El radicalismo PRO, los legisladores que denunciaron a Alberto Fernández y los empresarios que pusieron el grito en el cielo no plantearon alternativas que rescaten al grupo Vicentin, paguen su deuda con el Banco Nación y la AFIP, paguen sus deudas con 2500 productores de Córdoba y Santa Fe, eviten la transnacionalización o el desguace de la empresa y mantengan las fuentes de trabajo. Pero demonizan la decisión del Gobierno que es la única que cumple esas condiciones. Si fueran honestos, deberían decir que aceptan el desguace y los despidos y que quieren que las deudas las pague Magoya, que viene a ser el Gobierno.
La expropiación de Vicentin no es ideológica para un Gobierno, que es lo que menos hubiera deseado. Ni siquiera forma parte de la oleada de estatizaciones que se producen en el mundo como consecuencia de la crisis pandémica.
En el Frente de Todos no estaba en discusión la expropiación de ninguna empresa y menos de semejante monstruo. La negociación de la deuda externa impagable que dejó el gobierno macrista postergó los debates sobre otros aspectos de la economía. Lo que menos hubiera deseado es verse en la obligación de expropiar una de las empresas más grandes del país en medio de una negociación que se articula con respaldos internacionales que no tienen simpatía por estas medidas.
Los planteos que tratan de ideologizar la medida extrema que tomó el Gobierno no tienen sustento. Pero es evidente que la decisión tensiona grandes intereses que intervienen en los negocios de Vicentin o tienen deudas con el Estado en condiciones similares. Y como no pueden reconocer que lo hacen por interés, acuden a una especie de macarteada ideológica: “vamos a ser Venezuela”.
Ni siquiera se trata sólo del “rescate” de una empresa nacional, que de por sí lo ameritaría. Sino que se trata también del “rescate” del Banco Nación, que no puede tener una deuda impaga que ascienda a la tercera parte de sus beneficios. Esa deuda impaga pone el Banco al borde de la quiebra. El Nación es el mayor acreedor por lejos con relación a otros bancos: 300 millones de dólares. Y AFIP (150 millones de dólares) es el segundo en esa categoría. O sea, el Estado, la sociedad, nosotros, los argentinos, pierden-perdemos mucho dinero si el Estado no expropia.
Hasta ahora las otras salidas implican trasnacionalización o desguace. Lo cual implica además despidos en masa. Y ninguna puede contemplar el pago de las deudas, lo cual implica la quiebra de miles de productores rurales y un agujero considerable en las finanzas públicas ya en crisis. Los planteos opositores y empresarios no tienen salida concreta y sólo tratan de hacer esta campaña ideológica como guerra de desgaste.
El endeudamiento de Vicentin está plagado de irregularidades. Cerca de 100 millones de dólares fueron prestados por el Nación entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, después que Mauricio Macri perdiera las elecciones. Fueron 26 operaciones por las cuales el Banco prestó 95,5 millones de dólares. La empresa ya estaba en cesación de pagos. Y cuando terminó de recibir los préstamos, se declaró en concurso de acreedores, o sea en quiebra.
Le daban esa fortuna inmensa a quien no estaba pagando sus deudas, cosa que lógicamente, no hace nadie, y menos un banco. Esa deuda sería imposible de cobrar. Pero como cambiaba el gobierno, le dejaban el muerto al que venía. La operatoria es irregular a dos bandas, por parte de las autoridades del Banco de esa época, cuando lo presidía Javier González Fraga, y por parte de los empresarios de Vicentin.
Como sucede con las quiebras en situación de crisis, los compradores privados que se insinuaron buscan una pichincha. No van a pagar demasiado por una megaempresa con semejante agujero en las cuentas. La jugada es comprar por migajas y después vender por partes y aprovechar todo lo que se pueda la desidia estatal para diluir esa deuda.
Como dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: “El Presidente está abierto a todas las propuestas”. Si es que surge alguna que cumpla las condiciones necesarias.
Con la expropiación, el Estado no reembolsa el dinero que prestó, ni el que le deben a la AFIP, pero lo recupera a través de un activo que además es productivo y puede cumplir un papel estratégico en la economía como empresa testigo en el mercado de una actividad tan sensible como es la producción, comercialización y exportación de alimentos.
La demostración de que ni la empresa ni el Gobierno tenían demasiado margen para hacer otra cosa es que cuando el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, pidió la entrevista con el Presidente, Alberto Fernández puso como condición que los gerentes y la plana mayor de la empresa aceptaran la intervención. El Gobierno quería impedir el éxodo de los cuadros medios que conocen el funcionamiento del negocio.
La reunión se realizó en ese marco. El sueño del empresario en problemas es sumar al Estado como el socio bobo que pone la plata pero no interviene en las decisiones. Así sucedía con las AFJP. Es la idea subyacente en la oposición a la expropiación y fue la que planteó Nardelli y rechazó Fernández.
Los dueños de Vicentin no tienen buena imagen en el mundo empresario. Y en Santa Fe, la reacción contra la intervención se focalizó en Avellaneda, donde están las oficinas principales de la empresa. Pero en el resto de la provincia, la intervención no es mal vista y los trabajadores la respaldan.
La medida se prestó a la consabida campaña de versiones de las corporaciones mediáticas, desde supuestas críticas a la expropiación por parte de veinte embajadores que rápidamente lo desmintieron, hasta anuncios de acuerdos que evitaban la expropiación, que también fueron desmentidos. Lo más simpático: Clarín publicó un extenso artículo con declaraciones de su viejo archienemigo público, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que critica la expropiación.
Aparecieron Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde para advertir y aconsejar. Y no faltaron analistas que vieron en la expropiación un avance del “cristinismo” sobre el “albertismo”. Las organizaciones rurales se dividieron: CRA y SRA en contra. Coninagro más o menos y Federación Agraria respaldó la medida.
Desde 2015, Vicentin aportó unos 50 millones de pesos a las campañas de Mauricio Macri y fue el principal sostén de las campañas de Miguel del Sel en Santa Fe. Es un dato que puede indicar favoritismo en la concesión de préstamos tan irregulares, por lo cual la oposición no lo menea demasiado. Pero también podría indicar animosidad en la decisión de expropiar. Ni el favoritismo de unos o la animosidad de otros fue determinante en una decisión que resulta molesta (por el momento en que debe concretarse) y obligatoria (por el volumen de la deuda) para unos y otros.
La decisión de intervenir antes de expropiar tiene figuras legales que la respaldan y el motivo es obvio. La intervención es inmediata mientras que la expropiación sufrirá las demoras de un debate arduo en el Congreso. En ese lapso pueden pasar muchas cosas. La gestión de la megaempresa se realizará en función de la documentación que se encuentre y en dos o tres semanas puede desaparecer y borrarse gran cantidad de datos sobre las operatorias.
Hay una biblioteca de leyes para fundamentar la intervención y la expropiación. El ataque a la propiedad no lo protagonizó el Gobierno, sino la empresa que no pagó sus deudas y se quedó con bienes de sus proveedores.
De todos modos habrá una fuerte campaña mediática y política contra el Gobierno y se pretenderá judicializar el conflicto. La prueba de fuego para el oficialismo estará en la solidez de sus propias filas y las alianzas y en su capacidad de comunicar. En estas situaciones desaparecen los campos intermedios y el que afloja, pierde.
Nunca deja de sorprender la forma en que una campaña mediática de confusión y verdades a medias puede dar como resultado ignorancia y bajísimo nivel de ciudadanía. La consigna en CABA el miércoles para convocar al caceroleo contra la expropiación fue “defendamos lo nuestro”.
No hay nada más nuestro, en ese caso, que el Banco Nación, que es el perjudicado por esa acción. Pero en esa consigna es al revés: lo público es “lo ajeno” y lo privado es “lo nuestro”. Es una forma grave de enajenación.
