Narcotráfico y extorsión tras las rejas

Una causa por microtráfico de drogas expuso el funcionamiento de una red criminal que operaba con total impunidad desde el interior de la cárcel de Piñero. Dos internos con pesado prontuario fueron imputados por regentear un búnker dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 11, comercializar estupefacientes a otros reclusos y extorsionar a sus familiares para cobrar las deudas generadas por el consumo.

La investigación salió a la luz tras una serie de denuncias de allegados a los presos, quienes informaron que recibían aprietes y reclamos de dinero por la droga vendida en el penal.

En una audiencia clave, la fiscal Brenda Debiasi imputó a los reclusos Ezequiel Rodolfo “Colo” Romero y Axel Ignacio Herrera, junto a Natalia G. y Yamila R., bajo los cargos de comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y por haber sido cometido dentro de un lugar de detención.

La jueza María de los Ángeles Granato dictó la prisión preventiva para los tres primeros y otorgó la libertad con reglas de conducta para Yamila R.

 El modus operandi: Embarazadas y acopio domiciliario

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la estructura funcionó al menos desde abril de 2026 hasta el pasado 12 de septiembre, fecha en que se concretaron las detenciones de las mujeres.

• Logística interna: Romero conseguía la droga, fijaba precios e indicaba los puntos de retiro. Luego daba instrucciones a su pareja, Natalia G., para acondicionarla e ingresarla al penal.

• Burlas a los controles: Para sortear los escáneres e inspecciones de ingreso a Piñero, la organización utilizaba a mujeres embarazadas en calidad de visitas.

• Cobro de deudas: Natalia G. y la madre de Herrera se encargaban de recolectar los pagos en la calle y apretar a las familias de los internos deudores.

• Allanamiento y secuestros: En el domicilio de Yamila R., ubicado en Cafferata al 3900, secuestraron 153 gramos de marihuana, una balanza de precisión y efectivo. En la vivienda de Natalia G., sobre Carlos Uriarte al 7700 (barrio Godoy), incautaron dosis de marihuana, anotaciones del negocio y otra balanza.

 El perfil de los acusados: El crimen del colectivero y la fuga de Piñero

La causa cobró mayor trascendencia por la peligrosidad de los dos internos imputados:

Axel Ignacio Herrera es el joven acusado de ser el autor material del homicidio del chofer de la línea K, Marcos Daloia, perpetrado el 7 de marzo de 2024 en Mendoza y Guatemala. Aquel ataque al voleo —en el que disparó dos veces al trabajador con una pistola calibre .380— conmocionó a Rosario y derivó en la muerte de Daloia tres días después en el HECA.

Herrera cayó detenido en julio de 2024 tras ser entregado con la mediación de un pastor evangélico; en la investigación previa trascendió que cometió el crimen a cambio de dinero para saldar, precisamente, una deuda por drogas.

Por su parte, Ezequiel “Colo” Romero acumula condenas por homicidio, asociación ilícita y por ser uno de los evadidos en la histórica fuga masiva de la cárcel de Piñero en 2021. Es señalado por la Justicia como un lugarteniente del esquema criminal de Claudio “Morocho” Mansilla.

El organismo nacional dispuso la prohibición en todo el país de un desinfectante de uso profesional de la marca Clean On y de tornillos de fijación identificados como Bio Asist – Implants. En este último caso, advirtió que se trata de dispositivos falsificados y manipulados que representan un “alto riesgo” para la salud de los pacientes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió dos nuevas disposiciones mediante las cuales prohibió la comercialización, distribución y uso en todo el territorio nacional de dos productos de uso sanitario tras detectar graves irregularidades operativas y de seguridad.

La primera medida recayó sobre un desinfectante de superficies de la marca Clean On de uso profesional. La investigación comenzó a raíz de denuncias por la venta de estos domisanitarios sin el debido registro oficial.

Durante las inspecciones, los técnicos constataron que el producto presentaba doble etiquetado no autorizado, información sobre microorganismos no presentada ante la autoridad sanitaria, ausencia de números de lote y fecha de vencimiento, y la vinculación a establecimientos que ya habían sido dados de baja. Ante la imposibilidad de garantizar su eficacia, calidad y seguridad, fue catalogado como producto ilegítimo y retirado del mercado.

Red de falsificación e implantes médicos vencidos

La segunda disposición se originó tras una inspección realizada en una ortopedia de la ciudad de San Juan, donde los fiscalizadores hallaron tornillos de fijación para implantes en seres humanos con fechas de vencimiento alteradas y en empaques manipulados.

Entre los casos más graves documentados por el organismo nacional se destacan:

• Reprogramación de vencimientos: Un tornillo de tenodesis fabricado en 2017 y vencido en noviembre de 2022 presentaba un segundo envoltorio con la marca Bio Asist – Implants que extendía falsamente su fecha límite de uso hasta marzo de 2028.

• Empaques falsificados y manipulación: Las empresas fabricantes originales confirmaron que varios de los lotes auditados habían sido manipulados por terceros, presentaban logos y códigos de barras apócrifos, y habían sido extraídos de sus envases de esterilización originales.

Al tratarse de dispositivos médicos de Clase de Riesgo III —diseñados para ser implantados en el cuerpo humano—, la Anmat advirtió que su uso bajo estas condiciones representa un riesgo crítico para la salud, por lo que dio intervención a su área de Asuntos Judiciales para radicar la denuncia penal correspondiente.