Presentación diplomática y legal

El Gobierno argentino presentó este martes un pedido formal de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de paralizar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado de manera unilateral por el Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La medida fue oficializada a través de un comunicado firmado por el presidente Javier Milei. El planteo busca que el tribunal internacional, con sede en Hamburgo (Alemania), intervenga de forma urgente mientras se constituye formalmente el tribunal arbitral encargado de evaluar el conflicto de fondo.

«La solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas», precisó el comunicado de Presidencia.

Vencimiento del ultimátum y antecedentes

La acción ante el tribunal internacional constituye la continuidad de la estrategia legal iniciada el pasado 28 de septiembre, fecha en la que la administración nacional anunció su decisión de recurrir a un arbitraje internacional para objetar la explotación hidrocarburífera.

En aquella instancia, la Cancillería argentina otorgó al Gobierno británico un plazo de dos semanas para suspender toda actividad vinculada a la Cuenca Malvinas Norte. El ultimátum caducó el lunes 12 de octubre sin respuestas favorables por parte de Londres, que sostiene que los permisos otorgados por las autoridades del archipiélago se encuadran en el derecho internacional.

La representación legal argentina fundamentó el pedido en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mecanismo que faculta al tribunal a dictar medidas cautelares para prevenir un menoscabo grave a los derechos de las partes o evitar daños al medio marino.

Las claves del proyecto Sea Lion

El yacimiento hidrocarburífero se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a aproximadamente 220 kilómetros de las islas:

• Consorcio operador: Está integrado por la firma israelí Navitas Petroleum (propietaria del 65% de la iniciativa) y la británica Rockhopper Exploration (poseedora del 35% restante).

• Inversiones y plazos: Tras su descubrimiento en 2010 y una prolongada etapa de inactividad, a fines de 2025 las firmas decidieron reactivar los desembolsos. Recientemente, Rockhopper comprometió 44 millones de dólares para infraestructura flotante.

• Cronograma de extracción: Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027, mientras que la producción comercial estimaba iniciarse en el primer trimestre de 2028.

El Tribunal del Mar deberá resolver en los próximos días si da lugar a la solicitud de medidas preventivas presentadas por la Argentina, cuyas definiciones tendrán carácter obligatorio para las partes en conflicto.

Un nuevo e impactante capítulo sumó una alta carga de tensión institucional alrededor de la Residencia Presidencial de Olivos. La diputada nacional Marcela Pagano afirmó públicamente que reunió testimonios de primera mano sobre presuntos hechos de acoso, violencia y abusos sexuales cometidos en el interior del predio oficial, y confirmó que se encuentra elaborando una presentación formal ante los tribunales del fuero penal federal.

En una entrevista concedida al programa La Voz en Vivo, la legisladora fue consultada de manera directa sobre si las irregularidades y situaciones de violencia a las que venía haciendo referencia en la residencia oficial estaban vinculadas explícitamente con agresiones de índole sexual. «Exactamente», ratificó Pagano. Acto seguido, la parlamentaria apuntó directamente contra el entorno que se desempeña en la quinta: “En Olivos hay gente que no entiende cuando una mujer dice que no. Hay algunos que incluso prestan servicio muy cerca del Presidente de la Nación que no lo entienden”.

Durante el reportaje, Pagano remarcó de forma enfática que conoce de primera mano la dinámica cotidiana dentro de la sede gubernamental: “Sé perfectamente lo que ocurre en el lugar en donde duerme el Presidente”. Sin embargo, justificó su decisión de no brindar identidades ni precisiones temporales sobre los episodios con el objetivo de preservar la integridad de quienes se acercaron a prestar declaración. “Quiero proteger a las víctimas. Hay personas con nombre y apellido que merecen un resguardo, que están asustadas, que ya dieron su relato y que han sufrido destrato, violencia y un acoso sistemático”, sostuvo.

Revelaciones, resguardo de víctimas y el marco de la investigación

Hasta la fecha, no se han difundido públicamente las identidades de las presuntas víctimas, los nombres de los acusados ni las circunstancias precisas en las que habrían ocurrido los hechos descritos. Por este motivo, las declaraciones de la legisladora se encuadran en imputaciones públicas pendientes de ratificación, investigación y eventual corroboración por parte de las autoridades judiciales correspondientes. Pagano insistió en que formalizará la denuncia en Comodoro Py una vez que las personas involucradas cuenten con los mecanismos de protección y resguardo legal necesarios para evitar posibles represalias.

Estas graves aseveraciones se producen en el marco de una escalada de denuncias y un distanciamiento absoluto de la diputada con la conducción del Gobierno nacional respecto de la administración y el funcionamiento de la Quinta de Olivos.

Previamente, la legisladora había impulsado presentaciones judiciales enfocadas en presuntas anomalías administrativas y de gestión presupuestaria:

• Uso de personal para eventos privados: Cuestionó la presunta utilización de empleados de la residencia oficial en actividades particulares. En este punto, difundió una póliza de seguro de marzo de 2024 emitida por la firma BBVA donde figuraba Javier Sosa —entonces encargado de la Quinta— dentro del personal de una empresa de catering vinculada a un evento realizado en el club GEBA, firma que luego obtuvo contrataciones con la Secretaría General de la Presidencia.

• Licitaciones de alimentos de gran escala: Denunció gastos desproporcionados en la adquisición de insumos para la Casa Rosada y Olivos, señalando de manera puntual un proceso licitatorio destinado a la compra de unas 29 toneladas de carne por un monto superior a los $500 millones.

La incorporación de las denuncias por agresiones sexuales eleva la controversia a un terreno estrictamente penal y de máxima gravedad institucional. La eventual radicación de la causa en la Justicia Federal permitirá determinar el alcance de los testimonios, la veracidad de las acusaciones, la validez de los elementos probatorios y las responsabilidades legales que pudieran corresponder a los involucrados.