Un nuevo e impactante capítulo sumó una alta carga de tensión institucional alrededor de la Residencia Presidencial de Olivos. La diputada nacional Marcela Pagano afirmó públicamente que reunió testimonios de primera mano sobre presuntos hechos de acoso, violencia y abusos sexuales cometidos en el interior del predio oficial, y confirmó que se encuentra elaborando una presentación formal ante los tribunales del fuero penal federal.
En una entrevista concedida al programa La Voz en Vivo, la legisladora fue consultada de manera directa sobre si las irregularidades y situaciones de violencia a las que venía haciendo referencia en la residencia oficial estaban vinculadas explícitamente con agresiones de índole sexual. «Exactamente», ratificó Pagano. Acto seguido, la parlamentaria apuntó directamente contra el entorno que se desempeña en la quinta: “En Olivos hay gente que no entiende cuando una mujer dice que no. Hay algunos que incluso prestan servicio muy cerca del Presidente de la Nación que no lo entienden”.
Durante el reportaje, Pagano remarcó de forma enfática que conoce de primera mano la dinámica cotidiana dentro de la sede gubernamental: “Sé perfectamente lo que ocurre en el lugar en donde duerme el Presidente”. Sin embargo, justificó su decisión de no brindar identidades ni precisiones temporales sobre los episodios con el objetivo de preservar la integridad de quienes se acercaron a prestar declaración. “Quiero proteger a las víctimas. Hay personas con nombre y apellido que merecen un resguardo, que están asustadas, que ya dieron su relato y que han sufrido destrato, violencia y un acoso sistemático”, sostuvo.
Revelaciones, resguardo de víctimas y el marco de la investigación
Hasta la fecha, no se han difundido públicamente las identidades de las presuntas víctimas, los nombres de los acusados ni las circunstancias precisas en las que habrían ocurrido los hechos descritos. Por este motivo, las declaraciones de la legisladora se encuadran en imputaciones públicas pendientes de ratificación, investigación y eventual corroboración por parte de las autoridades judiciales correspondientes. Pagano insistió en que formalizará la denuncia en Comodoro Py una vez que las personas involucradas cuenten con los mecanismos de protección y resguardo legal necesarios para evitar posibles represalias.
Estas graves aseveraciones se producen en el marco de una escalada de denuncias y un distanciamiento absoluto de la diputada con la conducción del Gobierno nacional respecto de la administración y el funcionamiento de la Quinta de Olivos.
Previamente, la legisladora había impulsado presentaciones judiciales enfocadas en presuntas anomalías administrativas y de gestión presupuestaria:
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Uso de personal para eventos privados: Cuestionó la presunta utilización de empleados de la residencia oficial en actividades particulares. En este punto, difundió una póliza de seguro de marzo de 2024 emitida por la firma BBVA donde figuraba Javier Sosa —entonces encargado de la Quinta— dentro del personal de una empresa de catering vinculada a un evento realizado en el club GEBA, firma que luego obtuvo contrataciones con la Secretaría General de la Presidencia.
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Licitaciones de alimentos de gran escala: Denunció gastos desproporcionados en la adquisición de insumos para la Casa Rosada y Olivos, señalando de manera puntual un proceso licitatorio destinado a la compra de unas 29 toneladas de carne por un monto superior a los $500 millones.
La incorporación de las denuncias por agresiones sexuales eleva la controversia a un terreno estrictamente penal y de máxima gravedad institucional. La eventual radicación de la causa en la Justicia Federal permitirá determinar el alcance de los testimonios, la veracidad de las acusaciones, la validez de los elementos probatorios y las responsabilidades legales que pudieran corresponder a los involucrados.
