo más mínimo en las causas que están en trámite y en los jueces naturales.

-¿Usted me asegura que los jueces que investigan a Cristina Kirchner seguirán a cargo de las causas?

-Van a seguir adelante con sus causas, van a seguir adelante con sus investigaciones. La reforma no interviene ni genera ningún tipo de obturación en torno a la prosecución de esas causas. Es verdaderamente inaudito que se plantee. Lo plantearon antes de conocer el proyecto.

-El Presidente dijo que la Corte funciona mal. ¿Coincide?

-Totalmente. La Corte funciona mal, hay un mal funcionamiento de la Corte, lo vemos todos, pero no es lo que estamos discutiendo ahora. Es parte de lo que se ha planteado, por eso la necesidad de que haya un consejo consultivo, plural, con paridad de género, que pueda abordar esa problemática. La Corte sigue funcionando de manera anacrónica en algunos casos y esto tiene que ver con el funcionamiento, tal como lo ha planteado el Presidente. Es importante dividir las cosas y me parece que eso quedó despejado en la comisión. No estamos debatiendo la Corte ahora, en todo caso ese consejo consultivo dictaminará, hará un dictamen que no es vinculante y el Presidente evaluará con su ministra de Justicia y sus asesores algún eventual planteo sobre el funcionamiento de la Corte. Hay que optimizarlo y garantizar el acceso de justicia, esto forma parte de cómo fortalecemos al Estado de Derecho. Y está por encima de un gobierno, tiene que ver con una política de Estado.

-¿Hay que ampliar el número de integrantes de la Corte?

-Hay varios proyectos presentados en el Senado de la Nación en torno a la ampliación de los miembros de la Corte. La ampliación de por sí no subsana el funcionamiento, hacen falta una serie de medidas que requieren un análisis mucho más profundo. Creo que es muy simplista decir que la sola ampliación de la Corte va a solucionar absolutamente todos los problemas. Es un tema a debatir. La Corte de la República Argentina es la Corte más chica en cuanto a su número de miembros de Latinoamérica. En general el derecho y la evolución del derecho constitucional dan cuenta de que el derecho ha ido avanzando, tiene que haber una mayor especialización en sus distintas ramas. Hay que esperar al consejo consultivo y cómo va evolucionando. Pero no es el debate de hoy.

-Usted es santafesina y defendió la intervención de Vicentin. ¿La defraudó la marcha atrás de la expropiación y la intervención?

-No, no me defraudó de ninguna manera. Creo que era lo que había que hacer. Entiendo que la intervención de la provincia de Santa Fe, del gobierno provincial a través de Omar Perotti planteando una propuesta superadora y del Presidente tomándola fue un aporte que se hizo. Y la intención del gobierno nacional y del provincial no fue constituir una expropiación como si se tratara de una bandera política o de un fin en sí mismo. Tanto en la intervención como en la eventual expropiación era una medida de salvataje de la empresa que en un concurso puede ir a la quiebra lo que significa la pérdida de 7.000 puestos de trabajo directos y 21.000 indirectos y el quiebre de la cadena de pagos con 2.600 acreedores. Además hay que incluir al sector de acopiadores, pequeños y medianos productores y al sector cooperativo. Frente a la imposibilidad de avanzar en cuanto al corrimiento de los directivos que no son todos (esto lo quiero aclara porque no todos los miembros de la empresa son los que están investigados en la Justicia), era obvio que si el Gobierno intervenía pidiera el corrimiento de los directivos que la llevaron a esa situación. Frente a la obturación del Poder Judicial para avanzar en la intervención la decisión del Presidente ha sido absolutamente razonable. Lo que hay que defender ahora son las acreencias que tiene el Estado Nacional tanto por vía del Banco Nación como de otros organismos que han sido afectados por el concurso.

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Política

Tensión en Unidos: seguridad, disputas de poder y el factor libertario detrás del cruce entre Pullaro y el socialismo

La traba legislativa para aprobar el nuevo paquete de reformas en seguridad expuso las diferencias internas entre los socios principales del oficialismo santafesino. Mientras la UCR cuestiona que el Partido Socialista ponga en duda el eje central de la gestión, en el PS advierten sobre intentos de disciplinamiento y miran con recelo los acercamientos de la Casa Gris con el Gobierno nacional.

Ailém Lazarte

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El trasfondo de un freno legislativo

La postergación en la Cámara de Diputados del paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro dejó al descubierto una discusión de fondo entre los dos socios mayoritarios de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. La resistencia del Partido Socialista (PS) a votar la iniciativa sin modificaciones sobrepasó el plano técnico-jurídico para instalar una disputa sobre la distribución del poder interno y el posicionamiento político con miras al escenario electoral de 2027.

Desde el radicalismo remarcan que cuestionar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo afecta el activo político de mayor impacto del Gobierno provincial. «Si el socialismo se quiere diferenciar con eje en la seguridad, le erra», evaluaron fuentes de la UCR. Por su parte, la dirigencia socialista rechaza esa premisa y apela al perfil propio de su espacio: «Somos un partido y hemos hecho un montón de aportes».

Cruce de versiones sobre la negociación

Las divergencias abarcan las atribuciones otorgadas a la Policía y a los fiscales, sumadas a reparos sobre los mecanismos de control, las garantías constitucionales y los derechos individuales. Sin embargo, el proceso de negociación previo a la sesión legislativa sumó tensiones metodológicas entre ambas bancadas:

  • La postura del Ejecutivo: Tras un encuentro convocado por los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni con legisladores de la coalición, en el PS interpretaron que la postura oficial se planteó como una exigencia de disciplinamiento bajo una lógica de poder para forzar la sanción rápida de la norma.

  • La versión radical: En el bloque legislativo de la UCR argumentan que la propuesta ingresó en mayo y que se elaboraron tres contrapropuestas con modificaciones para atenuar medidas y sumar mecanismos de resguardo. Asimismo, responsabilizan al socialismo por demorar los acuerdos a pesar del compromiso de tratamiento fijado para el 29 de octubre.

Dentro de la propia bancada oficialista coinciden en que el proyecto combina herramientas de utilidad práctica para la gestión diaria con definiciones orientadas al plano comunicacional e ideológico. Desde la óptica socialista, la urgencia por la norma busca reafirmar un perfil de máxima dureza contra el delito para disputar terreno discursivo con el electorado libertario.

Tensión en el recinto y la mirada sobre la Casa Rosada

El clima político tuvo su correlato en el recinto de la Cámara baja durante la jornada del jueves. La diputada socialista Lionella Cattalini instó a «calmarse» y hacer «un llamado a la reflexión», en respuesta a los reclamos de celeridad formulados por el senador Felipe Michlig y ante las declaraciones previas del gobernador Pullaro sobre la necesidad de evitar un «garantismo bobo» y avanzar en la renovación de la Corte Suprema provincial. Cattalini subrayó que las políticas públicas sostenibles en la provincia se construyeron históricamente mediante «la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos».

A la par del debate normativo, los gestos institucionales entre la Casa Gris y el Gobierno nacional incrementan la desconfianza en el sector socialista. La reciente coincidencia de Pullaro con funcionarios nacionales durante la Ronda de Negocios del RIGI realizada en La Fluvial y los contactos con la Secretaría General de la Presidencia alimentan especulaciones sobre un eventual entendimiento táctico de cara a futuros compromisos electorales.

Sectores del radicalismo no descartan la posibilidad de estructurar acuerdos de convivencia o pactos de no agresión política a nivel provincial y nacional con La Libertad Avanza, con eventuales articulaciones en distritos clave como Rosario, un escenario que para el socialismo marca un límite en la política de alianzas del espacio.

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Economía

El Gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027: superávit estimado, inflación del 18% y fuerte inversión en seguridad y obras

El ministro de Economía, Pablo Olivares, expuso los números centrales de la pauta financiera para el próximo año. Con un nivel de recursos de $18,8 billones y un gasto estimado de $16,4 billones, la provincia financiará el 93% de las obras públicas con ahorro corriente. Seguridad, Educación y Salud concentran las mayores partidas.

Ailém Lazarte

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Presentación oficial del proyecto

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó públicamente este viernes el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind. Se trata del último presupuesto que ejecutará la actual gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro, calificado por las autoridades como un esquema «equilibrado, con austeridad y eficiencia».

El diseño financiero toma como referencia los parámetros macroeconómicos fijados por el Gobierno nacional. La iniciativa proyecta ingresos totales por $18,8 billones y un nivel de gastos de $16,4 billones, lo que arroja un superávit corriente estimado en $2,27 billones. Este ahorro entre recursos y gastos corrientes permitirá financiar con fondos propios el 93% de las erogaciones de capital e infraestructura, fijadas en $2,45 billones.

Pautas macroeconómicas para el ejercicio 2027

Las estimaciones sobre las cuales se estructuró la norma contemplan los siguientes indicadores:

  • Inflación interanual (a diciembre de 2027): 18%.

  • Inflación promedio anual: 21,1%.

  • Crecimiento de la actividad económica: 4%.

  • Tipo de cambio oficial: $1.847,60 por dólar para el cierre del año.

Distribución de las partidas y áreas prioritarias

El proyecto mantiene como ejes centrales de la inversión provincial a las áreas de seguridad, educación, salud, obras públicas e infraestructura productiva. La asignación de recursos quedó definida con los siguientes montos:

  1. Educación, Cultura y Deporte: $3,98 billones.

  2. Seguridad: $2,34 billones (contempla políticas de seguridad pública y el plan de obras penitenciarias).

  3. Obras Públicas: $2,13 billones.

  4. Infraestructura Productiva: $1,92 billones.

  5. Salud: $1,80 billones.

Creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS)

Dentro de las medidas destacadas en la presentación, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. La norma dispone que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural sea volcado exclusivamente a obras e infraestructura de uso agropecuario, con un esquema de monitoreo conjunto con las entidades del sector.

Cumplimiento del crédito público y debate legislativo

En el capítulo financiero, el Ministerio de Economía detalló que desde el inicio del mandato en diciembre de 2023 hasta el 30 de octubre de 2026, la Provincia canceló compromisos de deuda por $338.844 millones. La proyección hacia la finalización de la gestión en diciembre de 2027 prevé un desendeudamiento total acumulado de $568.370 millones, habiendo utilizado únicamente el 37% de la capacidad de endeudamiento autorizada.

El texto del Presupuesto 2027 ingresará para su tratamiento parlamentario por la Cámara de Senadores. En forma paralela, el Poder Ejecutivo ultima la redacción del proyecto de Ley Tributaria junto a la Comisión de Análisis Tributario. Los funcionarios adelantaron que las alícuotas no sufrirán modificaciones, aunque se mantendrá la actualización de los impuestos de emisión provincial en línea con el índice inflacionario.

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Política

Por qué el pullarismo se convirtió en aliado clave del mileísmo para blindar el DNU 70/23

Al oficialismo le faltaba un voto para sacar el dictamen que repone la ley de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad a la ley de propiedad privada y apareció una firma santafesina

Ailém Lazarte

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La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.

El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.

La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:

  • Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.

  • Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.

Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.

Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.

De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.

Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.

El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.

En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.

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