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Policiales

Piden 40 años de cárcel para un pastor evangélico que abusó de 7 niñas

Usó su autoridad religiosa para someter a niñas a su cuidado, entre 2012 y 2017. Cuando lo denunciaron escapó a Misiones, donde lo encontraron cuando fue a votar.

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Piden 40 años de cárcel para un pastor evangélico que abusó de 7 niñas

La fiscal penal santafesina Alejandra Del Río Ayala pidió una pena de 40 años de prisión para un pastor evangélico que abusó sexualmente de siete niñas y adolescentes en la capital provincial, y que fue detenido en 2019 en Misiones, adonde había escapado luego de saber que había denuncias en su contra.

El religioso hoy tiene 69 años y se llama Antonio A., más conocido como Hermano Tito en la congregación Pueblo de Dios, sobre la avenida Gorriti en Santa Fe. La acusación indica que abusaba de su posición de autoridad, «amenazaba a las víctimas y les decía que si no permitían los abusos quedarían encerradas, deberían hacer ayuno y dormir arrodilladas», entre otras calamidades.

Las víctimas, hasta donde se ha podido comprobar, son siete jóvenes que hasta 2017 estaban entre la niñez y la adolescencia.

La fiscal acusó al Hermano Tito de «abusar de las víctimas en un contexto religioso». En tal sentido, mencionó que “para llevar adelante su accionar delictivo, el hombre aprovechó su posición de poder como máxima autoridad de la sede de la congregación a la que pertenecían él y las personas abusadas”.

El pastor permaneció en Santa Fe hasta 2017, cuando se enteró que los padres de una de sus víctimas lo denunciaron ante la Justicia. Al enterarse que lo investigaban, abandonó el cargo y huyó a Misiones. La Policía lo apresó el 27 de octubre de 2019, cuando acudió a votar en Puerto Iguazú.

Del Río Ayala señaló que “los hechos ilícitos sucedieron entre 2012 y 2017”, y aclaró que “algunas de las víctimas comenzaron a ser abusadas cuando cursaban la escuela primaria, una mientras estaba en el jardín de infantes y las demás, durante su adolescencia”.

“En reiteradas oportunidades, el hombre vulneró la integridad sexual de las víctimas en un inmueble del norte de la ciudad en el que desarrolla sus actividades la iglesia evangélica”, aseguró la funcionaria del MPA. “En otras ocasiones, el acusado perpetró los delitos a bordo de un automóvil en el que trasladaba a las niñas y adolescentes”, añadió.

La fiscal planteó que “el hombre investigado amenazaba a las víctimas. Les decía que si no permitían los abusos o si hablaban con alguien sobre sus padecimientos, serían ‘suspendidas’, lo que implicaba que no podrían participar en actividades religiosas vinculadas al canto, a la danza, entre otras”.

Del Río Ayala también explicó que “las intimidaba diciéndoles que iba a encerrarlas en un pabellón donde tendrían que hacer ayuno y dormir arrodilladas”.

Por otro lado, afirmó que “en todo momento, el acusado comprendió el grave daño que su conducta ocasionaba en la salud física y psicológica de las personas agredidas”. Al respecto, destacó que “el accionar delictivo no sólo tuvo consecuencias negativas para las víctimas, sino también para sus familiares y otros integrantes de la comunidad religiosa”.

Los cargos son abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante; y abuso sexual simple”, todos agravados por ser ministro de culto.

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Argentina

Reabrirán una investigación a Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales

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Lo dispuso la Cámara Federal porteña tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La Cámara Federal porteña dispuso reabrir una investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner y ordenó un peritaje contable en una denuncia por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

Así se dio a conocer tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.

Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera “global” con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.

“Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, sostuvo Llorens, quien remarcó: “La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

“Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, concluyó el juez.

Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.

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Santa Fe: ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de reforma jubilatoria

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En el Senado evaluaban la posibilidad de tratarlo este jueves. Plantea, en esencia, una emergencia por dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles a la Legislatura el proyecto de reforma previsional. La propuesta incluye tres puntos principales: una emergencia de dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición. En el Senado evaluaban la posibilidad de tratar el proyecto este jueves.

Una de las principales medidas del proyecto es que los jubilados que reciban más de dos jubilaciones mínimas deberán realizar un aporte solidario progresivo del 2% sobre sus ingresos. Además, los funcionarios activos de los tres poderes deberán aumentar su aporte hasta un 21%.

Precedentes. Tras la labor de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma previsional –que concluyó el 31 de julio–, el gobierno provincial redactó el proyecto de reforma. Durante el análisis, se escucharon las opiniones de diversos sectores relacionados con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, incluyendo gremios e instituciones colegiadas.

Actualmente, la Caja enfrenta un déficit mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, que debe ser cubierto por Rentas Generales de la provincia. Este déficit se cubre con fondos provenientes de los contribuyentes privados, lo que representa una carga constante para el presupuesto provincial.

Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.

A principios de agosto, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la ANSES proporcionaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.

Demoras. El envío del proyecto a la Legislatura se retrasó debido a discrepancias sobre algunos aspectos del texto, principalmente en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres en el sistema previsional de Santa Fe.

Inicialmente, se esperaba que el proyecto fuera enviado la semana pasada, pero las diferencias entre funcionarios del Gobierno y legisladores del socialismo causaron demoras. El objetivo del gobierno es que el proyecto sea consensuado entre los partidos del oficialismo antes de su presentación en las cámaras legislativas.

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Múltiples allanamientos por los crímenes de los trabajadores ocurridos en el mes de marzo

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Estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó nuevos allanamientos en el marco de la nueva Ley de Microtráfico y de la investigación por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario.

Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los bunkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de estado antijurídico será el martes 23.

“Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la Legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz.

El pasado martes, en el Centro de Justicia Penal se realizó una audiencia imputativa por la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en el que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero.

En audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone les atribuyeron a Alejandro Isaías N. de 28 años, Brenda Natalí P., Gustavo Alejandro M. de 29 años, Macarena Solange M. de 28 años y Axel Uriel R. diversos delitos; solicitando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados.

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