El fin del «corporativismo» en la mira

El Colegio de Abogados de Rosario abrió un nuevo frente de batalla institucional al exigir una reforma profunda e inmediata en los procesos de selección para cubrir los cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial de Santa Fe. A través de un duro documento, la entidad gremial denunció que las normativas vigentes crean una «desigualdad estructural» que favorece de forma desproporcionada a los empleados y funcionarios internos de los tribunales, impidiendo que los abogados matriculados independientes puedan competir en igualdad de condiciones.

El foco del reclamo está puesto en el concurso público actualmente en trámite para cubrir la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema, un puesto clave en el organigrama judicial. Según el Colegio, el reglamento actual reduce este proceso a una «simple promoción de carrera vertical interna» y a un «trámite administrativo de cooptación endógeno».

El choque con la nueva Constitución de 2025

El principal argumento jurídico de los abogados se basa en el nuevo mapa legal de la provincia. Sostienen que los criterios de ponderación de la Corte colisionan de frente con la Constitución de la Provincia de Santa Fe sancionada en 2025, la cual inauguró un cambio de paradigma irreversible en favor de la democratización, la transparencia y el acceso a la función pública.

Específicamente, el Colegio señala que la reglamentación arrastra una matriz cerrada que contradice los artículos 20 y 128 (inciso 5) del texto constitucional reformado.

“Un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido y es muy difícil de explicar de cara a la sociedad”, fustigaron desde la institución de la matrícula.

 Las «barreras insalvables» que denuncia el Colegio

En la presentación formal, se enumeran los puntos del actual Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios que consideran excluyentes para el profesional independiente:

• Antigüedad interna desproporcionada: Se asigna un puntaje automático que otorga ventaja a los empleados del sistema, sin importar el nivel académico o la solvencia técnica de los aspirantes externos.

• Bonificación por cargo: Un beneficio corporativo que achica el margen de competencia a una carrera vertical de los propios empleados de la Justicia.

• Rubros endogámicos: Se critica la reserva de puntajes base por factores de conducta interna como la «asistencia y puntualidad», sumado a la exclusividad de puntuar únicamente los cursos dictados por el Centro de Capacitación Judicial, anulando otras trayectorias válidas.

Pedido expreso a la Corte

Ante este escenario, el organismo que nuclea a los profesionales de Rosario formuló un pedido expreso y urgente a la Corte Suprema de Justicia santafesina para modificar integralmente el reglamento y adecuarlo formal y materialmente a las mandas de la carta magna provincial de 2026.

Asimismo, como medida inmediata para no viciar el proceso en marcha, solicitaron la extensión del plazo de inscripción vigente para el llamado a concurso de la estratégica Secretaría de Gobierno, con el fin de garantizar un proceso verdaderamente abierto, legítimo y de cara a los estándares de la concurrencia republicana.

Marcha y desesperación en Capitán Bermúdez

La comunidad de Capitán Bermúdez se movilizó de manera masiva para exigir la inmediata aparición de Gastón Daniel Montenegro, el joven de 25 años que falta de su hogar desde el pasado viernes por la noche. Durante la manifestación, Carina, la madre del muchacho, lanzó una gravísima denuncia pública que reorientó por completo los focos de la investigación judicial: aseguró que su hijo fue secuestrado de forma violenta por una organización criminal que opera en la región.

“A punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron lo que pasó. Después se buscaron cámaras y se pudo ver el momento exacto en que se lo llevaban”, expresó la mujer con profunda angustia, detallando que el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 del sábado cuando Gastón caminaba de regreso a su vivienda de calle San Salvador al 300. Según su testimonio, los captores encañonaron al joven, lo obligaron a subir al vehículo y amenazaron de muerte a otro chico que lo acompañaba en ese momento.

Datos clave para aportar información:

La Fiscalía Regional 2 difundió de forma urgente el pedido de paradero con las características del joven:

• Fisonomía: Mide 1,75 metros de estatura y posee tatuajes visibles en el pecho, el cuello y la mano derecha.

• Vestimenta: Al momento de su desaparición vestía un jean beige, zapatillas beige con detalles en naranja y amarillo, un buzo y una campera inflable de color negro.

Cinco allanamientos y el rastro de una banda narco

La hipótesis del secuestro y la declaración de testigos clave motivaron una serie de procedimientos urgentes coordinados por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron de forma simultánea en cinco domicilios: dos en Capitán Bermúdez, dos en Fray Luis Beltrán y uno en Timbúes.

Los operativos arrojaron como resultado la detención de cuatro presuntos narcotraficantes y el secuestro de un arsenal de elementos vinculados al delito menor:

• Una pistola calibre 9 mm con 25 municiones del mismo calibre.

• 325 dosis de LSD y una botella de éter sulfúrico.

• Ocho teléfonos celulares, una tablet y documentación considerada de vital interés para determinar el paradero de Montenegro.

El nexo con una megacausa federal

Las autoridades confirmaron que esta línea investigativa es la continuación directa de un megaoperativo federal iniciado en noviembre de 2025. En aquella oportunidad, la Procunar y el Ministerio Público Fiscal desarticularon una importante célula que transportaba cocaína de origen boliviano desde el norte del país para su fraccionamiento y venta al menudeo en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución, procedimiento que terminó con 13 detenidos y el decomiso de 50 kilos de máxima pureza.

La principal hipótesis de los pesquisas de la justicia federal es que uno de los actuales investigados por el secuestro de Gastón Montenegro forma parte de los eslabones remanentes de esa violenta estructura narco regional.

Giro judicial por el siniestro del Peugeot 208

La conmoción pública por el brutal vuelco fatal ocurrido el pasado sábado en las inmediaciones de Casilda sumó un capítulo judicial determinante. Este jueves por la mañana, la jueza penal de la causa, Mariel Minetti, dictó una prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses para Fausto Giordano, el joven imputado por conducir el Peugeot 208 en el que viajaban cinco personas y que terminó desatando una tragedia de dimensiones históricas para la región.

El dictamen judicial se basó en los severos cargos presentados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Ehret, quien investiga las causales del despiste en el que perdieron la vida cuatro de los ocupantes del vehículo, mientras que un quinto pasajero permanece internado luchando por su vida en estado crítico.

Alcoholemia positiva y la estrategia defensiva

Entre las pruebas más contundentes arrastradas al expediente judicial en las últimas horas, la fiscalía confirmó que los exámenes toxicológicos de laboratorio determinaron que Giordano conducía con un grado positivo de alcoholemia en sangre al momento del impacto fatal del sábado, un factor agravante central para sostener la acusación formal.

Sin embargo, la audiencia de imputación sumó una sorpresiva y polémica contrahipótesis de último momento por parte de la defensa técnica del muchacho:

El planteo de la defensa: El abogado defensor de Giordano rechazó de plano la imputación del fiscal Ehret y sembró la duda sobre la autoría del hecho ante el tribunal, planteando formalmente que no era su cliente quien verdaderamente venía manejando el Peugeot 208 durante los minutos previos al fatal desenlace.

Cuatro meses para dilucidar la autoría Pese al intento de la defensa por desligar al sospechoso, la jueza Minetti avaló la evidencia inicial presentada por la fiscalía respecto a la presunción del control del rodado y consideró oportuno el dictado de la prisión preventiva de cuatro meses.

Este período será considerado clave para que los peritos mecánicos, de accidentología vial y forenses del MPA puedan procesar los peritajes del habitáculo del automóvil, el análisis de las huellas de impacto y las declaraciones de testigos de cara a ratificar de forma definitiva quién comandaba el vehículo al momento del vuelco.