La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe resolvió postergar el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir de forma definitiva la actividad de los cuidacoches en todo el territorio santafesino. A pesar de que la iniciativa —impulsada originalmente por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas— avanzaba a paso firme tras obtener media sanción en la Cámara Alta, el bloque oficialista optó por abrir un compás de espera. El expediente regresó a un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, donde los legisladores recibirán formalmente a las autoridades de la Iglesia Católica antes de emitir un dictamen definitivo.

El freno en el recinto parlamentario estuvo directamente condicionado por la fuerte presión política y social ejercida desde el ámbito eclesiástico. En las últimas horas, la Pastoral Social y el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, mantuvieron un encuentro con un grupo de trabajadores informales y difundieron un crítico documento que impactó de lleno en la Legislatura. Desde la arquidiócesis local manifestaron que penalizar la actividad implicaría «una forma de criminalización de la ayuda social» y advirtieron que la prohibición total empujaría a estas familias a una mayor marginalidad. En su lugar, el sector religioso propuso crear un registro oficial de «trapitos» para ordenar el servicio y diferenciar la necesidad económica legítima de las mafias extorsivas que operan en estadios o espectáculos masivos.

A la par del factor social, la discusión puertas adentro de la Cámara Baja sumó objeciones técnicas de índole operativa y judicial. Diversos legisladores del oficialismo manifestaron reparos en torno a la aplicación efectiva de la norma en caso de ser sancionada. El punto de conflicto radica en definir qué órganos estatales ejercerán el control contravencional, ya que los borradores iniciales planteaban sanciones de arresto y tareas comunitarias. En ese sentido, diputados de la coalición Unidos advirtieron que delegar el juzgamiento de estas faltas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) podría generar un colapso en un fuero penal que ya se encuentra sobrecargado de expedientes complejos, insistiendo en que el control debe recaer exclusivamente sobre las estructuras de control urbano de cada municipio.

De acuerdo con el nuevo cronograma establecido en el Palacio Legislativo, la convocatoria formal con los representantes del Arzobispado y otros sectores involucrados se llevará a cabo a principios de junio. El objetivo de las tres comisiones intervinientes es escuchar las diferentes propuestas alternativas para pulir la letra chica del proyecto y unificar un borrador de despacho. Con este aplazamiento estratégico, el oficialismo apunta a desactivar las diferencias internas y a construir consensos sólidos de cara a la votación general, estimando que el proyecto de ley podría bajar nuevamente al recinto para su aprobación definitiva en las próximas semanas.

El severo impacto de la crisis económica sobre las clases pasivas sumó un indicador alarmante en la ciudad de Rosario. Un informe elaborado por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad reveló que, en un lapso de apenas ocho meses, 721 jubilados y pensionados formularon pedidos formales para ser eximidos del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI). El relevamiento oficial fue enviado al Concejo Municipal luego de que los legisladores locales solicitaran precisiones para evaluar el alcance de las políticas de asistencia en el actual contexto social.

De acuerdo con el desglose del estado de las gestiones provisto por el Ejecutivo, un total de 457 exenciones ya fueron aprobadas de manera efectiva, mientras que 102 resultaron rechazadas por no cumplir con las normativas vigentes. Las carpetas restantes se encuentran todavía bajo análisis técnico y administrativo. Desde las áreas técnicas del Palacio de los Leones señalaron que el volumen de nuevas solicitudes recibidas durante este período corto provocó un crecimiento del 10% en el padrón global de adultos mayores exceptuados de abonar el tributo municipal.

Ante el persistente deterioro de los haberes frente a la inflación, el municipio flexibilizó parcialmente los requisitos de acceso para agilizar el trámite. Actualmente, para gozar del beneficio como propietarios de una única vivienda familiar, los requirentes no deben percibir ingresos superiores a dos haberes mínimos, un tope que se extiende a tres haberes mínimos en el caso de aquellos jubilados que revistan la condición de inquilinos o comodatarios y deban hacerse cargo del pago contractual de la tasa.

Las autoridades recordaron que las solicitudes pueden canalizarse de manera presencial en las Oficinas de Finanzas de cualquiera de los Centros Municipales de Distrito (CMD) o a través de la Dirección Técnico Tributaria y Exenciones, ubicada en el Edificio Aduana. Asimismo, habilitaron canales digitales mediante el correo electrónico oficial del área y una plataforma de gestión web con clave fiscal para evitar traslados innecesarios a la población de riesgo.