Abogada, mediadora, peronista y alguna vez aspirante a gobernadora de la provincia de Santa Fe, deseo en el que que por ahora no se empeña, María de los Ángeles Sacnun es una de las senadoras más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Preside la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales que junto a la de Justicia y Legislación Penal, presidida por Oscar Parrilli, lleva adelante el debate sobre la reforma del Poder Judicial. Aunque el oficialismo tiene mayoría, la dimensión de la reforma obliga al consenso y también el freno que podría encontrar la iniciativa en Diputados. Después de las dos primeras audiencias, una con la ministra de Justicia Marcela Losardo y la siguiente con siete especialistas -cinco presentados por la oposición y dos por el oficialismo-, habló con Infobae sobre el plan del Frente de Todos.

-¿Se puede incorporar cambios al proyecto? ¿El oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones?

-Sí. Tal como lo dijo el Presidente cuando hizo la presentación del proyecto, queremos debatirlo y escuchar las distintas propuestas que existen en torno a una eventual reforma del proyecto. Por eso hemos tenido una actitud de absoluto acuerdo con la oposición en cuanto a garantizar que todos los expositores propuestos por el interbloque de Cambiemos en el Senado puedan hacer uso de la palabra, se aprobaron a todos los expositores. Estamos al aguardo de que nos hagan llegar las propuestas quienes fueron exponiendo, siempre y cuando esas propuestas no tiendan a sostener la concentración del poder o a vulnerar aquellos artículos que tienden a garantizar no solamente la independencia del Poder Judicial sino también la esencia del proyecto. Estamos al aguardo de las propuestas que quieran hacer tanto los expositores como el bloque de la oposición que vayan en la directriz trazada por el Presidente.

-La mayoría de los expositores hasta el momento coincidieron en la necesidad de la reforma, aunque no en la oportunidad o la forma…

-Se encauzó en ese sentido. Hay una coincidencia en torno a la reforma judicial. Y hay otra cuestión de coincidencias que es que desde el oficialismo no estamos planteando absolutamente nada que esté relacionado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso quedó despejado. Hubo sectores que empezaron a expresarse en torno a la Corte, al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Nada de eso está siendo tratado en este proyecto. La ministra de Justicia fue muy clara y muy contundente. En todo caso las sugerencias pueden provenir de lo que surja del consejo consultivo de asesores que diagramó el Presidente, pero no es lo que estamos discutiendo ahora.

-Varios constitucionalistas consideraron “enorme” la cantidad de nuevos juzgados que se crearán.

-Hay confusión con la fusión de los distintos fueros, lo están planteando de 12 a 46. También hay una fusión de fueros, el Contencioso Administrativo con el Civil y Comercial y por el otro lado el Penal con el Penal Económico.

-De todos modos habría 23 nuevos juzgados.

-Exactamente. Y se tomarían las 23 secretarías que ya existen y pasarían a esos 23 juzgados nuevos. Lo que creo es que hay que aguardar porque en siete minutos (NdR: el tiempo que se dio a cada disertante) fueron exposiciones que permiten definir el posicionamiento frente al proyecto, pero hay que aguardar cuáles son las reformas concretas que están planteando que obviamente las vamos a ver y a evaluar.

-Con todo respeto le pregunto, ¿es una apertura de verdad, realmente tendrán en cuenta las propuestas o, como ha reclamado la oposición, no aceptan cambios a los proyectos de ley?

-Estamos dispuestos a reverlo. Lo planteó la misma ministra el martes, dijo que el proyecto puede ser revisado y de hecho forma parte del tratamiento parlamentario. A veces no hay margen porque uno tiene la absoluta convicción de que cuando se plantea alguna reforma se desnaturaliza a un proyecto, pero si hablamos de cuestiones racionales que no tuercen el eje del proyecto estamos dispuestos a charlar. Lo dijo el Presidente, lo dijo la ministra y lo estamos diciendo nosotros.

-Entre los planteos varias veces se mencionó que se crearán más juzgados en el interior y que en cambio se necesitan más fiscalías.

-Hay algunas cuestiones que hay que señalarlas. Lo que estamos haciendo a través de la Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal es avanzar en esa aplicación del código acusatorio, que fue suspendido por un decreto de Mauricio Macri. Todos coinciden en que es positivo avanzar en el proceso acusatorio. Estamos consultando con nuestras provincias estas cuestiones, fundamentalmente en mi provincia que ya fue incorporada a la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Los juzgados son necesarios porque en el marco del proceso acusatorio se requiere poder contar con un juez que frente a un fiscal que inicia una investigación pueda rápidamente dar respuesta. En los juicios orales se requiere la presencia del juez, del fiscal y del defensor para llevar adelante el proceso acusatorio. La cantidad de juzgados la vamos a charlar, vamos a evaluar en función con su acople con el modelo acusatorio y también a tener en cuenta un planteo que nos están haciendo y que me parece que también es importante evaluar que es la cantidad de defensorías. Entiendo lógicamente que es menor la cantidad necesaria de defensorías porque se comparten entre defensa pública y privada. Los fiscales en cambio son todos públicos porque representan al Estado pero también es atendible ese planteo que están haciendo algunos integrante al Ministerio Público de la Defensa.

-Todo lo que están planteando y que están analizando parece que requeriría mucho tiempo de evaluación. ¿Van a tomarse tiempo para el debate? ¿Cuáles son los plazos que planea el oficialismo?

-Nosotros ya hicimos el listado completo de expositores, pero mientras los expositores se van presentando vamos avanzando, vamos trabajando y recibiendo las consideraciones que nos están haciendo. No dejamos a nadie afuera, en dos encuentros más de comisión vamos a estar agotando la lista completa de expositores y en el mientras tanto estamos trabajando con lo que nos están haciendo llegar.

-¿Por eso junto a la vicepresidenta Laura Rodríguez Machado (PRO) son estrictas en el uso del tiempo según se vio?

-Sí. Queremos que todos puedan hablar sin obturar el uso de la palabra. En ese sentido destaco la actitud de respeto del oficialismo y de la oposición, después tendremos el debate. El tema del tiempo lo acordamos con el interbloque de Cambiemos.

La reforma judicial comenzó a tratarse en el Senado (Gabriel Cano / Comunicación Senado)

-Al camarista Alberto Seijas, propuesto por la oposición, le dieron diez minutos, extra, más del doble que a cualquier otro.

-Sí. Porque me parecía que no correspondía en mi caso concretamente siendo una senadora del oficialismo coartarle el uso de la palabra cuando ya se había expresado públicamente en contra no de todo el proyecto, sino que como se vio tienen puntos en común. Pero no podía obturarlo en el uso de la palabra porque iba a parecer que le estaba quitando tiempo a alguien que se estaba oponiendo o planteando puntos en contra.

-¿Se sintió obligada después de los reclamos de la oposición? Esteban Bullrich, Martín Lousteau y Luis Naidenoff plantearon que se los silencia.

-Son dos situaciones diferentes. En el ámbito de la comisión uno trata de respetar el uso de la palabra, de expositores o de senadores y senadoras. En las sesiones fue un tema totalmente distinto. Ocurrieron planteos cuando estaba cerrado el debate después de sesiones de seis horas, siete horas, en las que todos habían podido hacer uso de la palabra y en ningún momentos se les coartó. Cuando se cierra el debate la bancada mayoritaria, según la práctica parlamentaria, o cuando se cerró la sesión, no hay lugar para habilitar la palabra. Y esto no es ahora por quien conduce el Senado, tiene que ver con un reglamento, con ser respetuosos, es una práctica parlamentaria.

-¿Cree que genera tensión Cristina Kirchner -que es quien preside la sesión-, que hay tensión con ella, o que es una estrategia opositora?

-No lo sé. Quizás se sienten afectados porque en el cierre de la bancada oficialista, el cierre de José Mayans (presidente del bloque del Frente de Todos), puede haber algún tipo de planteo de parte del senador que los haga sentir afectados y que quieran refutar eso. Pero se cerró el debate, el debate está cerrado. Es lo mismo que si después de que habla Luis Naidenoff (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio), en mi caso le pida la palabra para refutar lo que dice el senador. Hay que ser respetuosos de respetar las reglas de juego. Nunca se les ha obturado el uso de la palabra, siempre esos episodios se han dado cuando ya han tenido lugar los cierres e incluso cuando ya se ha votado.

-¿Qué opinión le merecen los planteos firmados tanto por los integrantes de la Cámara del Crimen como también de la Cámara Civil y Comercial en contra del proyecto de reforma?

-No me parece correcto, en todo caso lo que debieran hacer son los aportes que crean necesarios para mejorar el proyecto para buscar un proyecto superador. Ahora el juez Seijas dejó en claro que no hablaban de inconstitucionalidad. En otras oportunidades en las que quizás debieran haberse pronunciado porque estaba fuertemente afectada la independencia judicial o cuando hubo cuestionamientos muy fuertes sobre el contendido de fallos de los jueces no hemos visto ningún tipo de pronunciamiento como el que hemos visto ahora. En lo que ellos no estén de acuerdo tienen derecho a plantearlo, tienen derecho a hacerlo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner (CHARO LARISGOITIA / COMUNICACIÓN SENADO.)

-El planteo en general es que la reforma busca licuar el poder de los jueces de Comodoro Py y garantizar impunidad para la Vicepresidenta en las causas en las que se la investiga.

-Decir eso es no haber leído el proyecto. El proyecto de reforma judicial no interviene en lo más mínimo en las causas que están en trámite y en los jueces naturales.

-¿Usted me asegura que los jueces que investigan a Cristina Kirchner seguirán a cargo de las causas?

-Van a seguir adelante con sus causas, van a seguir adelante con sus investigaciones. La reforma no interviene ni genera ningún tipo de obturación en torno a la prosecución de esas causas. Es verdaderamente inaudito que se plantee. Lo plantearon antes de conocer el proyecto.

-El Presidente dijo que la Corte funciona mal. ¿Coincide?

-Totalmente. La Corte funciona mal, hay un mal funcionamiento de la Corte, lo vemos todos, pero no es lo que estamos discutiendo ahora. Es parte de lo que se ha planteado, por eso la necesidad de que haya un consejo consultivo, plural, con paridad de género, que pueda abordar esa problemática. La Corte sigue funcionando de manera anacrónica en algunos casos y esto tiene que ver con el funcionamiento, tal como lo ha planteado el Presidente. Es importante dividir las cosas y me parece que eso quedó despejado en la comisión. No estamos debatiendo la Corte ahora, en todo caso ese consejo consultivo dictaminará, hará un dictamen que no es vinculante y el Presidente evaluará con su ministra de Justicia y sus asesores algún eventual planteo sobre el funcionamiento de la Corte. Hay que optimizarlo y garantizar el acceso de justicia, esto forma parte de cómo fortalecemos al Estado de Derecho. Y está por encima de un gobierno, tiene que ver con una política de Estado.

-¿Hay que ampliar el número de integrantes de la Corte?

-Hay varios proyectos presentados en el Senado de la Nación en torno a la ampliación de los miembros de la Corte. La ampliación de por sí no subsana el funcionamiento, hacen falta una serie de medidas que requieren un análisis mucho más profundo. Creo que es muy simplista decir que la sola ampliación de la Corte va a solucionar absolutamente todos los problemas. Es un tema a debatir. La Corte de la República Argentina es la Corte más chica en cuanto a su número de miembros de Latinoamérica. En general el derecho y la evolución del derecho constitucional dan cuenta de que el derecho ha ido avanzando, tiene que haber una mayor especialización en sus distintas ramas. Hay que esperar al consejo consultivo y cómo va evolucionando. Pero no es el debate de hoy.

-Usted es santafesina y defendió la intervención de Vicentin. ¿La defraudó la marcha atrás de la expropiación y la intervención?

-No, no me defraudó de ninguna manera. Creo que era lo que había que hacer. Entiendo que la intervención de la provincia de Santa Fe, del gobierno provincial a través de Omar Perotti planteando una propuesta superadora y del Presidente tomándola fue un aporte que se hizo. Y la intención del gobierno nacional y del provincial no fue constituir una expropiación como si se tratara de una bandera política o de un fin en sí mismo. Tanto en la intervención como en la eventual expropiación era una medida de salvataje de la empresa que en un concurso puede ir a la quiebra lo que significa la pérdida de 7.000 puestos de trabajo directos y 21.000 indirectos y el quiebre de la cadena de pagos con 2.600 acreedores. Además hay que incluir al sector de acopiadores, pequeños y medianos productores y al sector cooperativo. Frente a la imposibilidad de avanzar en cuanto al corrimiento de los directivos que no son todos (esto lo quiero aclara porque no todos los miembros de la empresa son los que están investigados en la Justicia), era obvio que si el Gobierno intervenía pidiera el corrimiento de los directivos que la llevaron a esa situación. Frente a la obturación del Poder Judicial para avanzar en la intervención la decisión del Presidente ha sido absolutamente razonable. Lo que hay que defender ahora son las acreencias que tiene el Estado Nacional tanto por vía del Banco Nación como de otros organismos que han sido afectados por el concurso.